La sanidad pública continúa infrafinanciada. Según indica el sindicato de enfermería, SATSE, el sistema andaluz de salud tendrá «serias dificultades» durante este año «para hacer frente a las necesidades sanitarias» de los ciudadanos y también «para mejorar las necesidades de medios y recursos» al no haberse aprobado los Presupuestos de la Junta planteados para 2022, lo que «ha impedido disponer de 1.100 millones de euros adicionales al presupuesto de 2021 que eran vitales para fortalecer» la sanidad pública.
Ya en noviembre este sindicato advirtió al conjunto de los grupos políticos presentes en el parlamento andaluz «que era vital aprobar unos nuevos presupuestos para 2022 y permitir consolidar un incremento económico para la Sanidad de 1.100 millones de euros adicionales a los presupuestos de 2021».
Una cantidad que, a juicio de Satse, «hubiese venido a paliar y resolver deficiencias estructurales que la Sanidad de Andalucía arrastra desde hace muchos años y cuyos efectos negativos repercuten drásticamente en ciudadanos y profesionales, máxime en una situación de grave crisis sanitaria como la que sufrimos desde hace dos años».
El sindicato ha incidido en que «no es razonable que en materia sanitaria no haya habido consenso parlamentario suficiente para en un ejercicio de responsabilidad priorizar el interés general y la seguridad sanitaria y salud de los ciudadanos y también la mejora de los profesionales que cada día la hacen viable con enormes dificultades y carencias de medios y recursos».
Ante ello, ha sostenido que «es evidente que cada grupo parlamentario ha de asumir su particular responsabilidad» ya que de haberse conseguido acuerdo, ha destacado, también «hubiese ayudado sustancialmente a estar mejor preparados ante próximas pandemias, que sin lugar a dudas vendrán tal como ya se afirma desde la propia ONU, pidiendo al mismo tiempo aumentar las inversiones en materia sanitaria».
Satse ha dicho confiar en que «al menos se haya aprendido la lección y tome conciencia cada grupo parlamentario de que la sanidad pública y sus profesionales han de ser una prioridad absoluta y debe quedar al margen de la lucha partidista, si de verdad se quiere mejorar el sistema sanitario de Andalucía por encima de otras cuestiones de difícil encaje en el sentido común de ocho millones de andaluces».
