Contratos de emergencia en Ceuta por más de 5,7 millones de euros para habilitar espacios de acogida de menores han sido adjudicados a empresas vinculadas a familiares directos de cargos de confianza del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.
Contratos de emergencia en Ceuta bajo escrutinio público
La gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha abierto un nuevo frente de fiscalización política y administrativa tras la publicación de dos adjudicaciones millonarias formalizadas por la Ciudad Autónoma para la adecuación y equipamiento de espacios destinados a la acogida de menores. Las contrataciones, tramitadas por la vía de emergencia, suman más de 5,7 millones de euros y fueron formalizadas el 27 de agosto de 2026.
La información, publicada por elDiario.es, señala que los contratos fueron adjudicados sin publicidad previa a empresas relacionadas con familiares directos de cargos de confianza del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. El Gobierno de Ceuta, por su parte, defiende que la tramitación se realizó al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite acudir a la contratación de emergencia cuando una situación excepcional exige una actuación inmediata por parte de la Administración.
El primer contrato, por importe de 3.267.698,08 euros, corresponde a obras de adecuación y habitabilidad de espacios de acogida de menores motivadas por la situación generada tras la entrada masiva de personas migrantes procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio de 2026. La adjudicataria fue Absercon, empresa cuyo propietario y administrador único, según la información publicada, es Bartolomé Sánchez-París Contreras.
La investigación vincula a Sánchez-París Contreras con el entorno próximo del presidente ceutí a través de su hermano, Javier Sánchez-París Contreras, que ocupa un puesto de asesor en el Gobierno autonómico como secretario administrativo de Presidencia. La misma información señala también la relación familiar con Francisco Sánchez París, exjefe de gabinete de Vivas en la Asamblea de Ceuta entre 2006 y 2011.
Segundo contrato para equipamiento de espacios de acogida
El segundo contrato, por importe de 2.483.175 euros, fue adjudicado a Ferretería Doncel para el suministro de mobiliario, complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos y productos de limpieza destinados a los espacios de acogida de menores. También fue formalizado el 27 de agosto y, de acuerdo con la investigación, sin anuncio previo de licitación.
ElDiario.es identifica como responsable del comercio a Manuel Jesús Doncel de Luna, primo hermano de Juan Manuel Doncel, presidente del Puerto de Ceuta y figura estrechamente ligada a la trayectoria política de Juan Jesús Vivas. Doncel fue nombrado consejero de Fomento en 2008, ejerció posteriormente como jefe de gabinete del presidente ceutí y fue designado en 2019 presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
El elemento central de la controversia no es únicamente el uso de la contratación de emergencia, previsto legalmente para situaciones excepcionales, sino la combinación de tres factores: la ausencia de concurrencia pública ordinaria, el elevado importe de las adjudicaciones y los vínculos familiares de los adjudicatarios con personas situadas en el entorno político más próximo al presidente de la Ciudad Autónoma.
La Ciudad Autónoma defiende la vía de emergencia
El Gobierno ceutí admite, de acuerdo con la información publicada, que los contratos fueron adjudicados sin publicidad y sin que otras empresas pudieran concurrir a esos encargos. No obstante, rechaza que la adjudicación estuviera relacionada con vínculos familiares o personales y sostiene que la situación exigía una respuesta inmediata.
La Ciudad Autónoma argumenta que los contratos se tramitaron por la vía prevista para emergencias ante la necesidad de habilitar espacios, adecuar instalaciones y disponer de suministros y equipamientos para menores no acompañados. También sostiene que la contratación de emergencia no implica ausencia de control ni de expediente administrativo, y que las adjudicaciones contaron con informes técnicos y jurídicos del órgano de contratación.
La Ley de Contratos del Sector Público contempla la contratación de emergencia para supuestos en los que la Administración deba actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. Esa vía permite acortar los procedimientos ordinarios, pero su utilización exige una justificación suficiente y mantiene la obligación de control posterior.
La crisis migratoria y la atención a menores
La controversia se produce en plena presión asistencial sobre Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes registrada a finales de julio. El Real Decreto-ley 22/2026, aprobado por el Gobierno central, reconoce la existencia de una situación extraordinaria en la ciudad autónoma y la necesidad de adoptar medidas urgentes de carácter social y económico. El texto oficial alude expresamente al incremento extraordinario de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y a la presión organizativa, asistencial y presupuestaria sobre el sistema de protección de menores.
El Gobierno central aprobó medidas de apoyo económico para reforzar el sistema de acogida y los servicios públicos en Ceuta. Entre ellas figura la habilitación de recursos extraordinarios para atender a menores migrantes no acompañados, considerados un colectivo especialmente vulnerable por la normativa de protección de la infancia.
En este escenario, la fiscalización de los contratos públicos resulta especialmente relevante. La urgencia administrativa puede justificar procedimientos excepcionales, pero no elimina la necesidad de transparencia, trazabilidad y control sobre el destino del dinero público, especialmente cuando las adjudicaciones afectan a servicios sensibles como la acogida de menores.
La información publicada abre así un debate sobre la gestión de la emergencia en Ceuta, los límites de la contratación directa en situaciones excepcionales y la necesidad de explicar con detalle los criterios seguidos para seleccionar a las empresas adjudicatarias.
