El caso Koldo vuelve a situar al Grupo Azvi en el foco de una investigación judicial. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió este jueves, 5 de noviembre, a la sede de la constructora en Sevilla para requerir documentación relacionada con una nueva pieza secreta abierta por la Audiencia Nacional. La actuación recupera la atención sobre una compañía vinculada anteriormente a otras investigaciones, entre ellas los papeles de Bárcenas, aunque su aparición en esas pesquisas no implica por sí misma responsabilidad penal.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto a situar al Grupo Azvi, una de las constructoras con sede en Andalucía, en el centro de las pesquisas sobre presuntas irregularidades en la contratación pública. Los agentes se personaron este jueves en las instalaciones de la compañía en Sevilla para solicitar documentación en el marco de una nueva pieza separada del denominado caso Koldo.
La operación se desarrolla bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Las diligencias permanecen bajo secreto y forman parte de las investigaciones sobre posibles pagos de comisiones relacionadas con adjudicaciones de obra pública.
La actuación sobre Azvi se produjo durante un operativo más amplio que incluyó requerimientos de información a Adif, registros y seis detenciones en distintas provincias españolas. Los seis arrestados quedaron posteriormente en libertad.
La constructora ha confirmado que está colaborando con los investigadores y ha manifestado su confianza en que el análisis de la documentación permita esclarecer su actuación.
Azvi y los antecedentes de los papeles de Bárcenas
El nombre de Azvi ya había aparecido en investigaciones judiciales relacionadas con la financiación política.
Uno de los antecedentes más conocidos se remonta a los denominados papeles de Bárcenas, los registros contables atribuidos al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y examinados durante la investigación de la supuesta contabilidad paralela de la formación.
En una resolución judicial de 2015, el juez Pablo Ruz recogió anotaciones que identificaban a Manuel Contreras Caro, vinculado al Grupo Azvi, como supuesto donante del Partido Popular entre 2002 y 2008.
Los apuntes examinados atribuían aportaciones por un importe total de 858.000 euros durante ese periodo. Las cantidades aparecían repartidas entre diferentes ejercicios y formaban parte de la documentación investigada sobre la denominada caja B del partido.
Contreras negó ante la Audiencia Nacional haber realizado las donaciones que se le atribuían.
La existencia de estas anotaciones constituye un antecedente documental de la investigación, pero no equivale a acreditar que todas las aportaciones se produjeran ni permite presentar a Azvi como condenada por financiación ilegal.
La relación con Álvarez-Cascos y la sociedad Aqualium
Otro de los episodios que ha relacionado el nombre de Azvi con investigaciones sobre empresas constructoras y responsables políticos se encuentra en la documentación relativa a Aqualium Spain.
Esta sociedad, dedicada a operaciones de compraventa de obras de arte, estaba vinculada a María Porto, entonces esposa del exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.
Entre la documentación publicada figura una factura de 23.200 euros emitida a Azvi por una pintura del artista Abraham Lacalle. El documento está fechado el 28 de diciembre de 2005.
La operación fue examinada en las informaciones sobre las relaciones comerciales de diferentes constructoras con la sociedad vinculada al entorno familiar del antiguo ministro.
No obstante, la existencia de una factura y de una relación comercial no demuestra por sí misma un pago ilícito ni acredita una contraprestación relacionada con adjudicaciones públicas.
Se trata de un antecedente distinto de las diligencias actualmente abiertas en el caso Koldo, por lo que ambos episodios deben diferenciarse desde el punto de vista judicial.
El caso Koldo y las declaraciones de Víctor de Aldama
La relación de Azvi con el caso Koldo adquirió relevancia después de que el empresario Víctor de Aldama señalara ante el Tribunal Supremo a distintas constructoras por supuestos pagos relacionados con adjudicaciones de obra pública.
Entre las empresas mencionadas figuraba Azvi, a la que Aldama vinculó con contratos adjudicados durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, entre 2018 y 2021.
El empresario sostuvo que había recibido 18.000 euros de Manuel Contreras en octubre de 2019 como compensación por su supuesta intermediación en contratos públicos.
La constructora rechazó esa interpretación y explicó que el dinero correspondía a una aportación para un proyecto deportivo y empresarial en Sevilla que finalmente no prosperó. Según su versión, la cantidad fue devuelta en marzo de 2020.
Azvi negó haber abonado comisiones ilegales y solicitó autorización judicial para presentar una querella contra Aldama por sus acusaciones.
Las afirmaciones del empresario forman parte de sus declaraciones en el procedimiento y no deben confundirse con hechos penalmente probados.
La contratación de Koldo García como asesor
Otro elemento examinado en las informaciones sobre la relación entre Azvi y el entorno de Ábalos es la contratación de Koldo García después de su salida del Ministerio de Transportes.
En 2023, la empresa recurrió a sus servicios como asesor para desarrollar oportunidades comerciales en Latinoamérica.
La remuneración contemplaba 6.000 euros mensuales y un componente variable vinculado a la obtención de proyectos internacionales. La relación contractual se mantuvo hasta febrero de 2024.
Durante la etapa de Ábalos en Transportes, la constructora obtuvo adjudicaciones que diferentes informaciones, basadas en las pesquisas de la UCO, sitúan alrededor de 165 millones de euros.
La coincidencia de estos antecedentes ha sido objeto de atención investigadora, pero ni la contratación de un antiguo asesor ministerial ni la obtención de contratos públicos constituyen, por separado, pruebas de corrupción.
La cuestión investigada gira alrededor de la posible existencia de pagos o contraprestaciones ilícitas vinculadas a decisiones sobre contratación pública.
La UCO solicita nueva documentación en Sevilla y Adif
La actuación del 5 de noviembre incorpora una nueva diligencia al procedimiento que instruye la Audiencia Nacional.
El juez Ismael Moreno abrió una pieza separada secreta después de recibir un nuevo informe de la UCO. Los investigadores acudieron a la sede de Azvi y a las instalaciones de Adif para obtener información relacionada con esta línea de investigación.
El operativo también incluyó registros en otros puntos de España, entre ellos el domicilio del exministro José Luis Ábalos en Valencia.
El secreto de las actuaciones impide conocer públicamente el contenido completo de la documentación solicitada y el alcance concreto de las comprobaciones relativas a cada empresa.
Por tanto, no puede darse por acreditado que los documentos reclamados a Azvi demuestren irregularidades ni que la compañía tenga una responsabilidad penal determinada en esta nueva pieza.
Azvi niega irregularidades y manifiesta su colaboración
Tras la presencia de los agentes en su sede, el Grupo Azvi difundió un comunicado en el que aseguró estar facilitando la documentación requerida.
La compañía manifestó su confianza en las autoridades y calificó la actuación de diligencia pertinente para el desarrollo de las investigaciones.
Asimismo, reiteró su disposición a colaborar y señaló que el secreto judicial le impide facilitar detalles sobre el contenido de las actuaciones.
La posición empresarial mantiene la línea de rechazo a las acusaciones de pagos ilícitos que Azvi ya había defendido en anteriores episodios relacionados con el caso Koldo.
La nueva diligencia sitúa nuevamente a la constructora sevillana bajo la atención de la Audiencia Nacional, esta vez en unas pesquisas relacionadas con posibles comisiones en contratos públicos.
Será la evolución de la instrucción judicial la que permita determinar el alcance de la documentación obtenida, su posible relevancia penal y si existen elementos suficientes para formular nuevas imputaciones o descartar las sospechas investigadas.
