La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, considera que la compra de 7.500 hectáreas de terreno para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana en un 14% por parte de la Junta de Andalucía, «va en la buena dirección» pero insiste en su petición de pedir la retirada de la Ley de regadíos autonómica.
«Una medida en la buena dirección que agradecerá seguro la biodiversidad y las aves pero que es insuficiente y lamentablemente con cero incidencia de cara a reducir la presión sobre el acuífero y la disponibilidad de agua y zona inundable», ha apostillado Ribera durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta en funciones se ha referido así al anuncio realizado este martes por la mañana por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha señalado que se comprarán 7.500 hectáreas de la finca ‘Veta La Palma’, en La Puebla del Río (Sevilla), para hacer «más resiliente al Espacio Natural de Doñana frente a los efectos del cambio climático».
No obstante, aunque Ribera ha calificado la medida de «importante» y de ir «en la buena dirección», considera que debería poder formar parte del Marco de actuaciones prioritarias anunciado por la Administración General del Estado en noviembre de 2022 y que «no ha contado hasta la fecha con ninguna contribución por parte del gobierno autonómico, que es quien debe gestionar Doñana».
Asimismo, ha contextualizado el anuncio de Moreno como «una noticia que se produce en un contexto muy concreto» después de que la Unesco anunciara que si no había medidas adicionales y explicaciones adicionales Doñana corría riesgo de quedar desclasificado como patrimonio de la humanidad.
Tras insistir en que cree que va «en la buena dirección» porque ofrece superficie para que puedan descansar aves y aumenta la extensión del parque, ha incidido en que «no aporta más agua ni reduce la presión por el acuífero».
Por ello, Ribera ha reiterado su petición para que se retire la propuesta de ampliación de la superficie calificable como «regable». Además, ha asegurado desconocer cuánto ha pagado Andalucía por la compra de 7.500 hectáreas, pero advierte de que la «expectativa de recalificación de suelo como superficie regable es seguro, que tiene una incidencia directa en el precio y supone una amenaza directa a Doñana y al agua».
Por último, ha solicitado conocer el destino de más de 12 millones de euros del Plan de recuperación destinados a Doñana que el Gobierno transfirió a la Junta para invertir en el plan del propio parque y sus infraestructuras así como para invertir en las zonas de influencia socioeconómica del parque y en la reserva de la biosfera.
