Ya hay condena para Bernardo Montoya, el hombre acusado de agredir sexualmente y asesinar a Laura Luelmo en El Campillo (Huelva). La  Audiencia de Huelva ha dictaminado que cumplirá pena de prisión permanente revisable.

También le impone 17 años y medio de cárcel por un delito de detención ideal con el delito de agresión sexual con la agravante de género. Montoya tendrá que indemnizar con 400.000 euros a los padres y hermanos de la profesora zamorana. 

El magistrado-presidente del juicio con jurado concluye que no procede indemnizar al novio de la fallecida, ya que «no consta que la parte que lo solicita, acusación particular, ostente formalmente su representación procesal» y, además, «no consta que existiera una relación estable, con convivencia análoga a la del matrimonio».

Se suma además el agravante de reincidencia, ya que Bernardo Montoya fue condenado por sentencia firme de 31 de diciembre de 1997 de la Audiencia de Huelva por delitos de allanamiento de morada, obstrucción a la justicia y asesinato.

Los hechos del caso Laura Luelmo

La Audiencia recuerda que, tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular en un juicio celebrado a puerta cerrada, se declaró probado que los hechos se produjeron sobre las 17,30 horas del día 12 de diciembre de 2018.

Según las investigaciones, Laura Luelmo regresaba de hacer la compra en un supermercado y fue abordada por el condenado, que vivía frente a ella en una vivienda de la localidad onubense de El Campillo.

Según la sentencia, el acusado la introdujo «a la fuerza» en su domicilio «con intención de agredirla sexualmente», de modo que, una vez dentro de la casa, el condenado cerró la puerta, «impidiendo» que la víctima saliera de la vivienda y que se le prestase auxilio, comenzando en ese momento a propinarle «fuertes» golpes.

Estos golpes se produjeron mediante puñetazos y utilizando para ello además un objeto contundente, según prosigue la sentencia, que añade que, «aprovechando el aturdimiento e indefensión» de la joven, el acusado «le ató las manos a la espalda y le tapó la boca con cinta adhesiva», trasladándola a uno de los dormitorios del inmueble, «donde la agredió sexualmente».

Seguidamente, «con ánimo de acabar con la vida» de la víctima y «para evitar que se conociera la comisión de los hechos», el acusado le asestó un «fuerte» golpe con un objeto contundente, tras lo que, sobre las 18,42 horas, y «encontrándose aún con vida», el condenado la envolvió en una manta y la introdujo en el maletero de su coche, donde también introdujo un bolso con el teléfono móvil y otros objetos personales de la mujer.

El acusado, una vez en el vehículo, realizó un recorrido por los términos municipales de Minas de Riotinto, Nerva y El Campillo, dirigiéndose finalmente a un concreto paraje donde, entre las 19,44 y las 20,42 horas, dejó el cuerpo de la fallecida.

El cadáver estaba en una zona escarpada y de difícil acceso, todo ello «con intención de que su cuerpo no fuera hallado y sin comunicar el paradero del mismo hasta su detención».

La joven falleció aproximadamente a las 20,15 horas del día 13 de diciembre de 2018, siendo hallado su cuerpo el día 17 de diciembre de ese año en el mismo lugar donde fue dejado por el acusado.

La sentencia considera que «utilizó la violencia para conseguir su sumisión total a la satisfacción del deseo sexual, incurriendo en una conducta particularmente degradante para la mujer, de cosificación y dominación, que se corresponde con su propio concepto de los roles de género«. Sobre la condena adicional, la Audiencia considera que «es claro que la detención ilegal de la víctima constituyó un medio para la posterior agresión sexual».

De modo que «nos encontramos ante un concurso medial o instrumental, en el que el encierro» de la víctima en la casa del encausado «fue el medio utilizado para poder realizar seguidamente la agresión, y no tiene sentido ni finalidad sin ella», señalan desde la Audiencia onubense. 

El asesinato de esta profesora conmocionó al país ya que fueron masivas las concentraciones de repulsa y las carreras que se convocaron en recuerdo de la joven, que iba con ropa deportiva en el momento de su desaparición el 12 de diciembre de 2018.

Por su parte, la familia de la profesora siempre ha pedido el mayor de los respetos e intimidad para afrontar este trágico acontecimiento y de hecho el juicio fue a puerta cerrada, como solicitó su abogado. 

La acusación particular, así como Fiscalía y acusación popular, coincidían en pedir la prisión permanente revisable para Montoya. La defensa de Montoya anunció ya en su día que recurriría la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al entender ya en ese momento que sería desfavorable para su defendido.