La falta de medios y el colapso del sistema disciplinario urbanístico dejan miles de infracciones sin tramitar en la ciudad, en un problema que arrastra décadas.
La Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga arrastra un problema estructural que vuelve a salir a la luz: casi 13.000 expedientes disciplinarios siguen sin resolverse, algunos de ellos abiertos hace más de tres décadas. La situación evidencia las dificultades de control y gestión en materia urbanística en una ciudad que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años.
Según los datos conocidos, una parte significativa de estos expedientes ni siquiera ha superado las primeras fases del procedimiento. De hecho, más de 8.700 casos se encuentran en fases preliminares y más de 2.600 siguen pendientes de una primera inspección, lo que pone de manifiesto el retraso acumulado en el sistema.
Décadas de retrasos sin resolver
El volumen de expedientes pendientes no es una cuestión reciente. Entre los casos acumulados hay procedimientos iniciados en los años 80 y 90 que nunca llegaron a resolverse, lo que refleja una acumulación prolongada en el tiempo.
Esta situación ha sido descrita por distintos profesionales del sector como un problema crónico. Arquitectos consultados coinciden en señalar que la escasez de personal y de recursos técnicos ha sido una constante durante años, dificultando la tramitación de expedientes y la ejecución de sanciones.
En algunos casos, el retraso ha impedido incluso actuaciones básicas como inspecciones o ejecuciones de órdenes de demolición, generando una sensación de impunidad en determinadas infracciones urbanísticas.
Un sistema “colapsado”, según la oposición
Desde la oposición municipal se habla abiertamente de colapso. La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha denunciado que el sistema de disciplina urbanística está “absolutamente colapsado”, reclamando una investigación para esclarecer las causas de esta situación.
Además, se han señalado otros datos que agravan el diagnóstico: decenas de sentencias judiciales pendientes de ejecución, cientos de expedientes bloqueados a falta de una firma final e incluso órdenes de demolición que nunca se han llevado a cabo.
Estas cifras han alimentado las críticas hacia el modelo de gestión urbanística en la ciudad, especialmente en un contexto de crecimiento inmobiliario y presión urbanística.
La respuesta del Ayuntamiento
Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, liderado por el Partido Popular, se rechaza la idea de colapso. La concejala responsable del área ha defendido que la mayoría de los expedientes han sido tramitados, asegurando que aproximadamente el 74% de los más de 48.000 procedimientos gestionados están resueltos.
No obstante, este dato implica que uno de cada cuatro expedientes sigue pendiente, lo que en términos absolutos se traduce en los cerca de 13.000 casos denunciados.
El Ayuntamiento también ha atribuido parte del problema a la complejidad administrativa de estos procedimientos, que en muchos casos requieren informes técnicos, plazos legales y recursos que ralentizan su resolución.
Falta de medios y modelo urbanístico
Más allá del cruce político, el diagnóstico técnico apunta a un problema de fondo: la falta de medios. Profesionales del sector coinciden en que el número de inspectores es insuficiente para una ciudad del tamaño de Málaga, lo que limita la capacidad de actuación.
A esto se suma un contexto normativo que ha flexibilizado ciertos procedimientos, como la posibilidad de iniciar obras mediante declaraciones responsables, lo que ha incrementado la carga de trabajo en los servicios de control.
El resultado es un sistema tensionado, en el que la capacidad de respuesta de la administración no siempre está a la altura del volumen de actividad urbanística.
Impacto en la ciudad
La acumulación de expedientes no es solo una cuestión administrativa. Tiene consecuencias directas en el desarrollo urbano y en la percepción ciudadana.
La falta de control efectivo sobre determinadas infracciones puede favorecer la proliferación de construcciones irregulares o actuaciones al margen de la normativa. En este sentido, algunos expertos advierten de que la situación actual puede generar un efecto de desregulación de facto, donde el incumplimiento no siempre tiene consecuencias inmediatas.
Un problema estructural pendiente de solución
El caso de Málaga no es aislado, pero sí especialmente significativo por el volumen de expedientes acumulados y la antigüedad de algunos de ellos.
La combinación de falta de medios, complejidad administrativa y crecimiento urbanístico ha generado un escenario en el que el sistema disciplinario no ha sido capaz de responder con la rapidez necesaria.
Un debate abierto sobre la gestión urbanística
La situación ha reabierto el debate sobre el modelo urbanístico de la ciudad y la capacidad de las administraciones para garantizar el cumplimiento de la legalidad.
Mientras el Ayuntamiento insiste en que el sistema funciona dentro de la normalidad, la oposición y distintos sectores profesionales reclaman una revisión profunda que permita reforzar los mecanismos de control.
En un contexto de expansión urbana y presión inmobiliaria, la gestión de estos expedientes se convierte en un elemento clave para definir el modelo de ciudad.
