El Juzgado número uno de Carmona (Sevilla) ha resuelto incoar diligencias previas en torno a la denuncia del PSOE contra el alcalde de Mairena del Alcor, el popular Juan Manuel López; su antecesor en el cargo, presidente provincial del PP y delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Ricardo Sánchez; y el otrora apoderado de la empresa Previpaz S.L. y actual coordinador de Empresas en la Ejecutiva regional del PP, Francisco Rodríguez Roa, por el proyecto promovido para la instalación de un tanatorio privado en el polígono El Gandul.
En un auto adelantado por la edición andaluza de Eldiario.es, el Juzgado míxto número uno de Carmona expone que de la denuncia del PSOE se deduce «la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa», con lo que ordena librar oficio a la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla «para que realice las investigaciones oportunas dirigidas al esclarecimiento de los hechos» y dar «traslado al Ministerio Fiscal para su conocimiento».
Según la denuncia del PSOE; en 2015, durante la etapa de Ricardo Sánchez como alcalde de Mairena del Alcor, el Ayuntamiento «promovió un estudio de viabilidad para la elaboración de un proyecto de construcción y explotación en régimen de concesión de obra pública de un tanatorio en el cementerio municipal», aprobando tal extremo el pleno y siendo licitada la contratación de la redacción técnica del proyecto, para después aprobar el anteproyecto «a los efectos de iniciar los trámites del procedimiento de contratación de la concesión de obra pública».
Pero según el PSOE, «a pesar» de dicho acuerdo plenario, Ricardo Sánchez como entonces alcalde, «haciendo dejación de sus funciones, no impulsó la voluntad popular contenida en el citado Pleno Municipal, siendo que no fue hasta mediados de 2018 cuando volvió a retomar el expediente» encargando un nuevo informe a la Secretaría General, apreciando los socialistas una presunta actuación «prevaricadora por omisión».
LA SUBASTA DE LAS PARCELAS MUNICIPALES
En paralelo, en 2017, según la denuncia, el Ayuntamiento enajenó dos parcelas municipales donde hoy se alza el tanatorio privado de la localidad y «como quiera que la subasta quedó desierta, inició los trámites para la adjudicación directa de los mencionados terrenos, que concluyó en julio de 2018, con la adjudicación a la mercantil Compañía Pineda Álvarez», por 173.693 euros, «un importe cuatro veces menor a su valor, un verdadero chollo urbanístico».
A la hora de este procedimiento, según la denuncia del PSOE, «en el pliego de cláusulas administrativas no se incluyó la cláusula anti-especulación que el Ayuntamiento ha venido recogiendo por norma en todas las licitaciones de enajenación de suelo público en dicho sector industrial».
El PSOE señala especialmente a Manuel Ruiz Pineda, como responsable de la empresa Pineda Álvarez y miembro de la candidatura municipal de Cs en las elecciones locales de 2019 en El Viso del Alcor y del PP en 2023, exponiendo que en 2018, los populares Ricardo Sánchez como alcalde y Juan Manuel López «aparecen en el acta de la Gerencia de Urbanismo que aprobó la adjudicación del contrato de enajenación o venta de los terrenos a Pineda», entonces futuro candidato local de Cs y posteriormente en 2023 candidato del PP.
La denuncia agrega que después de que en febrero de 2019 Ricardo Sánchez dejase la Alcaldía de Mairena para ocupar el puesto de delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, en octubre de 2021, la empresa de Pineda transmitió «la titularidad de las parcelas adquiridas a la entidad Previpaz, de la que era apoderado Francisco Jesús Rodríguez Roa», siendo ambos Pineda y Roa, «compañeros de partido» en el PP, para «la construcción y explotación de un tanatorio crematorio, exclusivamente privado, para beneficio económico de éste», extremo que los socialistas atribuyen a un concierto entre todos los aludidos.
EL DESTINO DEL PROYECTO MUNICIPAL
En este marco, el PSOE achaca a Juan Manuel López, ya como sucesor de Sánchez en la Alcaldía, y además a este último como supuesto alentador, la directriz de «paralizar cualquier iniciativa municipal tendente a la construcción y explotación del tanatorio público, previsto en la parcela colindante al cementerio municipal, incumpliendo de esta forma el mandato del pleno y contraviniendo además los informes jurídicos de los habilitados nacionales que abogaban por el carácter público del servicio», porque la iniciativa pública «haría peligrar la viabilidad económica del privado de su amigo».
La denuncia también menciona a la empresa Gesit Trazabilidad de Proyectos, «que colabora habitualmente con Previpaz en la construcción de los tanatorios que esta gestiona», señalando que la misma presentó ante el Ayuntamiento un proyecto de construcción de tanatorio en las parcelas en cuestión, que «preveía la adecuación en un futuro de un horno crematorio»; acordando después «tramitar exclusivamente el proyecto de tanatorio, sin referencia a la cafetería ni al crematorio» ante los informes contrarios a esta última actividad.
En octubre de 2021, así, Juan Manuel López como alcalde «concedió licencia de obra a favor de la entidad Gesit Trazabilidad de Proyectos, para la construcción de un centro tanatorio»; agregando los socialistas que a día de hoy, «Previpaz no sólo no ha solicitado licencia de obra para la instalación del crematorio, sino que incluso no cuenta con las autorizaciones preceptivas», pero según los socialistas sí lo tendría instalado, para lo cual aporta una imagen de una sala con maquinaria.
De este modo, la denuncia atisba un supuesto plan para, «durante la ejecución del proyecto, llevar a cabo de manera simultánea la obra de la cafetería y del crematorio, que era la verdadera voluntad de Rodríguez Roa, para hacer más rentable el negocio, la cual regularizarían con posterioridad». Los socialistas avisan en su denuncia de un supuesto caso de «tráfico de influencias entre los dirigentes del PP», para un «negocio redondo».
EL ALCALDE ASEGURA QUE ES UNA «PATRAÑA»
El alcalde, el popular Juan Manuel López, respondía meses atrás de su lado que se trata de un «proyecto privado en suelo privado» por parte de una empresa «con más de 50 años» de experiencia en el sector funerario. «No podemos denegar una actividad que sea legal y cumpla los requisitos que marca la ley», señalaba, agregando que el Ayuntamiento no pregunta a los inversores por «su filiación política», sino que les requiere «cumplir la legalidad». Al punto, argumentaba que esta empresa cuenta con crematorios en diferentes localidades gobernadas por el PSOE.
El primer edil precisaba además que el proyecto funerario municipal «nunca planteó un crematorio» y que el mismo «sigue en vigor», mientras en el caso del crematorio de Gesit, según sus palabras, estaría entonces pendiente de autorizaciones, negando así las acusaciones del PP, que tachaba de «patrañas».
