Ceuta es España y nadie lo pone en duda. La extrema derecha invade las manifestaciones y oscurece lo que debe ser el principio democrático de la libertad de expresión.
Hay algo profundamente contradictorio en una multitud que sale a la calle para decir que defiende España y termina atacando a quienes viven, trabajan o simplemente informan dentro de ella. Ceuta es España. Su pertenencia al Estado español no necesita de gritos, golpes ni cordones policiales para existir. Mucho menos necesita que alguien decida, a empujones, quién tiene derecho a contar lo que sucede.
Las movilizaciones del 2 de septiembre nacieron de una preocupación real. Miles de personas salieron en Ceuta y en numerosas ciudades españolas para reclamar respuestas ante una crisis migratoria que ha alterado profundamente la vida de la ciudad autónoma. En Ceuta, alrededor de 20.000 personas participaron en una marcha que transcurrió de manera pacífica, con banderas españolas y ceutíes y reivindicaciones dirigidas al Gobierno.
Pero Madrid mostró la otra cara. La concentración frente al Congreso, convocada bajo el lema «Ceuta nos une», acabó con cuatro detenidos y cuatro policías heridos después del lanzamiento de objetos y la intervención policial. Entre los participantes se identificó a miembros de Núcleo Nacional y se escucharon consignas abiertamente racistas. Antes de los disturbios, periodistas de La Sexta y TVE fueron increpados y agredidos, hasta el punto de que la Policía tuvo que intervenir para protegerlos.
Ahí está el problema.
Manifestarse es democrático. Defender Ceuta es legítimo. Criticar al Gobierno también. Agredir a un periodista no lo es.
Y no se trata de una anécdota aislada. Durante las semanas anteriores, periodistas que cubrían la crisis en Ceuta ya habían sufrido insultos, amenazas, empujones y agresiones. Reporteros de La Sexta llegaron a ser rodeados durante una protesta y un profesional tuvo que ser protegido por agentes. Reporteros Sin Fronteras España denunció el 2 de septiembre un escenario de violencia creciente contra periodistas y reclamó garantías para el ejercicio de la información.
La paradoja resulta casi demasiado perfecta: quienes dicen defender la nación terminan intentando impedir que una parte de esa misma nación pueda conocer lo que ocurre.
Barcelona ofreció una escena distinta, pero igualmente reveladora. La plaza Sant Jaume quedó dividida por un amplio dispositivo de los Mossos d’Esquadra. A un lado, la concentración de apoyo a Ceuta, con presencia de PP, Vox y miembros de Núcleo Nacional; al otro, una movilización antirracista. Hubo insultos, tensión y agresiones entre participantes de ambos espacios. No todos los asistentes a la concentración por Ceuta eran ultras ni todos participaron en los incidentes. Precisamente por eso es necesario distinguir entre ciudadanía movilizada, partidos políticos y grupos extremistas.
Esa distinción importa porque una democracia no puede funcionar mediante la lógica de la turba. Cuando una minoría organizada consigue que una protesta legítima sea recordada por los gritos racistas, las amenazas o la violencia, no solamente perjudica al adversario político: perjudica también a quienes acudieron pacíficamente a defender su causa.
Y aquí aparece la instrumentalización política.
Una cuestión que podría haber servido para expresar solidaridad con una ciudad española sometida a una situación excepcional terminó convertida, en distintos lugares, en un escenario de confrontación contra Pedro Sánchez, contra los inmigrantes y, en algunos casos, contra la propia prensa. En Madrid, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal compartieron escenario político en una movilización multitudinaria; en Barcelona, PP y Vox participaron en una concentración que convivió con la presencia de organizaciones ultras.
La bandera puede unir. La apropiación partidista de la bandera puede dividir.
España ya aprendió, con enorme coste histórico, que la convivencia no consiste en que todos piensen igual. Consiste precisamente en que puedan pensar diferente sin tener que protegerse físicamente para hacerlo. Las generaciones que construyeron la democracia no lo hicieron para sustituir una imposición por otra, sino para que la discrepancia dejara de resolverse mediante la fuerza.
Por eso los cuerpos de seguridad tienen una función que trasciende cualquier discusión partidista: garantizar que quien quiera manifestarse pueda hacerlo, que quien quiera marcharse pueda marcharse, que los ciudadanos estén protegidos y que los periodistas puedan trabajar. En Madrid, la Policía tuvo que emplear material antidisturbios después de los ataques contra los agentes y dispersar a los grupos ultras.
La pregunta final no debería ser quién gritó más fuerte.
Debería ser qué país queremos entregar a nuestros hijos y nietos.
Uno en el que una bandera permita convivir a quien piensa diferente. O uno en el que una turba decida quién merece hablar, quién puede informar y quién debe callarse.
Ceuta es España. Nadie necesita demostrarlo golpeando a otro español.
Porque cuando la turba vence a la convivencia, no vence España. Pierde la democracia.
