Bolivia atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de las últimas décadas. El país andino entra en su cuarta semana consecutiva de movilizaciones populares contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, en medio de bloqueos de carreteras, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y una creciente presión popular por su renuncia.
Las protestas se han extendido por distintas regiones del país y reúnen a sindicatos, movimientos indígenas, trabajadores rurales, mineros y habitantes de la ciudad de El Alto. Los manifestantes critican las medidas económicas adoptadas por el gobierno, calificadas por organizaciones sociales como neoliberales, además del aumento del costo de vida y el deterioro de las condiciones económicas del país, que atraviesa una de las peores crisis económicas de los últimos 40 años en Bolivia.
Según la Administradora Boliviana de Carreteras, se registraron 59 bloqueos en seis de las nueve regiones del país. Hubo protestas en La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, mientras que Beni, Pando y Tarija permanecieron sin bloqueos en las rutas.
El gobierno intentó despejar algunas carreteras mediante la operación denominada Corredor Humanitario con Banderas Blancas, realizada de manera conjunta entre la policía y las Fuerzas Armadas. La violencia policial y el uso de gases lacrimógenos encontraron fuerte resistencia por parte de los manifestantes.
La Central Obrera Boliviana instruyó a los manifestantes a cumplir una resolución de acción popular para que sus miembros actuaran bajo criterios humanitarios, garantizando, entre otras medidas, el paso irrestricto de ambulancias, personal de salud y transporte de medicamentos.
La tensión aumentó tras los enfrentamientos ocurridos en La Paz y otras regiones del país. Un agricultor de 24 años murió durante las operaciones de represión contra los bloqueos, episodio que intensificó las críticas contra el gobierno y amplió la movilización de sectores populares.
La Central Obrera Boliviana (COB) afirmó que solo aceptará negociar con el gobierno si se produce la liberación de los manifestantes detenidos y la suspensión de órdenes judiciales contra dirigentes sindicales y líderes sociales.
En medio de la crisis, el expresidente Evo Morales se posicionó públicamente en defensa de las movilizaciones. Morales declaró que las protestas representan una respuesta popular contra un gobierno que, según él, estaría alineado con los intereses de Estados Unidos y alejado de las demandas de la población boliviana.
“¿Quién está al mando de Bolivia: el imperio o el pueblo?”, cuestionó Morales.
Morales también acusó al gobierno de aplicar políticas de carácter neoliberal y de promover persecución judicial contra sectores de la oposición y movimientos sociales. El expresidente negó además las acusaciones de que estaría coordinando los bloqueos de carreteras.
Ante el agravamiento de la crisis, Evo Morales defendió la convocatoria de nuevas elecciones generales en un plazo de hasta 90 días, aunque afirmó que no busca necesariamente regresar a la presidencia.
La actual crisis boliviana es considerada por analistas y movimientos sociales como una de las más profundas de las últimas décadas, marcada por la combinación de inestabilidad política, crisis económica y creciente polarización entre gobierno y oposición.
