La financiación universitaria en Andalucía vuelve a enfrentar a los rectores de las universidades públicas con la Junta. Las instituciones académicas han reclamado este viernes, 6 de noviembre, al menos 38 millones de euros adicionales antes de finalizar 2026 para atender sus obligaciones económicas, principalmente las retribuciones del personal. Además, advierten de que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2027 presenta insuficiencias superiores a 41 millones de euros, pese al incremento de recursos anunciado por el Gobierno andaluz. La reclamación se refiere a necesidades de financiación y no supone que se hayan dejado de pagar las nóminas.
Las universidades públicas de Andalucía han reclamado a la Junta una aportación extraordinaria de al menos 38 millones de euros antes de que termine 2026 para cumplir las obligaciones económicas contempladas en el modelo de financiación vigente. Los rectores advierten de que el segundo reparto presupuestario acordado para este ejercicio todavía no se ha materializado, una situación que genera incertidumbre sobre los recursos disponibles para afrontar los gastos de personal.
La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) ha difundido este viernes un comunicado conjunto en el que también cuestiona la suficiencia de las partidas previstas para 2027.
Aunque reconoce el incremento presupuestario anunciado por el Ejecutivo autonómico, considera que las cantidades no cubren todos los compromisos recogidos en el modelo de financiación aprobado para el periodo 2023-2027.
La discrepancia afecta especialmente a los costes salariales, los gastos corrientes de funcionamiento, las infraestructuras y la inversión en investigación.
Las universidades reclaman 38 millones antes de finalizar 2026
La principal exigencia de los rectores se refiere al cumplimiento de la denominada cláusula de salvaguarda del modelo de financiación.
Este mecanismo establece garantías sobre los recursos que deben recibir anualmente las universidades públicas, teniendo en cuenta la financiación del ejercicio anterior y determinados incrementos retributivos.
Según los cálculos provisionales elaborados con los criterios de la comisión técnica integrada por representantes universitarios y de la Administración andaluza, serían necesarios al menos 38 millones adicionales para cumplir esta previsión durante 2026.
La cantidad todavía debe ser validada y confirmada definitivamente por la Consejería de Hacienda.
Las universidades sostienen que estos fondos deberían transferirse mediante un segundo reparto presupuestario antes de finalizar el año, conforme a lo acordado en el Consejo Andaluz de Universidades del pasado 17 de abril.
Sin embargo, a menos de dos meses del cierre del ejercicio, aseguran que ese reparto continúa pendiente.
Esta circunstancia, según los rectores, impide conocer con certeza los ingresos definitivos con los que deberán atender sus obligaciones, especialmente las relacionadas con las remuneraciones de sus plantillas.
La reclamación no implica que las universidades hayan dejado de pagar las nóminas, sino que denuncian una insuficiencia de financiación para cubrir los compromisos retributivos dentro del modelo acordado.
Los rectores calculan que faltan más de 41 millones para 2027
Las diferencias entre ambas partes también afectan al proyecto de presupuestos de la Junta para el próximo ejercicio.
El Gobierno andaluz ha anunciado una financiación universitaria de 1.979,5 millones de euros para 2027, lo que supone un incremento del 10,5% respecto al presupuesto de referencia de 2026.
Los rectores reconocen este aumento, pero consideran que no garantiza el cumplimiento íntegro de los compromisos establecidos.
Según sus estimaciones provisionales, faltarían al menos 15 millones de euros para aplicar correctamente la cláusula de salvaguarda.
A esta cantidad se suman más de 26 millones correspondientes a la actualización de los gastos corrientes incluidos en el capítulo II del presupuesto, relacionados con bienes y servicios necesarios para el funcionamiento ordinario de las universidades.
La suma de ambos conceptos supera los 41 millones de euros.
Las instituciones académicas también solicitan revisar los límites de gasto de personal, conocidos como cota de personal, para adaptarlos a la evolución real de las plantillas y de las obligaciones salariales.
La Junta defiende un aumento del 10,5% en la financiación universitaria
Frente a las reclamaciones de los rectores, la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, dirigida por Jorge Paradela, ha defendido el incremento de recursos incluido en el proyecto presupuestario de 2027.
En su comparecencia parlamentaria del pasado 3 de noviembre, Paradela detalló que la financiación destinada al sistema universitario público alcanzará los 1.979,5 millones de euros.
De esta cantidad, 1.925 millones corresponden al modelo de financiación, con un incremento de 137 millones respecto a la referencia del ejercicio anterior.
El consejero señaló que esta subida supera los 120 millones adicionales anunciados previamente por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
El Ejecutivo andaluz también ha destacado que los recursos destinados al sistema universitario representan el 3,6% del presupuesto autonómico previsto para 2027.
Estos argumentos forman parte de la posición presupuestaria defendida por la Consejería antes del comunicado difundido este viernes. No consta en las fuentes oficiales consultadas una respuesta posterior que resuelva específicamente la nueva reclamación de los 38 millones.
El modelo de financiación aprobado en 2023, centro de la discrepancia
El desacuerdo gira alrededor de la aplicación del modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas para el periodo 2023-2027, aprobado por el Consejo de Gobierno el 19 de septiembre de 2023.
La regulación establece diferentes instrumentos para distribuir los recursos, entre ellos la financiación básica, los mecanismos vinculados a resultados y la financiación de nivelación.
También incorpora una cláusula de salvaguarda destinada a garantizar una base estable de financiación, con las condiciones y limitaciones presupuestarias recogidas en el acuerdo.
Los rectores sostienen que la aplicación parcial de estos mecanismos y la utilización de aportaciones extraordinarias no consolidadas dificultan la planificación financiera de las instituciones.
Además, reclaman que se active de forma efectiva el mecanismo de nivelación para atender las necesidades de universidades que, según su valoración, arrastran desequilibrios económicos acumulados.
La preocupación no es nueva. En julio de 2026, las universidades públicas advirtieron de que el ejercicio 2025 había concluido con un déficit ajustado conjunto de 44 millones de euros.
Críticas a los préstamos para infraestructuras y a la reducción en investigación
Otro punto de discrepancia es la fórmula de financiación de determinadas inversiones universitarias.
El proyecto presupuestario contempla una línea de préstamos públicos de 50 millones de euros para infraestructuras, con tipos de interés situados entre el 1% y el 1,9%.
Los rectores reconocen que este instrumento puede facilitar la atención de necesidades puntuales, pero sostienen que no sustituye al plan plurianual de infraestructuras que reclaman a la Administración autonómica.
También lamentan que no se haya atendido su petición de eliminar los intereses de estos préstamos.
En materia investigadora, las universidades alertan de una reducción de las partidas que, según las cifras recogidas en su comunicado, pasarían de 158 millones a 127 millones de euros en 2027.
Esta disminución de 31 millones, aproximadamente un 20%, constituye otra de las preocupaciones expresadas por las instituciones académicas.
Los rectores consideran que la evolución de estas inversiones puede perjudicar la capacidad investigadora del sistema público universitario andaluz.
Las universidades advierten del riesgo de un déficit permanente
En su comunicado conjunto, los responsables universitarios advierten de que determinadas instituciones han agotado su margen de ajuste presupuestario después de varios ejercicios de dificultades financieras.
Según los rectores, mantener los desequilibrios actuales podría convertir el déficit en un problema estructural para el conjunto del sistema universitario público.
Las universidades han reiterado su disposición a continuar negociando con el Gobierno andaluz y a colaborar en los trabajos técnicos destinados a determinar los recursos necesarios.
Su petición inmediata es que se concrete y materialice el segundo reparto presupuestario de 2026, mientras reclaman revisar las insuficiencias que identifican en el proyecto de cuentas para 2027.
La resolución del desacuerdo dependerá de la validación de las cantidades pendientes, de las decisiones presupuestarias de la Junta y de la aplicación de los mecanismos previstos en el modelo vigente.
