La vigilancia portuaria en Andalucía centra la denuncia de CSIF contra la Junta, a la que acusa de externalizar este servicio en los puertos de competencia autonómica, una decisión que el sindicato vincula con destrucción de empleo público, pérdida de garantías y un incremento aproximado del 25% respecto al coste de la gestión directa.
CSIF denuncia la privatización de la vigilancia portuaria en Andalucía
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles que la Junta de Andalucía privatice el servicio de vigilancia portuaria en los puertos de su competencia tras sacar a licitación la contratación de estas prestaciones. El sindicato, mayoritario en el Comité Intercentros de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), considera que esta decisión supone trasladar a personal de una empresa privada funciones que hasta ahora corresponden a la policía portuaria.
La organización sindical ha criticado que la Administración andaluza ponga en manos de personal externo tareas vinculadas a la seguridad, vigilancia y control dentro de los recintos portuarios. CSIF recuerda que la policía portuaria desarrolla funciones específicas en estos espacios y que estos profesionales son los únicos con autoridad para denunciar y levantar actas por incumplimientos relacionados con la normativa portuaria.
El sindicato alerta de que, si no se frena la privatización de estos servicios de control y vigilancia, la seguridad en los espacios portuarios podría quedar afectada al ser asumida por personal que, según CSIF, no contaría con las competencias necesarias para realizar determinadas actuaciones propias de la policía portuaria. La central sostiene que se trata de funciones con un componente público y con un régimen de responsabilidad específico.
CSIF también ha acusado de deslealtad a la Administración andaluza por haber adoptado una decisión que afecta directamente a las empleadas y empleados públicos sin información ni comunicación previa a los representantes de los trabajadores. La organización sindical considera que el proceso se ha desarrollado al margen de los órganos de representación del personal.
La vigilancia portuaria en Andalucía y las funciones de la policía portuaria
CSIF ha mantenido recientemente una reunión con la dirección de la APPA para trasladar su rechazo a la privatización del servicio. En ese encuentro, el sindicato advirtió de que la adjudicación de la vigilancia a una empresa externa supondría un cambio sustancial en la naturaleza de las funciones que actualmente desempeña personal de la Administración pública.
La central sindical sostiene que la externalización trasladaría estas tareas a trabajadores de empresas privadas, con un ámbito laboral y unas garantías diferentes a las del personal público. Para CSIF, esta modificación no se limita a una cuestión organizativa, sino que afecta al modelo de prestación de un servicio vinculado a la vigilancia de instalaciones, actividades y espacios portuarios.
La organización ha expresado su preocupación por el hecho de que trabajadores externos puedan asumir tareas en entornos portuarios que conllevan determinados niveles de riesgo. Según su planteamiento, el carácter público de estas funciones aporta garantías y responsabilidades específicas que quedarían alteradas con la contratación de una empresa adjudicataria.
CSIF advierte, además, de que en caso de producirse un incidente durante el desempeño de la labor de vigilancia, las obligaciones derivadas de la relación laboral y empresarial recaerían en la compañía adjudicataria, conforme a la normativa vigente, y no en la Junta de Andalucía. Para el sindicato, este extremo refuerza la necesidad de mantener el servicio dentro del ámbito público y bajo el marco de la policía portuaria.
La central también rechaza que la decisión de la Junta pueda derivar en la desaparición de la categoría profesional de Policía Portuaria que trabaja en los puertos andaluces. Según CSIF, la externalización supondría debilitar una estructura profesional especializada que viene desempeñando estas tareas desde hace años en los puertos dependientes de la Administración autonómica.
CSIF vincula la externalización con destrucción de empleo público
Otro de los puntos centrales de la denuncia de CSIF es el impacto laboral de la medida. El sindicato considera que la externalización perseguida por la Junta supondría destruir empleo público y debilitar aún más la estructura de la Administración andaluza. A su juicio, la decisión implica renunciar a la consolidación de plantillas estables y especializadas en un ámbito sensible como el portuario.
La organización sitúa esta denuncia en un escenario de déficit estructural de plantilla en la APPA. Según CSIF, esa carencia alcanza actualmente el 30%, una situación que la central afirma haber denunciado en múltiples ocasiones durante las concentraciones convocadas en los últimos meses. Esas movilizaciones han tenido como objetivo reclamar mejores condiciones laborales para el personal y la negociación de un nuevo convenio colectivo.
Para el sindicato, la privatización del servicio no resuelve ese déficit, sino que lo agrava, al sustituir la vía de consolidación de empleo público por la contratación de una empresa privada. CSIF defiende que la respuesta a las necesidades de personal debe pasar por reforzar las plantillas públicas y no por derivar funciones a compañías externas.
La central también ha cuestionado el uso de dinero público para sufragar el coste de la contratación de una empresa privada cuando estos servicios se vienen realizando desde hace años por parte de empleadas y empleados públicos de la Policía Portuaria. La organización sostiene que la medida no está justificada desde el punto de vista económico.
Un coste un 25% superior, según los cálculos del sindicato
CSIF afirma que la adjudicación a una empresa privada de las tareas de vigilancia supondría un incremento aproximado del 25% respecto al coste de la gestión directa por parte de la Administración. El sindicato asegura que esta estimación se basa en sus propios cálculos y concluye que la externalización no generaría ahorro para las arcas públicas.
La central sindical resume su posición señalando que la medida supondría más gasto, menos empleo público y una pérdida de garantías en un servicio que considera esencial dentro de los recintos portuarios. En este sentido, rechaza que la Junta avance en una contratación externa que, a su juicio, altera la naturaleza de funciones desarrolladas por personal público especializado.
La denuncia de CSIF se produce en Sevilla, con fecha 14 de octubre de 2026, y se dirige a la política de la Junta de Andalucía en los puertos de competencia autonómica. El sindicato mantiene su oposición a la licitación y reclama que se preserve el papel de la policía portuaria dentro de la estructura pública de la APPA.
