El precio de estudiar también se paga en alquiler, transporte y alimentación. Garantizar la igualdad exige que las ayudas permitan entrar en la universidad y continuar hasta terminar los estudios.

Cuando una familia hace cuentas para enviar a un hijo a la universidad, la matrícula es solo el principio. Después llegan los libros, el ordenador, el transporte y la comida. Si hay que estudiar en otra ciudad, se suma el alquiler. Por eso, la pregunta no es únicamente cuánto cuesta matricularse, sino quién puede permitirse estudiar y llegar hasta el final.

El debate tiene mucho que ver con el derecho y con la igualdad. El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho a la educación. Eso no significa que cualquier persona tenga derecho a cualquier beca ni que todos los estudios universitarios deban ser gratuitos. Pero sí obliga a mirar más allá de la apertura de las aulas: de poco sirve ofrecer una plaza si la falta de dinero impide ocuparla.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario recoge ese compromiso. El dinero de la familia y el lugar donde vive el estudiante no deberían decidir sus oportunidades de acceder a la universidad y continuar sus estudios. La ley también reconoce el acceso a becas y ayudas a quienes cumplan los requisitos.

Lo que no aparece en la matrícula

En Andalucía, el precio de primera matrícula de grado para el curso 2026-2027 se mantiene en 12,62 euros por crédito. Un curso de 60 créditos, todos matriculados por primera vez, cuesta 757,20 euros por esos créditos. A esa cifra hay que añadir otros conceptos y los gastos necesarios para estudiar.

Es un precio que merece ser valorado, pero no demuestra que la universidad esté al alcance de todos. Un estudiante que vive con su familia y otro que necesita alquilar una habitación pueden pagar lo mismo por las clases y afrontar gastos muy distintos.

Los datos ayudan a entenderlo. La encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre el curso 2023-2024 situó en 3.466 euros el gasto medio por estudiante en servicios educativos universitarios. Por separado, para el conjunto de las enseñanzas regladas, estimó en 1.118 euros el gasto medio en transporte, alojamiento y otros servicios complementarios. Son datos de ámbitos distintos: no deben sumarse como si fueran la factura de un universitario ni reflejan necesariamente todo lo que cuesta vivir fuera de casa.

La desigualdad puede aparecer incluso antes de matricularse. Hay jóvenes que renuncian a una carrera porque se imparte lejos de su domicilio. Otros empiezan, pero después necesitan trabajar más horas, matricularse de menos asignaturas o abandonar. Bajar la matrícula ayuda, aunque no resuelve por sí solo estas dificultades.

El esfuerzo no parte del mismo lugar

La posibilidad de solicitar una plaza no significa que todos tengan las mismas oportunidades. Quien cuenta con apoyo económico puede dedicar más tiempo al estudio y afrontar un gasto inesperado. Quien necesita trabajar para pagar el alquiler tiene menos margen.

La OCDE ofrece un dato revelador sobre España: entre las personas de 25 a 34 años, el 75 % de quienes tenían al menos un progenitor con estudios superiores había alcanzado también ese nivel de formación. El porcentaje bajaba al 30 % cuando los padres no habían completado la educación secundaria superior, como el bachillerato o una formación equivalente.

Esa diferencia no se explica solo por el dinero. También influyen factores educativos, culturales y sociales. Pero muestra hasta qué punto el origen familiar sigue relacionado con las oportunidades de formación.

El domicilio también pesa. No es igual tener una facultad cerca que depender de largos desplazamientos o de una mudanza. Una política justa debe tener en cuenta esas condiciones, además de los ingresos. La igualdad se mide también por el esfuerzo económico que exige aprovechar una plaza.

Una beca debe llegar cuando hace falta

Las becas son una herramienta esencial para hacer posible esa igualdad. La ley universitaria establece que el sistema estatal debe dar prioridad, fundamentalmente, a las circunstancias económicas y sociales, aunque también contemple requisitos académicos y otras situaciones específicas. Las universidades públicas pueden, además, reducir o eliminar determinados pagos según la situación de los hogares.

Para el curso 2026-2027, las ayudas estatales universitarias incluyen 1.700 euros ligados a la renta, hasta 2.700 euros por residencia, una cantidad variable y la beca de matrícula. El acceso a cada ayuda depende de los límites de ingresos y de los demás requisitos establecidos. No todos los solicitantes reciben todas esas cantidades.

La beca de matrícula cubre los créditos que se cursan por primera vez. En general, no cubre los gastos administrativos ni los créditos de asignaturas en las que el estudiante vuelve a matricularse. Por tanto, tener cubierta la matrícula no significa tener cubierto el coste de estudiar.

La ayuda de residencia también tiene condiciones económicas y académicas, exige cumplir los requisitos de enseñanza presencial y no puede superar el gasto real justificado. Su importe máximo puede quedar lejos de lo que cuesta vivir durante el curso en una ciudad con alquileres elevados.

Además, importa cuándo llega el dinero. Si una familia debe adelantar la fianza, el alquiler y los primeros meses de gastos, una beca concedida tarde puede no evitar el problema. La eficacia de una ayuda depende tanto de su cuantía como del momento en que se cobra.

Apoyar el rendimiento y permitir que se alcance

Andalucía cuenta con una bonificación del 99 % del importe de los créditos aprobados en primera matrícula, además de exenciones en determinados casos y opciones para pagar a plazos. La Universidad de Sevilla dispone también de ayudas propias, incluidas ayudas al estudio y para situaciones de necesidad. Para el curso 2026-2027 ha convocado, por ejemplo, bonos de comedor para estudiantes con dificultades económicas.

Son medidas valiosas, pero cumplen funciones diferentes. La bonificación reconoce los resultados ya obtenidos. Una ayuda para comer o pagar una habitación permite que el estudiante tenga condiciones para conseguirlos.

El esfuerzo académico merece reconocimiento. Pero una enfermedad, las responsabilidades de cuidado, un empleo precario o una dificultad económica pueden afectar a las notas. Si el apoyo depende principalmente de aprobar, existe el riesgo de retirar la ayuda precisamente cuando más falta hace. El sistema debe combinar la exigencia académica con una respuesta a esas circunstancias, para que un tropiezo no termine en abandono.

La responsabilidad de las administraciones

El Estado regula las becas generales. Las comunidades autónomas fijan los precios públicos dentro del marco de contención o reducción progresiva previsto por la ley y pueden ofrecer ayudas propias. Las universidades también pueden complementar esos apoyos.

Esa responsabilidad compartida debe traducirse en coordinación. El lugar donde una persona vive o estudia no debería generar diferencias injustificadas en sus posibilidades de continuar una carrera.

Para actuar bien hay que conocer el coste completo: matrícula, alojamiento, transporte, alimentación y materiales. También cuánto reciben realmente los estudiantes y cuánto tardan las ayudas. Conviene saber quién renuncia a una plaza, reduce sus asignaturas o abandona por motivos económicos, sin suponer que todo abandono se debe a la falta de dinero.

La respuesta necesita precios razonables, becas suficientes, apoyo para vivienda y transporte, ayudas de alimentación y recursos para imprevistos. También necesita trámites comprensibles y pagos a tiempo. Una ayuda que existe sobre el papel, pero resulta inaccesible o llega demasiado tarde, no cumple bien su función.

Que el dinero no decida quién termina

La universidad no puede corregir por sí sola todas las desigualdades sociales. Sí debe evitar que esas desigualdades se conviertan en una barrera para estudiar. Reducir la matrícula es importante, pero debe ir acompañado de ayudas que atiendan los gastos indispensables y las dificultades que puedan surgir durante la carrera.

Defender una universidad accesible exige también financiarla bien. La calidad de la enseñanza necesita recursos suficientes, y la posibilidad de estudiar no debería depender de los ahorros de cada familia.

El precio de la matrícula es una cifra. La igualdad se comprueba cuando un estudiante puede entrar en la universidad, mantenerse en ella y terminar sus estudios sin que la falta de recursos decida por él.