Nuevas informaciones publicadas en ‘eldiario.es’ han hecho que el PSOE de Andalucía vuelva a alzar la voz sobre lo que la portavoz de Salud socialista ha calificado como el «escándalo» en relación con la «contratación sanitaria» por el mecanismo de emergencia durante los primeros años de la pandemia de Covid-19 por parte de la Junta de Andalucía.
En este sentido, María Ángeles Prieto analiza un informe de auditores del Servicio Andaluz de Salud que constata «lo que llevamos meses denunciando» desde su formación en relación a «los contratos irregulares, a dedo, sin control que se han producido en los últimos años» por parte de la Junta.
Sobre esta cuestión también se ha pronunciado este martes el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en un apunte en su cuenta en la red social ‘X’ previo a la rueda de prensa de la portavoz parlamentaria socialista de Salud, en el que ha escrito que «la responsabilidad última de estos hechos era del actual presidente del Parlamento, antes consejero» de Salud, Jesús Aguirre, «y del señor (Juanma) Moreno Bonilla», presidente de la Junta. «Ambos votaron ‘no’ a la comisión de investigación que solicitamos antes del verano», ha enfatizado el líder socialista en dicha red social.
María Ángeles Prieto ha agregado que «lo que se pone encima de la mesa» con dicho informe de auditores «son las irregularidades ocurridas durante los años 2020 y 2021» de la mano de «la Consejería de Salud», entonces dirigida por Jesús Aguirre, «el mayor caso de corrupción sanitaria de Andalucía», según ha aseverado.
«Son demoledores los informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que se añaden también al informe que hizo la Cámara de Cuentas sobre la misma circunstancia», ha agregado la representante socialista, que ha denunciado que «el 98% de la contratación que se hizo durante los años 2020-2021 en la Consejería de Salud presentan graves irregularidades», y se hicieron «a dedo, saltándose todos los controles previstos en la legislación vigente para garantizar la transparencia y para que todas las empresas puedan concurrir en igualdad de oportunidades», así como para asegurar que las entidades que optaran a «ofertar servicios sanitarios cumplen los requisitos de calidad y profesionalidad».
«Son más de 300 millones de euros de dinero público que ha ido a manos privadas sin control, de una manera oscura y saltándose todos los principios y todas las normas de la Ley de Contratos del Sector Público«, ha abundado la representante del PSOE-A para agregar que «el informe de Intervención de la Junta dice que no está justificada la contratación por vía de emergencia» cuando «la época crítica de la pandemia» de Covid-19 «había pasado».
