Ryanair ha elevado nuevamente la temperatura de su enfrentamiento con el Gobierno español, reiterando sus amenazas de incrementar los precios de los billetes de avión si no se retira la multa de 179 millones de euros impuesta a varias aerolíneas, entre ellas la irlandesa, Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea. Esta sanción se debe a la práctica de cobrar a los clientes por el equipaje de mano y la selección de asientos contiguos para grupos de pasajeros.
El CEO de Ryanair, Michael O’Leary, ha manifestado que todas las aerolíneas operando en España se oponen a lo que considera «multas ilegales» sobre el equipaje de mano, que según él, violan la legislación de la Unión Europea. En sus declaraciones, O’Leary ha asegurado que estas multas incrementarán las tarifas aéreas, con una previsión de aumento de al menos dos euros por billete al año.
Desde la compañía irlandesa, han insistido en que estas sanciones no solo son injustas, sino que también contravienen las normas europeas sobre la libre fijación de precios en el sector aéreo. «La legislación de la UE protege a las aerolíneas de estas intervenciones equivocadas de ministros ingenuos», ha subrayado O’Leary, refiriéndose directamente al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
El ministro Bustinduy no ha tardado en responder, rechazando tanto las acusaciones como las amenazas de Ryanair. En su intervención, Bustinduy destacó que las multas se aplicaron «con todo rigor» y respetando «plenamente la legislación comunitaria». Además, el ministro ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores y ha dejado claro que ninguna campaña de difamación podrá distraerle de su objetivo.
Este enfrentamiento ha ido más allá de la polémica sobre las multas. En las últimas semanas, Ryanair ha anunciado una reducción de vuelos en algunos aeropuertos españoles, argumentando que las altas tasas que paga a Aena, el gestor aeroportuario estatal, son insostenibles. La aerolínea ha pedido también la ruptura del «monopolio» de Aena y ha solicitado que las comunidades autónomas o los ayuntamientos gestionen algunos aeropuertos.
Por su parte, Bustinduy no ha dudado en responder a las campañas publicitarias de Ryanair, que lo han tachado de «payaso», y ha reafirmado que su principal obligación es proteger a los consumidores españoles. «No me distraerán con sus campañas, ni me amedrentarán», afirmó el ministro, quien también subrayó su intención de seguir defendiendo las normativas que velan por los derechos de los usuarios.
La disputa entre Ryanair y el Gobierno español continúa intensificándose, dejando claro que el enfrentamiento entre la aerolínea de bajo coste y las autoridades españolas no tiene visos de resolverse pronto.
