Estella Branco | Estudante de Direito | UNISO
La inconstitucionalidad de los actos bolsonaristas comienza con el discurso intolerante y pistolero perpetrado por el expresidente Jair Messias Bolsonaro desde sus primeros momentos ante la opinión pública. Este discurso, que incitó a su masa de seguidores, desesperados por un cambio en la política del país, a expresar sus propios ideales violentos y emprender acciones criminales ante la derrota de las elecciones de 2022.
En noviembre de 2022, miles de bolsonaristas tomaron las carreteras estatales y federales del país, impidiendo el paso de los ciudadanos, como forma de protesta por el resultado de unas elecciones plenamente democráticas, incitando directamente a la conducta delictiva: Tentativa de Abolición del Estado Democrático de Derecho, según al artículo 359-L del Código Penal brasileño.
Fue necesario que los gobernadores de los estados del país determinaran la intervención de la policía militar, junto con las fuerzas activas de la policía vial federal, para despejar las vías públicas. Las manifestaciones antidemocráticas se trasladaron luego a las puertas de los cuarteles, donde permanecieron durante meses, reclamando la intervención militar en el país, hasta la toma de posesión del actual Presidente de la República, Luís Inácio Lula da Silva.
Tras la derrota, Jair M. Bolsonaro abandonó el país y se negó a entregar la banda que ha simbolizado el poder presidencial en el país durante más de 100 años, al ganador de las elecciones. Así, en una ceremonia única y memorable, la banda fue entregada por una combinación de minorías que sufrieron una discriminación desenfrenada en el país durante el gobierno de Bolsonaro, entre las que se encontraban: un niño, un jefe indígena, una persona con discapacidad y una mujer negra.
Sin embargo, continuaron las protestas antidemocráticas de los bolsonaristas, que cuestionaron la asunción del presidente Lula como un fraude, ofendiendo nuevamente el Estado Democrático de Derecho. El detonante de este discurso golpista llegó el 8 de enero de 2023.
En medio de una manifestación supuestamente organizada con el objetivo de protestar pacíficamente, los bolsonaristas habrían roto la barrera de seguridad de la Esplanada dos Ministérios, e invadido los edificios del Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal.
Allí habrían cometido varios hechos delictivos, causando daños a bienes públicos, destruyendo el patrimonio cultural y materializando su intento de abolir el Estado Democrático de Derecho, con un verdadero golpe de Estado. Para frenar a los vándalos bolsonaristas se necesitaba más que la intervención de la policía militar, que en muchos registros fue captada colaborando con acciones delictivas.
Así, el presidente Lula decretó, el mismo día, la intervención federal en la seguridad pública de Brasilia, ante tal brecha de seguridad, destituyendo al entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Anderson Torres, conocido bolsonarista, declarándolo cómplice de las manifestaciones.
Alrededor de 1.500 personas fueron detenidas tras el acto, y los financiadores del acto golpista fueron identificados en 10 estados. El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, destituyó al gobernador derechista del Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB – Movimiento Democrático Brasileño).
Posteriormente, abrió diligencia de investigación contra Ibaneis, y principalmente contra Anderson Torres, a quien dictó orden de aprehensión, para investigar los hechos golpistas de la invasión al altiplano. La exsecretaria estaba de vacaciones en Miami, y regresó a Brasil recién el 14 de enero de 2023, aún no hay noticias sobre su detención.
En un acto simbólico, Lula, ministros y gobernadores marcharon juntos por el destruido edificio del STF, representando un frente unido frente a los ataques antidemocráticos de los bolsonaristas. Las nuevas manifestaciones a favor de Jair M. Bolsonaro pierden fuerza en todo el país. Continúa la investigación contra los hechos golpistas del 8 de enero.
Incluso después de la depredación, el Palacio del Planalto ya acogió su primer acto oficial: la toma de posesión de las ministras Anielle Franco y Sonia Guajajara. Uma mujer negra y uma mujer indígena. La democracia gana y el gobierno de Lula comienza con la promesa de justicia para las minorías.
