Abogado penalista, ejerciente durante algo más de once años, se estrenó en la política local como concejal de Urbanismo y pronto cosechó varias mayorías absolutas al frente del ayuntamiento de su pueblo, Baza.
Su trayectoria le ha permitido ejercer varios cargos públicos como el de presidente la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza, delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en Granada o vicepresidente primero de la Diputación provincial.
Pedro Fernández Peñalver, actual delegado del Gobierno en Andalucía, es un firme defensor de los servicios públicos que, en su caso junto al sistema de becas, le permitieron estudiar y licenciarse. Los considera esenciales para que las personas puedan desarrollar todo su potencial personal y profesional con independencia de su lugar de nacimiento o de su renta.
Es también partidario proyectos políticos “que integren a la sociedad civil y en los que la militancia de los partidos y perfiles independientes participen mano a mano”.
Este socialista, de 57 años y padre de dos hijos, muestra verdadera pasión por su tierra, pero se siente también muy vinculado a Ibiza, una isla que considera su segundo pueblo y a la que le unen fuertes lazos desde su más temprana infancia.
No es un secreto que la representación institucional y la política terminan por secuestrar una gran parte del tiempo personal de quienes deciden ejercer esta actividad. Fernández no es una excepción y, aunque a menudo le cuesta encontrar el momento, le gusta caminar, practicar deportes como el ciclismo de montaña o desconectar con una de sus mayores pasiones, la literatura. Entre sus preferidos están Gabriel García Márquez y sus Cien años de soledad, El túnel de Ernesto Sábato o Tiempo de silencio de Luis Martín-Santos.
La semana empezó con unos excelentes datos de empleo. ¿Influye la política en la creación de empleo o es un mérito exclusivo de los empresarios?
Todo influye. Se han impulsado normas que favorecen el empleo en términos cuantitativos y también cualitativos. Los datos que hemos conocido son muy importantes y me gustaría destacar el empleo juvenil y el de las mujeres, que han pasado de los 10 millones de afiliadas a la seguridad Social.
La certidumbre de tener un contrato indefinido y poder hacer un proyecto de vida, frente a un contrato que está sometido a la precariedad, es positiva para la economía. Cuando no sabes cuántas horas vas a trabajar o incluso cuándo te van a despedir porque eso puede ocurrir en cualquier momento, sin ni tan siquiera una justificación, restringes el gasto. Eso tiene un efecto en la economía porque se produce un menor consumo de los hogares.
La mejora de este consumo es ahora mismo uno de los principales elementos del crecimiento económico en España. Estamos a la cabeza -solo por detrás de EE.UU.- en crecimiento económico, a nivel internacional y, por supuesto, en Europa. Tiene que ver con el consumo de los hogares, es decir, con el consumo interno, además de las exportaciones que también generan un ingreso importante.
Un país con trabajadores fortalecidos, con capacidad para consumir y decisión para invertir, genera riqueza y, a su vez, más empleo. Esto también lo propician los marcos legislativos que crea un gobierno.
Pero, en economía todo está interrelacionado. En el actual contexto internacional, ya sabemos que influye la geopolítica, la geoestrategia, los conflictos… lo estamos viviendo. La invasión de Rusia en Ucrania o la de Israel en Gaza son situaciones que alteran todos los precios, se produce un encarecimiento de los recursos necesarios para la producción. Si el petróleo fluctúa, evidentemente tiene un impacto directo en la mayor o menor creación de empleo.
Lo que está claro es que la economía es miedosa y avanza solo si percibe certidumbre y garantía. Si creas unas condiciones de país favorables a la inversión, sobre todo porque generan estabilidad, entonces creces. Son las circunstancias que han acontecido desde el año 2018, con el gobierno del Partido Socialista y con Pedro Sánchez a su cabeza.
Una pandemia, guerras, volcanes, encarecimiento del precio de los alimentos y la energía… ha ocurrido todo lo inimaginable y, a pesar de ello, estamos batiendo récords permanentemente. Es una concatenación de decisiones acertadas, una detrás de otra. Hemos salvado miles de empresas, también andaluzas, y con ello muchísimos empleos, a través de los préstamos ICO o los ERTE. Eso es una decisión de gobierno, de un gobierno progresista.
Como también lo fue, junto a Portugal, la llamada excepción ibérica que blindó el precio del gas y consiguió un abaratamiento de la luz, cuando existía un encarecimiento desorbitado de la electricidad en todo el contexto europeo. Fue una decisión que más tarde imitaron otros países y que aquí se convirtió en garantía de estabilidad en el precio de la energía que, al bajar, repercutió en menor coste y mayor competitividad para las empresas españolas.
Cuando un gobierno tiene una previsión de inyección económica de 170.000 millones de euros, 70.000 de ellos a fondo perdido y el resto con obligación de devolverlos, pero que permiten generar empleo, a través de PERTES, transferencias a las comunidades autónomas, o convocatorias para los ayuntamientos; cuando un gobierno lanza 5.000 millones de euros para la digitalización, por ejemplo, del ciclo interior del agua en municipios de menos de 5000 habitantes, o 14.000 millones de euros para zonas de bajas emisiones, o para un PERTE de ciclo integral del agua, o para el impulso del hidrógeno verde… Entonces, ese gobierno, al final, está inyectando recursos al mercado y hay muchas empresas de todos los tamaños que, automáticamente, acuden y participan. Esas empresas generan empleo.
Este gobierno hace una clara apuesta por las empresas y entre sus objetivos está siempre favorecer a Andalucía. No solo ahora, conviene recordar el caso de los astilleros de Cádiz y la intervención de la entonces ministra Reyes Maroto que, siempre ha tenido un papel muy discreto, pero a su vez muy resolutivo. Fue ella quien consiguió relanzar a Abengoa, que estaba hundida, porque la Junta miró para otro lado y no quería saber nada.
Además, se han propiciado reuniones de alto nivel, en Madrid, o durante la COP28 (28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), por ejemplo, en las que el Gobierno central, con la participación de Puertos del Estado, y empresas como Maersk adquirieron compromisos que han permitido su desembarco andaluz, través de C2X. Se planteó la existencia de un eje entre dos espacios que eran muy buenos para propiciar ese desarrollo y aprovechar las sinergias de empresas ya asentadas, como CEPSA. El resultado es una previsión de entre 2.500 y 3.000 millones de euros de inversión en la zona del Campo de Gibraltar y Huelva, con los polos químicos y con los puertos como referentes, donde el hidrógeno verde o el metanol se dan cita.
En definitiva, claro que tienen que ver las políticas y las medidas que impulsan los gobiernos en la creación de empleo.
La necesidad de más y mejores infraestructuras es una reclamación recurrente en Andalucía, sobre todo por parte de las provincias más periféticas. Es también recurrente la confrontación entre administraciones y el baile de cifras invertidas. ¿Con qué proyectos reales cuenta Andalucía hoy?
Quiero ser claro en esto: jamás ha habido un periodo en el que la inversión haya sido tan alta en Andalucía por parte de un gobierno central como desde el año 2018 hasta la fecha actual.
Durante los siete años de gobierno del Partido Popular en España se hizo la mínima inversión posible en Andalucía.
Desde el año 2018, son más de 3.500 millones de euros los licitados para Andalucía. Pero, además, el actual gobierno al llegar se encontró con muchos proyectos que se habían dejado en un cajón. Es importante apuntar que los proyectos no son eternos, retomarlos supone una nueva inversión porque las licencias y permisos suelen caducar en 4 años y se requieren nuevos informes, por ejemplo, de impacto medioambiental. En muchos casos, la tecnología que se había previsto ha quedado obsoleta y existen avances tecnológicos aplicables que deben ser incorporados. Dejar un proyecto abandonado durante años supone que luego hay que iniciarlo de nuevo con lo que esto implica en tiempo y esfuerzo económico.
La Junta de Andalucía sabe que el Gobierno de España lo está haciendo bien y sabe que está recibiendo más dinero que nunca, precisamente por eso utilizan la estrategia de desviar la atención. El presidente Moreno Bonilla, desde una falsa moderación y con un gesto de aparente amabilidad, aplica las mismas políticas que Ayuso en Madrid y, además, utiliza la misma estrategia, que es atacar directamente a Pedro Sánchez y al Gobierno central. Es la actitud de un niño de colegio que siempre tiene la salida de culpar al maestro.
Andalucía fue la comunidad autónoma en la que menos se invirtió durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy en materia ferroviaria, sin embargo, hoy, el Partido Popular reclama permanentemente inversión para estas infraestructuras. En aquel entonces, incluso las inversiones que estaban previstas para Andalucía se llevaron a otras comunidades autónomas como Canarias o, curiosamente, Galicia.
El actual gobierno de Pedro Sánchez está haciendo la mayor inversión ferroviaria para el desarrollo de Andalucía. Con el eje principal Algeciras-Bobadilla, es una reclamación histórica que está avanzando y va como un cañón en este momento. Va a permitir la famosa autopista ferroviaria con Madrid-Zaragoza, a la que también Huelva se une en Sevilla. Una autopista ferroviaria que permite un flujo importantísimo y el tránsito de vehículos pesados que van encima de las plataformas de esos trenes.
Algo histórico que está pasando muy desapercibido es la conexión del AVE entre Almería y Murcia, con 17 tramos de ejecución y 3.500 millones de inversión. En el año 2026, que es la fecha de justificación de fondos europeos, ya estará en funcionamiento.
Es un proyecto muy relevante porque no solo se da respuesta a esa reivindicación histórica de las provincias más periféricas, en este caso Almería, que va a comunicar con un AVE de doble vía con Murcia, sino que permite además que Andalucía se enganche al corredor Mediterráneo, es decir, que se podrá viajar desde Algeciras hasta Ucrania a través de la Red Transeuropea de Ferrocarril.
También está la conexión por vía Almería-Granada, una vía del siglo XIX absolutamente abandonada, que ya cuenta con un estudio aprobado y una inversión prevista de más de 900 millones de euros. Ya han salido a licitación los cinco primeros proyectos que determinarán qué actuaciones -la mejora del radio de curvas, la eliminación de pasos a nivel, etc- para mejorar la capacidad y rebajar sustancialmente los tiempos entre Granada y Almería, será una opción competitiva con cualquier otro medio de transporte, permitiendo también -gracias a los cambiadores que han instalado en Granada- que puedan aumentar las frecuencias de Almería con Madrid y con Sevilla.
Desde Granada hasta Antequera, donde hay una sola línea de tren, se van a duplicar las vías. Es decir, en lugar de cuatro trenes se podrá disponer de ocho, o en lugar de seis, podrán ser doce. Y va a permitir también la salida de mercancías desde Granada, algo que hasta ahora mismo no es posible.
Pero, además, hay un compromiso con Huelva que tiene una petición histórica de alta velocidad y no está descartado el AVE.
Se ha hecho con Granada, que es otra de los grandes logros de este gobierno. Granada-Málaga están, por primera vez en la historia, comunicadas de manera directa a través de un de un Avant.
Es muy importante mejorar las cercanías, la media distancia y, sobre todo, las comunicaciones con los hubs.
¿Qué puede decirnos de las infraestructuras hidráulicas?
En materia de infraestructuras hidráulicas, son 1.200 millones de euros, parte de ellos ya ejecutados y parte en ejecución, los que el Gobierno de España está destinando a Andalucía.
Sin olvidar que el Plan Hidrológico del Guadalquivir prevé 4.000 millones de euros en inversiones hasta el año 2027.
Además de las obras de emergencia que se han hecho, las más inmediatas, el Gobierno de España está haciendo proyectos que estaban absolutamente olvidados. Por ejemplo, el Túnel de San Silvestre, que supone el 70% del agua que recibe Huelva. Ahí está la obra, ya en ejecución, con 73 millones de euros de dotación económica.
Son también 706 millones de euros los destinados a Doñana, al parque natural y al entorno de catorce municipios. La firma está prevista para el lunes próximo.
Otra de las obras más reclamadas en el caso concreto de la Costa Tropical de Granada, Costa tropical de Granada, Motril, Salobreña y Almuñécar es la presa de Rules. Mediante un compromiso del Gobierno de España, con cargo al Plan de Recuperación, se está llevando a cabo una obra con 11 tuberías o desglosados, que terminará garantizando el 100% (10.000 hectáreas) del agua en esta costa granadina. La suma comprometida para el proyecto por parte del gobierno central son 106 millones de euros.
Durante el año 2012, tras un año de gobierno de Mariano Rajoy, una riada anegó por completo la desaladora de Cueva de la Almanzora, con una capacidad de 15 hectómetros cúbicos. Hasta la llegada del actual gobierno socialista, no se ha hecho absolutamente nada con este asunto. En 2019 se inició un proyecto de reparación y mejora que evitará que pueda ocurrir lo mismo y que instalará una planta fotovoltaica que incrementará la eficiencia, convirtiendo esos 15 hectómetros cúbicos en 20. En Almería, serán otras dos desaladoras, la de Carboneras y la de Campo de Dalías, las que también mejoren sus sistemas e incrementen su eficiencia con plantas fotovoltaicas. En total Almería incrementaría 39 hectómetros cúbicos más de agua.
A ello se suma otra desaladora más, a la que también se ha comprometido el Gobierno central, también en la zona del bajo Almanzora. Su inversión es de 100 millones de euros y estará en torno a otros 20 hectómetros cúbicos aproximadamente más al año. También está la desaladora de la zona de la Axarquía, o la obra de emergencia llevada a cabo en Sierra Bollera y la Colada, asumida por el gobierno central siendo competencia de la Junta Andalucía …
Son tantas actuaciones las que está llevando a cabo este gobierno que resulta imposible concretarlas todas en esta entrevista. Sin duda, el Gobierno de España está haciendo la mayor inversión de los últimos tiempos en infraestructuras para Andalucía.
La oposición insiste en denunciar que los fondos europeos destinados a Andalucía no se están ejecutando y la Junta niega este hecho. ¿Con qué datos cuenta la delegación del Gobierno?
Hay un pésimo grado de ejecución.
Es histórica la cuantía económica que está llegando a Andalucía también a través de fondos europeos, concretamente, casi 7.000 millones de euros de los Next Generation a través del Plan de Recuperación del Gobierno de España.
En el marco de las conferencias sectoriales, se dio participación a las comunidades autónomas y a la administración local para alcanzar un consenso en el reparto de los fondos y, a partir de ahí se acordó que, de esos 7.000 millones de euros, cerca de 4.200 los gestiona directamente la Junta de Andalucía. El resto, hasta los 7.000 millones de euros, lo gestiona el Gobierno de España a través de convocatorias y subvenciones invertidas aquí, en Andalucía.
El gobierno de la Junta de Andalucía no está siendo capaz de ejecutar ese capital tan importante de 4.200 millones de euros que gestionan directamente. Andalucía tiene el grado de ejecución de los más bajos de todas las comunidades autónomas de España. No lo digo yo, lo dice la Cámara de Cuentas una y otra vez. La última vez que lo ha dicho ha sido precisamente refiriéndose al 2022, en el último informe que ha publicado y que ha entregado al Parlamento.
Me preocupa la Junta de Andalucía y su escasa capacidad de gestión, porque no hablamos de que la inversión esté distribuida ya entre otras administraciones locales o los proyectos estén asignados, hablamos de que en 2026 la inversión debe estar ejecutada y los proyectos en marcha. De no ser así, Europa reclamará la devolución de esos fondos.
Me preocupó también cuando tuvieron que devolver casi 400 millones de euros de una línea de ayuda extraordinaria post COVID, destinada a la recuperación de los autónomos y las pequeñas y medianas empresarias, las pymes. Tuvieron que devolver esta cuantía, son datos contrastables, está ahí la devolución. La asignación fue de 1.100 millones de euros. Canarias recibió 1.300 y Cataluña, 1.200 e invirtieron el 100% de esas ayudas. ¿Por qué Andalucía tuvo que devolver 400 millones? El gobierno andaluz usa de forma recurrente la excusa de la dificultad para la tramitación, la burocracia, etc. pero la realidad es que los trámites son los mismos para todos los territorios, unos cumplen al 100% y otros, como Andalucía, tiene que devolver millones de euros.
En el lado opuesto está el Gobierno de España, que está entre los primeros países de Europa en grado de ejecución de fondos. Se están recibiendo ya distintos pagos parciales porque se van cumpliendo con los hitos, tanto normativos, de reformas legislativas, etc. como de justificación de la gestión de ese dinero.
El ejemplo está en que el Gobierno central ya tiene configurados todos los PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación económica), están todos lanzados, la inversión -un número importante de millones de euros- está ya inyectado en el mercado y lleva un muy buen ritmo.
No entiendo que se esté siempre señalando al Gobierno central, pidiéndole más dinero, a la vez que se rebajan los impuestos a los más ricos, dejando de ingresar 400 millones de euros todos los años y no hay capacidad para ejecutar e invertir lo que está llegando a Andalucía.
A su vez, también existe una reclamación histórica que tiene que ver con la infrafinanciación de Andalucía. ¿Cuál es su opinión?
Andalucía está recibiendo más financiación ordinaria que nunca y más fondos extraordinarios que nunca.
No solo a través de las transferencias extraordinarias del Plan de Recuperación. Están también los llamados REACT-EU que tienen el objetivo de reforzar servicios como la educación o la sanidad. Son unos fondos extraordinarios que complementan a los que se reciben habitualmente, por ejemplo, los FEADER.
En fondos REACT-EU, Andalucía ha recibido más de 1.880 millones de euros a Andalucía para reforzar, sobre todo, la sanidad después de la pandemia. Ahí está la situación de la sanidad pública andaluza, los datos de las listas de espera, etc.
Y ahí está, ya has visto cómo está la sanidad, no lo tengo que decir yo, están ahí los datos.
A finales del 2024, Andalucía habrá recibido 44.000 millones de euros más de financiación, un 46% más, que en los seis años anteriores a 2018.
En 2024, Andalucía va a recibir 12.500 millones de euros más de financiación. De ahí, que la ministra María Jesús Montero, ante la petición de la Junta de Andalucía que se remite de forma permanente a los 4.000 millones de euros que ella misma reclamaba hace unos años, pregunta si se está renunciando al resto hasta los 12.500. Los 4.000 millones de euros que reclama la Junta es una cuantía desfasada, pues ha quedado superada. El Gobierno central está transfiriendo el triple.
Ante el debate de si es necesario un nuevo modelo de financiación. Sí, rotundamente. Y para ello es necesario un acuerdo de todas las comunidades autónomas.
Cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha puesto encima de la mesa este asunto, otras comunidades gobernadas por el Partido Popular se han negado.
La financiación de los territorios responde al parámetro de población ajustada, lo que significa que es estrictamente por número de habitantes, porque hay territorios cuyas características generan mayores necesidades de financiación. No es lo mismo una población envejecida que va a requerir de una mayor atención sanitario o en dependencia que una población más joven. No es lo mismo un territorio afectado por la despoblación o donde unos municipios distan mucha distancia geográfica de otros, que va a requerir de un esfuerzo, por ejemplo, en transporte público importante.
En definitiva, hay parámetros a tener en cuenta que son justos y que, a su vez, dificultan un acuerdo. Lo que es absolutamente desleal es culpar al gobierno de España, cuando son compañeros de partido de Moreno Bonilla los que están en desacuerdo con su planteamiento.
En los últimos veinte años son 1248 las mujeres asesinadas por violencia de género. ¿Qué más podemos hacer?
El compromiso del Gobierno de España por combatir la violencia machista es total. Si no me equivoco, la última transferencia aprobada es de 55 millones de euros con cargo al pacto de Estado contra violencia de género. Un pacto que nació en el 2017, pero es en 2018 cuando se dota económicamente y, a partir de ahí, se ha ido incrementando la cuantía permanentemente.
En Andalucía, en este momento, son más de 23.000 los casos activos registrados Viogén. Es un asunto sumamente grave, al que hay que destinar recursos. Las políticas hay que dotarlas económicamente y, además, acompañarlas de una gestión eficaz.
Se están ampliando medidas y recursos, se ha transferido a Andalucía 11 millones de euros para la creación de centros de crisis contra la violencia sexual. Se trata de centros abiertos 24 horas al que pueden acudir las mujeres a partir de los 16 sin necesidad de denuncia previa. Andalucía aún no los ha puesto en marcha.
En el sistema Viogén están incorporados 250 ayuntamientos y estamos trabajando para que más ayuntamientos se adhieran a esta herramienta, es imprescindible.
Se está implementando una nueva normativa más exigente en cuanto a dejar inactivo un caso que está sometido a Viogén y tiene vigilancia y control activadas por un juez.
Se está poniendo en marcha el Protocolo 0, que permite a la guardia civil, policía nacional o local, actuar de oficio ante estos casos. Un agente de la autoridad puede directamente acudir a la fiscalía y denunciar sin que sea necesario que denuncie la mujer.
Se ha evitado la reiteración de las declaraciones, para que la mujer no tenga que estar haciendo la misma declaración una y otra vez, en la comisaría, en el juzgado y posteriormente en la oficina de información de la mujer, etc. El objetivo es evitar la exposición de la mujer en una situación tan sumamente complicada.
Esto es un problema de todos y de todas. No es solamente es un problema que competa a la custodia judicial y policial, cuando llega el momento que, que desde luego es fundamental.
Las asociaciones de mujeres hacen un trabajo encomiable y, por lo tanto, hay que ayudar a que estén permanentemente en activo y no dejarlas casi morir, prácticamente por inanición sin otorgarles la subvención que le corresponde o no se les asigna a tiempo. Esto es lo que está haciendo hoy la Junta de Andalucía.
Y es muy importante la educación para erradicar el machismo. Lamentablemente hoy se intenta normalizar por parte de la derecha un discurso negacionista que hay que combatir con todas las fuerzas. La sociedad no puede relajarse. Lo que más me preocupa son los datos que arrojan las encuestas sobre la gente más joven, que incluso cree que el control del móvil de la pareja, por ejemplo y no es machismo. y no es proclive a que eso genere violencia de género el día de mañana.
Es fundamental es que haya una reprobación permanente de este machismo. Desde pequeños, también en la educación familiar y escolar, hay que apostar por la igualdad y el respeto a los derechos humanos, porque estamos hablando del derecho humano a vivir.
La reciente ausencia del presidente del Gobierno ha suscitado un debate aún mayor sobre la crispación en el contexto político y el papel de los medios de comunicación y de los órganos judiciales. ¿Pueden los responsables políticos hacer también algo en este sentido?
Sí, bueno, sí, y yo creo que la ausencia del presidente obedecía a una reacción absolutamente humana, de responsabilidad máxima ante una presión extrema. No ya hacia su persona, sino hacia el entorno familiar más inmediato y esto le llevó a tener que, de forma totalmente espontánea, a decir hasta aquí, necesito parar momento.
El nivel de violencia verbal es insoportable y al final esto se replica en la calle. Se genera más crispación entre la ciudadanía. Es imprescindible que exista un consenso sobre determinadas líneas que no pueden sobrepasarse.
Pero quiero decir una cosa bien clara. En este país la crispación en política viene de donde viene. Cuando gobierna la derecha hay consensos, hay apoyos y acuerdos por parte del PSOE para, por ejemplo, conformar los órganos constitucionales, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, etc.
Cuando gobierna el PSOE, el PP entiende que se le ha arrebatado el poder y se le ha robado una especie de legítimo derecho que tiene a gobernar permanentemente. Parece que es un derecho natural que le viene dado.
El nivel de crispación permanente y de ruido, que viene tanto de la derecha política como de la mediática, se convierte en una presión extrema, no exenta del bulo, de la mentira, de la desinformación y del insulto permanente todos los días en todos los ámbitos. Al final se genera esa sensación de que los políticos se pasan el día peleando. Pero, no es el PSOE quien está provocando ni el que está gritando a diario. El PSOE, desde el año 2018, concretamente el presidente Pedro Sánchez, no ha parado de recibir insultos y presiones ajenas a la actividad política propiamente dicha.
En ese sentido la derecha crea un clima que le interesa para que no se hable de aquello que se está haciendo bien. Se trata de imponer un relato contra una persona que encabeza un proyecto político, que es el del PSOE y que está haciendo un trabajo extraordinario.
Un político que habla de política y de lo que se hace y no de toros