Las dos sobrinas del alcalde de Utrera, las contrataciones municipales y los contratos menores de Los Molares abren interrogantes sobre la transparencia y las relaciones entre el poder político y los intereses particulares.
Hay coincidencias que merecen explicaciones. Y decisiones políticas que, examinadas conjuntamente, obligan a preguntarse dónde termina la discrecionalidad administrativa y dónde podría comenzar la arbitrariedad.
Francisco «Curro» Jiménez, alcalde de Utrera, vuelve a situarse en el centro de la controversia después de conocerse que dos sobrinas suyas trabajan en una empresa que presta servicios municipales y aspira a una adjudicación valorada en más de 81 millones de euros.
Una se incorporó en 2013 y otra en 2024. En ambas fechas, Jiménez ocupaba la Alcaldía.
El parentesco no constituye ninguna irregularidad. Sin embargo, según la información publicada, en enero de 2024 una responsable municipal de Empleo remitió desde su correo institucional el currículum de una de las sobrinas a otra empresa contratista del Ayuntamiento.
La joven recibió una oferta laboral que rechazó. Posteriormente comenzó a trabajar en la empresa responsable de la limpieza municipal. No consta acreditado que el alcalde interviniera personalmente en aquellas contrataciones ni que estas fueran irregulares.
Pero surge una pregunta legítima: ¿todos los desempleados de Utrera tienen las mismas posibilidades de acceder a una intermediación laboral desde las dependencias municipales?
La cuestión no es que las sobrinas del alcalde trabajen, sino si las oportunidades laborales se gestionan con absoluta igualdad, transparencia y ausencia de privilegios.
CURRO JIMÉNEZ: CAMBIAN LAS SIGLAS, ¿CAMBIAN LAS FORMAS?
Curro Jiménez fue alcalde de Utrera bajo las siglas del Partido Andalucista. Después encabezó Juntos por Utrera y finalmente regresó a la Alcaldía en 2023 como candidato del Partido Popular.
Tres etapas políticas diferentes que permiten plantear una reflexión sobre la continuidad de sus criterios de gestión. ¿Han cambiado únicamente las siglas o también los procedimientos administrativos?
La respuesta requiere estudiar las decisiones adoptadas durante sus diferentes mandatos, especialmente en materia de contratación pública.
Según los datos recopilados por OpenMoney a partir de registros de contratación, la Alcaldía de Utrera presenta un volumen significativo de adjudicaciones mediante contratos menores durante el periodo 2022-2026. En la información examinada figuran aproximadamente 11,2 millones de euros correspondientes a esta modalidad contractual durante ese periodo, que incluye etapas de distintos gobiernos municipales.
La contratación menor es legal. Su utilización debe responder a necesidades justificadas, respetar los límites establecidos y evitar el fraccionamiento indebido de contratos. Importa conocer qué empresas resultaron adjudicatarias, con qué frecuencia y mediante qué procedimientos.
LOS MOLARES: UNA CONTRATACIÓN QUE TAMBIÉN MERECE EXPLICACIONES
A pocos kilómetros de Utrera encontramos otro municipio cuya actividad contractual merece atención: Los Molares.
Según los datos recopilados por Contratos Radar, durante los últimos doce meses se registran aproximadamente 28 contratos menores, por un importe agregado cercano a 427.000 euros. Estas cifras deben verificarse con los expedientes originales y atribuirse a los correspondientes responsables municipales, teniendo en cuenta los cambios de gobierno.
Para un municipio de dimensiones reducidas, resulta pertinente examinar el peso de esta contratación en su presupuesto y comprobar si responde a necesidades ordinarias, extraordinarias o recurrentes. No puede deducirse una irregularidad simplemente por el número de contratos.
Sí corresponde preguntar por la distribución de adjudicatarios, la reiteración de determinadas empresas y la motivación de los expedientes, especialmente al analizar posibles coincidencias entre municipios próximos.
¿UN MODUS OPERANDI O SIMPLES COINCIDENCIAS?
¿Estamos ante formas de gestión independientes o existen patrones de contratación que se repiten en diferentes ayuntamientos? ¿Coinciden determinados adjudicatarios en Utrera y Los Molares? ¿Se reproducen procedimientos semejantes? ¿Existen conexiones relevantes con responsables políticos vinculados a Dos Hermanas?
Son preguntas que justifican una investigación documental, pero todavía no permiten afirmar una actuación coordinada. Sería necesario contrastar expedientes, identificar adjudicatarios mediante sus NIF y comprobar fechas, objetos contractuales y responsables de cada adjudicación.
Compartir proveedores no demuestra favoritismo; pero comprobar si existen adjudicaciones reiteradas, concentraciones injustificadas o procedimientos coincidentes constituye una exigencia razonable de transparencia.
UTRERA: 81 MILLONES Y UN CONTRATO VENCIDO
El Ayuntamiento de Utrera afronta una nueva licitación del servicio de limpieza valorada en aproximadamente 81,33 millones de euros. El contrato anterior venció en 2022 y el servicio ha continuado prestándose mientras se tramita el nuevo procedimiento.
Esta circunstancia requiere examinar las resoluciones que justifican la continuidad, los informes de fiscalización y las decisiones de los órganos competentes.
La oposición también ha formulado denuncias sobre determinadas facturaciones y viajes de responsables municipales presuntamente sufragados por empresas privadas. Estas denuncias deben contrastarse documentalmente. No permiten atribuir responsabilidades penales ni establecer vínculos con las contrataciones familiares.
La responsabilidad política del alcalde consiste en garantizar que la gestión municipal pueda examinarse con transparencia y que las decisiones respondan al interés general.
LA POLÍTICA NO ES UN NEGOCIO PARTICULAR
No se trata de anticipar culpabilidades ni de convertir sospechas en sentencias. Se trata de exigir explicaciones sobre decisiones administrativas, contrataciones y procedimientos que afectan a los recursos públicos.
Curro Jiménez ha cambiado de partido a lo largo de su trayectoria. Lo relevante ahora es comprobar si sus actuaciones municipales han mantenido criterios objetivos, transparentes y jurídicamente justificados.
Y, en Los Molares, determinar si el volumen y las características de los contratos menores responden a una gestión administrativa ordinaria o presentan circunstancias que requieren una fiscalización más detallada.
La discrecionalidad política tiene límites: el dinero público exige transparencia, igualdad de oportunidades y una rendición de cuentas que ningún gobernante debería eludir.
Porque gobernar un ayuntamiento significa administrar los intereses de todos, no disponer de ellos como si fueran propios. Y esa diferencia, en democracia, es fundamental.
FUENTES Y NOTA EDITORIAL (NO PUBLICAR SIN REVISIÓN)
Referencias de trabajo: informaciones de El Plural sobre las sobrinas y el contrato de limpieza; datos agregados de OpenMoney y Contratos Radar; Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Antes de publicar, contrastar cifras y periodos con la Plataforma de Contratación del Sector Público y recabar, cuando sea posible, la versión de los afectados.
El titular es un recurso literario, no una conversación real documentada. No se afirma la existencia de delitos ni de una actuación coordinada. Datos y hechos sujetos a revisión editorial y jurídica previa.
