La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cádiz a cinco personas acusadas de formar parte de un falso grupo militar y religioso que habría estafado más de diez millones de euros a sus víctimas mediante la venta de supuestos “bonos de redención” y billetes exóticos sin valor real. La operación, bautizada como “Capellán”, se ha desarrollado principalmente en la localidad de Sanlúcar de Barrameda y se encuentra en su segunda fase tras iniciarse en 2024.
Según la investigación policial, los detenidos habrían creado una estructura que simulaba ser una orden militar y religiosa internacional. Bajo esa apariencia captaban a personas interesadas en invertir en productos supuestamente exclusivos vinculados a monedas extranjeras o títulos financieros de alto valor. En realidad, esos documentos carecían prácticamente de valor económico.
Un esquema de captación inspirado en los telepredicadores
Los investigadores sostienen que el grupo utilizaba métodos de captación similares a los empleados por telepredicadores en Estados Unidos. A través de videoconferencias y presentaciones en línea, los supuestos líderes de la organización prometían grandes beneficios económicos a quienes adquirieran estos bonos o participaciones especiales.
Las víctimas, en muchos casos con escasa cultura financiera, eran convencidas de que estaban comprando activos de gran valor respaldados por una organización internacional con apariencia militar y religiosa. Los documentos entregados tenían un aspecto lujoso y daban la impresión de representar inversiones de cientos de miles de euros, aunque en realidad se trataba de papel sin valor monetario real.
Según la Guardia Civil, el grupo llegó a acumular más de diez millones de euros en un corto periodo de tiempo mediante este sistema fraudulento.
El líder se presentaba como “general comandante”
El presunto cabecilla de la organización se presentaba ante sus seguidores como “general comandante” de una supuesta orden de capellanes con presencia en distintas regiones del mundo.
Sin embargo, la investigación reveló que detrás de esa imagen se encontraba una red familiar que operaba desde Cádiz y que utilizaba varias sociedades mercantiles para canalizar el dinero obtenido de las víctimas.
De hecho, los agentes detectaron un aumento repentino e injustificado del patrimonio de varias personas relacionadas entre sí, lo que llevó a iniciar la investigación en 2024.
Empresas investigadas y nuevas diligencias
Durante la operación policial también se han investigado ocho sociedades mercantiles nacionales y una empresa extranjera presuntamente vinculadas al entramado financiero utilizado por el grupo.
Los agentes analizan ahora la documentación incautada para determinar el alcance real de la estafa y localizar a todas las posibles víctimas repartidas por distintas zonas de España.
El líder de la organización ya se encontraba en prisión por otros delitos y ahora se enfrenta a nuevas acusaciones relacionadas con esta investigación.
Una estafa dirigida a personas vulnerables
La investigación apunta a que el grupo dirigía sus esfuerzos principalmente a personas con poca experiencia en el ámbito financiero. El objetivo era convencerlas de que participaban en una inversión exclusiva vinculada a una organización internacional de carácter militar y religioso.
Este tipo de estrategias, según fuentes policiales, se apoyan en la mezcla de elementos ideológicos, religiosos o patrióticos para generar confianza y credibilidad entre los posibles inversores.
La Guardia Civil ha advertido en varias ocasiones sobre el aumento de este tipo de fraudes financieros que combinan discursos pseudorreligiosos o conspirativos con falsas promesas de grandes beneficios económicos.
Investigación abierta
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales en los próximos meses.
Los investigadores tratan ahora de reconstruir el recorrido del dinero obtenido por la organización y determinar el número total de personas afectadas por la estafa.
Mientras tanto, los cinco detenidos deberán responder ante la justicia por su presunta participación en un fraude que, según los primeros cálculos, habría movido millones de euros desde la provincia de Cádiz.
