La movilización antifascista del 18 de octubre convirtió las calles de Sorocaba en un espacio de memoria, poesía y reivindicación democrática. Frente al legado de Jair Bolsonaro y la candidatura presidencial de su hijo Flávio, los manifestantes defendieron otro proyecto de país: uno en el que la vida, los derechos sociales y la soberanía popular valgan más que el autoritarismo, el privilegio y la nostalgia de la fuerza.
El domingo 18 de octubre, Sorocaba volvió a demostrar que la disputa política brasileña no se limita a los platós de televisión, a los discursos cuidadosamente ensayados de los candidatos ni a las cifras que aparecen en las encuestas. También se libra en las plazas, en las calles y en la decisión de quienes, aun conociendo el cansancio de la política y las decepciones de la democracia, se niegan a aceptar que el futuro del país tenga que construirse sobre el miedo, el odio y la exclusión.
La concentración comenzó alrededor de las tres de la tarde en la Praça da Bandeira. Desde allí, los participantes caminaron hasta el Fórum Velho, en la Praça Frei Baraúna, donde la movilización concluyó aproximadamente a las cinco. Hubo militantes, representantes políticos, movimientos sociales y ciudadanos que acudieron por convicción, por memoria o por la necesidad de expresar públicamente un rechazo que no cabe en la resignación privada.
No era una celebración desprovista de preocupaciones. Era una manifestación antifascista en un país que conoce demasiado bien el precio de normalizar los discursos autoritarios. Y era, además, un acto de apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva en la recta final de una elección presidencial en la que la posibilidad de que otro Bolsonaro llegue al poder vuelve a situar en primer plano preguntas que Brasil no ha terminado de responder: qué democracia quiere ser, qué derechos está dispuesto a defender y qué parte de su pasado se empeña en repetir.
La memoria de un país que no puede permitirse olvidar
Hablar de antifascismo en Brasil no es invocar una etiqueta abstracta para adornar una disputa electoral. Es hablar de las consecuencias concretas de la política cuando el desprecio por los derechos humanos se convierte en una demostración de fuerza, cuando la desigualdad se presenta como una fatalidad y cuando las instituciones democráticas son tratadas como obstáculos que deben doblegarse.
Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022, la confrontación con las instituciones, la hostilidad hacia la prensa, los ataques al sistema electoral y la retórica de exaltación militar fueron elementos recurrentes de su discurso público. El expresidente convirtió la sospecha sobre la democracia en una herramienta de movilización política y cultivó una relación de enfrentamiento con las instituciones que debían fiscalizar el ejercicio del poder.
No se trata de afirmar que todos sus votantes compartieran cada una de sus declaraciones ni de reducir a millones de personas a una sola motivación. Se trata de evaluar a un dirigente por sus decisiones, sus palabras y sus consecuencias. Y el balance de aquel Gobierno contiene episodios que no pueden disolverse en la amnesia interesada de una campaña electoral.
Uno de los más dolorosos fue la gestión de la pandemia de COVID-19. Mientras el país atravesaba una emergencia sanitaria de dimensiones históricas, Bolsonaro minimizó reiteradamente la gravedad de la enfermedad, promovió tratamientos sin eficacia demostrada contra la COVID-19 y entró en conflicto con medidas sanitarias adoptadas por autoridades locales. La vacunación, en lugar de ser tratada únicamente como una prioridad de salud pública, quedó atrapada en una disputa política alimentada desde la propia Presidencia.
La Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la pandemia examinó la actuación del Gobierno y recomendó el procesamiento de Bolsonaro y de otras personas por una serie de conductas que consideró graves. Aquellas recomendaciones no equivalían por sí mismas a condenas judiciales, pero dejaron constancia institucional de las preguntas que el país tenía derecho a formular sobre las decisiones tomadas durante la emergencia.
Detrás de cada cifra hubo una familia que recibió una llamada, una cama vacía, una despedida imposible o una persona que murió sin que sus seres queridos pudieran acompañarla como merecía. Brasil superó las 700.000 muertes asociadas a la COVID-19. Ningún artículo político puede atribuir cada una de esas muertes a un solo gobernante; tampoco es aceptable fingir que las decisiones del poder ejecutivo no importaron en una crisis sanitaria de esa magnitud.
En Sorocaba, las críticas al legado de Bolsonaro formaron parte del contenido político de la movilización. La memoria de las víctimas de la pandemia no apareció como un apéndice sentimental, sino como una cuestión de responsabilidad pública: qué hizo el Estado cuando la población necesitaba información fiable, coordinación sanitaria y un liderazgo capaz de tomarse en serio la amenaza.
Recordar no devuelve la vida a quienes murieron. Pero el olvido puede facilitar que las mismas actitudes regresen al poder con otro nombre, otro eslogan y una nueva campaña publicitaria.
Poesía, educación y derechos: lo que se dijo en la calle
La manifestación no fue únicamente una sucesión de consignas partidistas. Hubo intervenciones políticas y presentaciones de poesía, momentos en los que la palabra artística compartió espacio con la denuncia y la reivindicación colectiva.
La presencia de la poesía importa porque recuerda algo que el lenguaje político más agresivo intenta borrar: las personas no son únicamente electores, estadísticas o piezas de una estrategia electoral. Son vidas que narran, imaginan, sufren y construyen sentidos en común. La cultura no es un lujo reservado para tiempos tranquilos; también es una manera de disputar el espacio público cuando la política pretende reducirlo todo a la obediencia, el enfrentamiento y la fuerza.
Durante el acto se expresaron críticas al bolsonarismo, a la gestión de la pandemia y a las amenazas contra los derechos sociales. La defensa de la educación, de las universidades, de la ciencia y de las minorías ocupó un lugar en esa reivindicación de país. También lo hizo la idea de que una sociedad democrática debe proteger a quienes históricamente han sido empujados a los márgenes, en lugar de convertirlos en objetivos fáciles para conseguir aplausos.
No dispongo de una transcripción verificable de todas las intervenciones ni de los poemas escuchados aquel día; por eso, no sería honesto atribuir frases literales a los participantes. Pero el sentido general del acto fue reconocible: la democracia no puede limitarse al derecho de votar cada cuatro años. También exige poder estudiar, trabajar, acceder a la salud, vivir sin discriminación y ejercer derechos sin que la identidad, el origen o la situación económica de una persona se conviertan en motivos de persecución.
La educación pública y la universidad, en particular, representan una disputa por el futuro. Un país que invierte en conocimiento amplía la capacidad de sus ciudadanos para decidir, cuestionar y transformar su realidad. Un proyecto político que convierte a docentes, investigadores y estudiantes en adversarios culturales alimenta una sospecha peligrosa: la de que una sociedad es más fácil de gobernar cuando sus ciudadanos tienen menos herramientas para comprenderla.
La ciencia tampoco puede convertirse en enemiga por razones de conveniencia electoral. La pandemia mostró hasta qué punto la desinformación, la improvisación y el desprecio por la evidencia pueden tener consecuencias humanas. Defender la ciencia no significa considerarla infalible; significa reconocer que los problemas complejos necesitan conocimiento, debate riguroso y decisiones sometidas a la realidad, no a la necesidad de satisfacer el ego de un dirigente.
El símbolo nacional y la disputa por quién representa a Brasil
Hubo una imagen especialmente poderosa en la manifestación: la bandera brasileña compartiendo espacio con banderas rojas, símbolos de movimientos sociales y una bandera arcoíris. No hace falta repetir esa imagen en cada apartado para entender su significado. Basta con detenerse en ella y reconocer la contradicción que encierra.
Durante años, sectores del bolsonarismo han presentado el verde y amarillo como si fueran una propiedad política exclusiva, una credencial de pertenencia que separaría a los brasileños supuestamente patriotas de quienes serían sus adversarios. El nacionalismo se ha utilizado así como una frontera moral: unos se atribuyen el derecho de representar a la nación y otros quedan retratados como enemigos, traidores o ciudadanos de segunda categoría.
Pero una bandera no pertenece a un partido, a una familia política ni a una corriente ideológica. No puede ser propiedad privada de quienes la exhiben en sus actos ni un instrumento para expulsar simbólicamente de la comunidad nacional a quienes discrepan de ellos. La soberanía popular significa, precisamente, que el país pertenece a su ciudadanía plural, incluidas las personas que defienden derechos laborales, políticas sociales, igualdad racial, diversidad sexual, educación pública o posiciones políticas contrarias al bolsonarismo.
Por eso, la imagen de Sorocaba tuvo fuerza: no porque una combinación de colores resolviera las diferencias ideológicas, sino porque mostraba que la identidad brasileña no tiene por qué estar subordinada a un único proyecto político. La bandera nacional y las banderas de las luchas sociales podían compartir el mismo espacio sin anularse. La democracia consiste también en esa convivencia entre símbolos, historias y aspiraciones diferentes.
Y ahí aparece una de las contradicciones más graves de cierto nacionalismo bolsonarista: la facilidad con la que se invoca la patria mientras se promueven discursos de sumisión a líderes extranjeros o se celebra la posibilidad de que una potencia imponga su voluntad sobre Brasil. En el debate público han circulado imágenes de actos bolsonaristas con representaciones de misiles y expresiones que reclamaban una intervención militar estadounidense contra el país. Si alguien convierte una fantasía de ataque extranjero en una demostración de lealtad política, la palabra patriotismo pierde su sentido y queda reducida a una escenografía.
No hay patriotismo en desear la humillación de la propia nación para perjudicar al adversario interno. No hay soberanía en celebrar que otro país decida el destino de millones de brasileños. Y no hay defensa de la patria en tratar como enemigos a los ciudadanos que no se arrodillan ante un líder.
Jair Bolsonaro: un legado que no puede blanquearse con nostalgia
La campaña de Flávio Bolsonaro pretende convertir el apellido familiar en una herencia política legítima. Pero el apellido también trae consigo una historia que no desaparece porque cambie el candidato, se actualicen los carteles o se presente una nueva versión del mismo discurso.
El Gobierno de Jair Bolsonaro dejó una larga lista de conflictos con las instituciones democráticas. En 2023, el Tribunal Superior Electoral lo declaró inelegible durante ocho años por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación en relación con una reunión con embajadores en la que cuestionó sin pruebas la fiabilidad del sistema electoral brasileño. La decisión fue una resolución de la Justicia Electoral, no una mera discrepancia entre partidos.
Posteriormente, las investigaciones sobre los intentos de impedir la transferencia del poder y sobre la trama golpista llevaron a la Fiscalía y a los tribunales a examinar actuaciones de Bolsonaro y de sus aliados. La responsabilidad penal debe establecerse en los procesos correspondientes y de acuerdo con las decisiones judiciales. Pero la existencia de estas investigaciones y actuaciones institucionales constituye, por sí misma, una realidad política que no puede borrarse mediante la consigna de que el expresidente habría sido simplemente un adversario del sistema.
La paradoja resulta evidente: un movimiento que afirma luchar contra una supuesta dictadura ha convertido en una de sus principales banderas la desconfianza hacia las elecciones, los ataques a los tribunales y la reivindicación de una intervención militar contra el orden democrático. Criticar a los jueces o defender reformas institucionales es legítimo en una democracia. Lo que no lo es es convertir la derrota electoral en una excusa para deslegitimar las reglas del juego o alentar la ruptura del orden constitucional.
A esto se suman las consecuencias de las políticas ambientales de aquellos años. En 2019, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales registró un fuerte aumento de la deforestación amazónica respecto al año anterior. La presión sobre los territorios indígenas, la expansión de actividades ilegales y el deterioro de las condiciones de protección ambiental contribuyeron a una crisis que no puede entenderse únicamente como una discusión entre ecologistas y productores. La Amazonia tiene consecuencias para el clima, la biodiversidad, las comunidades que viven en ella y el futuro económico del propio país.
La crisis humanitaria del pueblo yanomami fue otra de las heridas de ese periodo. Las denuncias sobre la expansión de la minería ilegal, la inseguridad alimentaria y la insuficiencia de la atención sanitaria revelaron el coste de abandonar territorios vulnerables a la violencia y a la degradación ambiental. Las responsabilidades deben evaluarse con rigor, pero ninguna evaluación seria puede excluir el papel del Estado y las decisiones tomadas por quienes lo dirigían.
El problema del bolsonarismo no se reduce a una declaración escandalosa o a una polémica aislada. Es una concepción del poder que, en demasiadas ocasiones, ha tratado la protección ambiental como un obstáculo, la diversidad como una amenaza, las instituciones como adversarios y la política social como una concesión sospechosa. Esa concepción es la que vuelve tan inquietante la posibilidad de que otro miembro de la familia llegue a la Presidencia.
