Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, habría pagado parte de la hipoteca de una vivienda con dinero procedente de presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos adjudicados por la institución provincial.
El documento, remitido al juzgado que investiga la conocida como trama de las mascarillas en la Diputación almeriense, sostiene que el exdirigente del Partido Popular habría recibido dinero en metálico procedente de adjudicaciones irregulares y lo habría utilizado posteriormente para abonar cuotas de un préstamo hipotecario.
Una investigación que se amplía
La causa judicial, abierta en 2021 por posibles irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia de COVID-19, ha ido ampliando su alcance con el paso del tiempo. Los investigadores sostienen ahora que la trama también afectaría a contratos de obra pública y otros servicios de la Diputación.
Según los informes de la Guardia Civil, la red investigada se habría articulado alrededor de varios cargos públicos y empresarios que presuntamente habrían participado en adjudicaciones amañadas a cambio de comisiones. Entre los investigados figuran también el exvicepresidente provincial Fernando Giménez y el exdiputado Óscar Liria.
El juez instructor ha elevado ya a 43 el número de personas investigadas, entre cargos políticos, funcionarios y empresarios, dentro de unas diligencias que apuntan a delitos de organización criminal, fraude, prevaricación, malversación, cohecho y blanqueo de capitales.
Posibles maniobras de blanqueo
De acuerdo con el informe policial, el expresidente provincial habría utilizado cuentas de familiares para canalizar parte del dinero procedente de las presuntas comisiones, con el objetivo de ocultar su origen.
Los investigadores también analizan movimientos en efectivo y transferencias vinculadas a sociedades familiares, así como la utilización de estructuras empresariales para introducir el dinero en el circuito legal.
Situación judicial
Tras su detención en noviembre de 2025, García quedó en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
La investigación continúa abierta y el magistrado instructor ha citado a declarar a los investigados para esclarecer el presunto entramado de corrupción que habría operado en el seno de la Diputación almeriense durante los últimos años.
Las revelaciones del informe de la UCO han provocado reacciones en el ámbito político andaluz. Desde la oposición, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, comparezca en el Parlamento autonómico para dar explicaciones sobre el caso, dado que el exdirigente investigado formó parte de la estructura territorial del Partido Popular en la región.
