“La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales”. John Rawls, Teoría de la justicia (1971).
La violencia machista, la violencia vicaria y los abusos sexuales a menores son problemas distintos, pero comparten una exigencia: que las instituciones escuchen a tiempo, actúen con rapidez y no dejen a la víctima desprotegida.
Cuando una mujer denuncia amenazas, una madre teme por la seguridad de sus hijos durante las visitas o un menor revela un abuso sexual, abrir un expediente no basta. Debe activarse un mecanismo de protección rápido, coordinado y verificable.
España dispone de un marco normativo amplio, pero la respuesta puede llegar tarde, quedar atrapada entre administraciones o apoyarse en una valoración insuficiente del riesgo. Proteger exige impedir el daño, además de perseguirlo cuando ya se ha producido.
Tres violencias que requieren respuestas específicas
La violencia machista se ejerce contra una mujer dentro de una relación de poder y control. Puede ser física, psicológica, económica o sexual e incluir amenazas, vigilancia y coacción. Su núcleo es la dominación.
La violencia vicaria utiliza el daño a los hijos e hijas para castigar, controlar o doblegar a la madre. Puede manifestarse mediante amenazas e instrumentalización de los menores y alcanzar, en sus expresiones más extremas, su asesinato.
La violencia sexual contra la infancia vulnera gravemente su integridad. El abuso de poder, la confianza traicionada y las dificultades del menor para comprender o denunciar lo ocurrido exigen una protección especializada.
Cuando la alarma llega tarde
Las leyes de protección frente a la violencia de género y de protección integral de la infancia, junto con los protocolos institucionales, establecen obligaciones. El problema aparece cuando esas previsiones no se traducen en actuaciones eficaces.
Una denuncia puede registrarse mientras se subestima el peligro. Un informe social puede advertir de desprotección y tardar en llegar al juzgado. Una orden de alejamiento no garantiza por sí sola que el agresor no vuelva a acercarse. Un menor puede dar señales de alarma sin que los adultos responsables articulen una respuesta rápida.
A ello se añade la revictimización: repetir el relato ante policías, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y jueces, en ocasiones en espacios inadecuados. La protección acaba convirtiéndose en una carga cuando obliga a revivir innecesariamente el sufrimiento.
«Proteger no es solo condenar después: es impedir que el daño ocurra.»
Escuchar y proteger con garantías
Escuchar exige tomar en serio el relato e investigarlo, sin convertirlo en una presunción automática de culpabilidad. La protección eficaz debe convivir con las garantías del Estado de derecho.
Una mujer que denuncia necesita saber si está en peligro, disponer de un lugar seguro, recibir información comprensible y contar con acompañamiento. La evaluación del riesgo debe traducirse en medidas efectivas: vigilancia, recursos de acogida, atención psicológica y seguimiento.
Con los menores, la escucha debe adaptarse a su edad y madurez. Son necesarios espacios seguros, profesionales especializados y declaraciones protegidas cuando proceda, evitando que tengan que repetir una y otra vez lo sufrido.
Ningún protocolo protege por sí solo si faltan personal, formación, medios o coordinación. Su utilidad se mide en la capacidad de responder a cada situación concreta.
La responsabilidad de los jueces
Los jueces tienen una responsabilidad central: valorar los indicios y el riesgo inmediato y adoptar medidas cautelares proporcionales y eficaces. Según el caso, pueden resultar necesarias órdenes de alejamiento, restricciones o suspensión de visitas, retirada de armas o intervención de los servicios de protección.
La igualdad formal entre progenitores no puede utilizarse para ignorar una asimetría real de poder. La decisión debe atender al peligro y a la seguridad de los menores, con información suficiente y una valoración individualizada.
También hacen falta juzgados con recursos adecuados y profesionales preparados. La calidad de la justicia depende de sus medios y de la formación de quienes la imparten, especialmente cuando deben reconocer señales de violencia vicaria.
«La igualdad formal entre progenitores no puede utilizarse para ignorar una asimetría real de poder.»
Coordinar para que la protección funcione
Fiscalía, policía, servicios sociales, sanidad y educación deben actuar como un sistema de protección. Si cada institución conserva una parte de la información sin compartirla a tiempo, la respuesta pierde eficacia.
La Fiscalía necesita recibir los avisos pertinentes; la policía, documentar los hechos y valorar el riesgo; los servicios sociales, evaluar la situación familiar; y los centros educativos y sanitarios, detectar y comunicar señales de alarma. El juez debe decidir con información completa.
Las reformas legales deben acompañarse de recursos, formación, plazos de actuación, indicadores públicos y supervisión. Reconocer una violencia en una norma sirve de poco si los servicios encargados de intervenir carecen de medios para hacerlo.
La protección frente a los abusos en entornos religiosos
Los abusos sexuales cometidos por algunos sacerdotes representan una vulneración especialmente grave de la confianza y de la protección debida a la infancia. La concentración de autoridad, la escasa supervisión externa y las dificultades para denunciar pueden favorecer situaciones de desprotección.
Esto no permite atribuir responsabilidad colectiva a todos los sacerdotes ni a toda la Iglesia. Sí obliga a exigir controles eficaces, canales de denuncia seguros e independientes, preservación de pruebas y reparación a las víctimas.
La protección del menor debe prevalecer sobre la reputación institucional y la lealtad corporativa. Ninguna posición de autoridad puede justificar que se minimice el abuso o se obstaculice su investigación.
Lo que debe cambiar
La respuesta institucional exige valorar el riesgo de forma inmediata y revisable; escuchar en condiciones seguras; adoptar medidas proporcionadas cuando existan indicios de peligro; y coordinar los servicios con responsables identificados y plazos exigibles.
También deben publicarse datos y auditarse los resultados. Sin conocer qué falla, dónde y por qué, será difícil corregir una respuesta insuficiente y exigir responsabilidades.
La protección de mujeres y menores no puede depender de la suerte, de la sensibilidad individual de un profesional o de que la tragedia ya haya ocurrido. Debe ser una obligación pública, medible y constante.
Publicado originalmente en El Contrapunt.cat



