El alcalde de Utrera, Francisco de Paula Jiménez, y la delegada municipal de Patrimonio, Isabel González, han sido citados para declarar el próximo lunes 5 de octubre en calidad de investigados por unas diligencias abiertas a raíz de la utilización de un inmueble municipal por el Club Deportivo Veteranos de Ajedrez.
Alcalde de Utrera, citado junto a la delegada de Patrimonio
El alcalde de Utrera, Francisco de Paula Jiménez, y la responsable municipal de Patrimonio, Isabel González, deberán comparecer el próximo lunes 5 de octubre ante el juzgado en calidad de investigados dentro de unas diligencias relacionadas con el uso de un inmueble municipal por parte del Club Deportivo Veteranos de Ajedrez.
La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por el anterior portavoz socialista José María Villalobos. La denuncia sostiene que la entidad comenzó a utilizar el local en mayo de 2025 sin que existiera un procedimiento administrativo concluido, un acuerdo plenario o una resolución formal que amparase de manera definitiva esa utilización.
El procedimiento judicial se centra, por tanto, en determinar las circunstancias administrativas en las que el club accedió al inmueble municipal y en aclarar si existía título suficiente para ocuparlo mientras el expediente de cesión seguía abierto. La condición de investigado permite a las personas citadas declarar con todas las garantías procesales y no supone culpabilidad ni condena.
El juzgado ha requerido al Ayuntamiento documentación relacionada con el expediente de cesión, los estatutos del club, la delegación de competencias en materia de Patrimonio y otros documentos vinculados al uso del inmueble. Esa documentación deberá servir para reconstruir el itinerario administrativo del caso y comprobar qué actuaciones se realizaron antes y después de que la entidad comenzara a utilizar el espacio.
La utilización del local municipal por el club de ajedrez
El asunto gira en torno a un local municipal usado por el Club Deportivo Veteranos de Ajedrez. El Gobierno local rechaza que exista una cesión definitiva del inmueble y mantiene que el expediente administrativo continúa en tramitación. Según la versión municipal, la entidad solicitó formalmente un local en 2024 y el procedimiento no ha finalizado.
El Ayuntamiento reconoce, al mismo tiempo, que el club utiliza desde 2025 un espacio municipal de unos 40 metros cuadrados. La clave del caso se sitúa en el encaje administrativo de ese uso mientras el expediente permanece abierto y en si existía una cobertura formal suficiente para permitir la ocupación del inmueble antes de la conclusión del procedimiento.
La denuncia presentada por José María Villalobos plantea que el club habría comenzado a utilizar el espacio sin que se hubiera completado la tramitación exigible para una cesión formal. Frente a esa tesis, el Gobierno municipal defiende que no se ha producido una cesión definitiva y que la situación se enmarca en un expediente aún no concluido.
El caso incorpora además un elemento de especial relevancia pública: la vinculación histórica del alcalde con el ajedrez local. Francisco de Paula Jiménez fue uno de los fundadores del Club Deportivo Veteranos de Ajedrez, una circunstancia conocida en el ámbito deportivo local y que forma parte de los elementos señalados en torno a la controversia.
El expediente de cesión, en el centro de las diligencias
Las diligencias abiertas deberán aclarar el estado real del expediente, los informes existentes y las decisiones administrativas adoptadas en relación con el uso del local. Entre los puntos relevantes figuran la posible existencia de informes de Patrimonio y Secretaría, el título que permitió la ocupación del inmueble durante la tramitación y la comparación con posibles precedentes de uso de espacios municipales por otras asociaciones.
El juzgado también ha reclamado documentación sobre las competencias en materia de Patrimonio, una cuestión importante para determinar qué órganos municipales intervinieron en el procedimiento y qué responsabilidades administrativas correspondían a cada área. La investigación deberá precisar si la utilización del local se ajustó a los cauces previstos para este tipo de inmuebles municipales.
La comparecencia prevista para el lunes 5 de octubre permitirá al alcalde y a la delegada de Patrimonio ofrecer su versión dentro del procedimiento. La declaración como investigados se produce en una fase de diligencias, en la que el juzgado practica actuaciones para esclarecer los hechos denunciados y determinar si procede continuar con la investigación o adoptar otra decisión procesal.
Desde el punto de vista informativo, el caso queda pendiente de la documentación municipal requerida y de las explicaciones que puedan aportar los responsables citados. La cuestión principal no es solo si el club utiliza un espacio municipal, extremo reconocido por el Gobierno local, sino bajo qué cobertura administrativa se produjo ese uso y en qué fase se encontraba el expediente cuando comenzó la ocupación.
La evolución del procedimiento dependerá de las diligencias judiciales y del análisis de los documentos solicitados al Ayuntamiento. Hasta que exista una resolución judicial, la citación como investigados debe interpretarse como una garantía procesal dentro de una investigación abierta, no como una declaración de responsabilidad penal.
