La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza en la Administración Pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha expresado su deseo de que la futura Ley de la Función Pública de Andalucía despolitice y modernice la Administración, al tiempo que ofrezca mayores garantías sobre las potestades públicas del personal funcionario.
Así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta de CSIF Andalucía, Yolanda Salgado, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública para valorar el proyecto de Ley de la Función Pública de Andalucía, que ha calificado como “positivo en su globalidad” ya que “Andalucía necesita contar en este ámbito con una Ley actualizada y adaptada al siglo XXI”, al tiempo que ha destacado su carácter integral y los avances que plantea en cuanto a conciliación laboral, formación, promoción profesional y agilización de procesos.
No obstante, la responsable sindical ha matizado que el texto es susceptible de “mejoras que son vitales para que la futura norma responda a las necesidades de las empleadas y los empleados públicos y de la propia ciudadanía”, entre las que ha citado mayores garantías en la movilidad por razones de salud y en las potestades públicas, sobre las que ha reclamado que haya “la garantía jurídica necesaria que permita que dejemos de vernos abocados a la judicialización como consecuencia de la vulneración de las mismas”.
Respecto a la despolitización de la Administración, CSIF considera necesario ampliar la carrera profesional del personal funcionario hasta el máximo nivel (nivel 30), disminuyendo en contrapartida el número de puestos ocupados por el procedimiento de libre designación, según ha explicado Salgado.
La vicepresidenta de CSIF-A, que ha confiado en que dichas mejoras se incorporen al texto durante el trámite parlamentario en la Cámara andaluza, se ha referido a la evaluación del desempeño, “un concepto sobre el que se ha generado cierta desinformación” y que la dirigente sindical ha desvinculado del régimen sancionador, que ya se rige por la normativa básica sobre régimen disciplinario y por lo dispuesto en el Título XII del texto del proyecto de Ley, según ha explicado.
En este sentido, ha subrayado que “un resultado negativo en la evaluación del desempeño no supondrá en ningún caso pérdida retributiva ni menoscabo en el tramo de carrera profesional consolidado”. “Desde CSIF estamos tranquilos con el trabajo realizado en este sentido y hemos protegido con uñas y dientes los principios básicos contemplados en el TREBEP –Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público– para esta evaluación y así lo seguiremos haciendo en su posterior desarrollo reglamentario”, ha enfatizado a este respecto.
La organización sindical ha confiado en que el trámite parlamentario sirva para enriquecer la norma de la que finalmente se dote Andalucía para actualizar el régimen jurídico y el marco estatutario del sector público andaluz y para “modernizar, agilizar y despolitizar de verdad la Administración”, ha concluido Yolanda Salgado.
