La reorganización del Gobierno andaluz incorpora vicepresidencias, altos cargos y personal eventual mientras el ajuste presupuestario se plantea sobre plazas vacantes de la Administración General.
Hay una pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano andaluz ante la nueva estructura de la Junta de Andalucía: ¿cuánto cuesta reorganizar el poder?
La respuesta que ofrece el informe económico-financiero de la Consejería de Presidencia es contundente: más de tres millones de euros adicionales al año.
No hablamos únicamente de cambiar nombres en las puertas de los despachos. La reorganización aprobada el pasado 9 de julio ha creado tres vicepresidencias, ha modificado la estructura de las consejerías, ha incorporado nuevas direcciones generales y ha aumentado el número de altos cargos y personal eventual.
Y todo ello tiene un precio.
El Decreto del Presidente 9/2026 reorganizó el Ejecutivo andaluz en 13 consejerías y creó tres vicepresidencias. Según el informe económico-financiero citado en la documentación, solo la creación de esas vicepresidencias y la incorporación de un puesto eventual adicional en cada una de las 13 consejerías supone aproximadamente 2,7 millones de euros anuales.
Pero la factura no termina ahí.
A esa cantidad se añaden 312.864,54 euros anuales correspondientes a nuevas direcciones generales adscritas al ámbito de Presidencia y otros 317.060,01 euros vinculados a la nueva Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.
La suma supera los tres millones de euros anuales.
Y aquí aparece la parte más delicada de la historia.
Porque el propio informe contempla que el incremento de gasto pueda compensarse mediante la desdotación presupuestaria de plazas vacantes de la Administración General y mediante reducciones en otras partidas.
Conviene ser rigurosos: desdotar una plaza no significa necesariamente eliminarla de la Relación de Puestos de Trabajo. Una plaza puede continuar existiendo formalmente y, sin embargo, quedar temporalmente sin crédito presupuestario para ser cubierta.
Pero precisamente ahí reside el problema político.
Porque una Administración puede tener cientos o miles de puestos formalmente reconocidos en su estructura y, al mismo tiempo, carecer de financiación suficiente para cubrirlos.
Y mientras tanto, la nueva arquitectura política sí encuentra financiación.
MÁS ESTRUCTURA POLÍTICA, MÁS COSTE
La reorganización también incrementa el número de altos cargos.
La información disponible cifra en 301 los altos cargos existentes antes de la reforma y señala la incorporación de otros 13 con la nueva estructura.
No aumenta el número de consejerías, pero sí crece la estructura directiva.
Y hay ejemplos especialmente significativos.
La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local alcanza, según la documentación aportada, 35 altos cargos, con una estructura provincial que incorpora dos secretarías generales provinciales en cada una de las ocho provincias andaluzas.
El coste adicional asociado a esta estructura provincial asciende a 645.656,72 euros anuales.
La Administración puede justificarlo en términos de eficacia, coordinación, descentralización y proximidad territorial. Es legítimo hacerlo.
Pero también es legítimo formular una pregunta:¿Era imprescindible aumentar la estructura política y directiva mientras existen plazas de la Administración General que continúan vacantes y podrían perder temporalmente su dotación presupuestaria?
Esa es la cuestión que debería responder el Gobierno andaluz con absoluta transparencia.
LAS PLAZAS NO DESAPARECEN, PERO TAMPOCO SE CUBREN
El lenguaje administrativo puede resultar engañoso para el ciudadano.
Una plaza desdotada no desaparece necesariamente del organigrama. Sigue figurando en la estructura administrativa, pero sin financiación efectiva.
Es como tener una puerta con el nombre de una habitación que existe sobre el plano, pero cuya llave no está disponible.
La documentación no especifica cuántas plazas quedarían sin dotación, qué cuerpos de funcionarios resultarían afectados, en qué consejerías se encuentran ni qué provincias soportarían mayor impacto.
Tampoco concreta qué otras partidas presupuestarias podrían reducirse para compensar el aumento del gasto.
Y ahí aparece la crítica de las organizaciones sindicales.
CCOO cuestiona precisamente que estas operaciones puedan ampliar la distancia entre la Relación de Puestos de Trabajo teórica y la capacidad presupuestaria real para cubrir esas plazas.
La diferencia es sustancial.
Porque una Administración no funciona con plazas dibujadas sobre un papel. Funciona con trabajadores.
Con funcionarios.
Con empleados públicos.
Con personas que atienden los servicios que utilizan cada día millones de andaluces.
EL PROBLEMA NO ES GASTAR. ES EN QUÉ SE GASTA
No hay nada intrínsecamente negativo en reorganizar una Administración.
Tampoco en crear nuevas responsabilidades, reforzar determinadas áreas o adaptar el Gobierno a nuevas necesidades, incluida la transformación digital y la inteligencia artificial.
El problema aparece cuando el crecimiento de la estructura política coincide con la necesidad de buscar compensaciones presupuestarias en plazas administrativas que permanecen vacantes.
Porque entonces la pregunta deja de ser cuánto cuesta el Gobierno.
La pregunta pasa a ser:¿qué prioridades está estableciendo el Gobierno?
Más vicepresidencias.
Más altos cargos.
Más personal eventual.
Más direcciones generales.
Y, al mismo tiempo, plazas administrativas que pueden continuar sin financiación.
La ciudadanía tiene derecho a conocer el equilibrio completo de esa ecuación.
TRES MILLONES NO SON SOLO UNA CIFRA
Tres millones de euros anuales pueden parecer una cifra abstracta cuando aparecen en un informe.
Pero dejan de serlo cuando se traducen a servicios públicos.
Son profesionales.
Son puestos de trabajo.
Son expedientes que se tramitan.
Son ciudadanos esperando una respuesta.
Son servicios administrativos que necesitan personal.
Son opositores que aspiran legítimamente a ocupar plazas públicas.
Son oficinas que necesitan funcionar.
Por eso la transparencia no puede limitarse a decir que las plazas no se eliminan.
Hay que explicar cuántas se desdotan, dónde están, qué funciones desempeñan, cuánto dinero se retira de ellas y durante cuánto tiempo permanecerán sin financiación.
Y, sobre todo, hay que explicar por qué el aumento del coste de la nueva estructura política se considera necesario mientras la Administración General debe realizar ajustes para absorberlo.
LA CUENTA PENDIENTE
El nuevo Gobierno andaluz ya tiene su estructura.
Las vicepresidencias están creadas.
Los nuevos órganos directivos se están desplegando.
Los nombramientos avanzan.
La factura, según el informe económico-financiero, supera los tres millones de euros anuales.
Ahora queda conocer la otra mitad de la ecuación.
¿Qué plazas se desdotarán?
¿Cuántas?
¿Dónde?
¿Qué partidas se reducirán?
¿Qué ahorro concreto se producirá?
Y una pregunta todavía más importante:
¿qué coste tendrá esta reorganización para la Administración que está detrás de los despachos?
Porque gobernar no consiste solamente en crear estructuras.
Gobernar también significa decidir dónde se pone cada euro público.
Y cuando el dinero es limitado, cada euro destinado a una nueva estructura de poder es un euro que necesariamente debe mirarse frente a otras necesidades.
La cuestión, por tanto, no es si la Junta puede reorganizarse.
Naturalmente que puede.
La cuestión es si, en una Andalucía que necesita reforzar sus servicios públicos, la prioridad debía ser hacer crecer la estructura política mientras se busca financiación retirando temporalmente recursos de plazas administrativas vacantes.
Esa respuesta no debería esconderse detrás del lenguaje técnico de una modificación presupuestaria.
Debería explicarse públicamente.
Porque las cuentas de la Administración son públicas.
Y el dinero también.
Y si el Gobierno cuesta más, los andaluces tienen derecho a saber por qué.
