El aplazamiento afecta a Fernando Giménez, uno de los principales investigados en una causa que analiza una presunta trama de contratos irregulares y cobro de comisiones en la institución provincial
La investigación judicial sobre el conocido como caso Mascarillas de la Diputación de Almería ha sufrido un nuevo retraso. La declaración del exvicepresidente segundo de la institución provincial, Fernando Giménez, prevista para el inicio de la ronda de interrogatorios, ha quedado suspendida debido a la enfermedad de su abogado, por lo que el juzgado deberá fijar una nueva fecha para su comparecencia.
El aplazamiento se produce en el arranque de una de las fases más relevantes del procedimiento, en la que están llamados a declarar 43 investigados por una presunta trama de corrupción relacionada inicialmente con la compra de material sanitario durante la pandemia y que, según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría derivado en un supuesto sistema de amaños en contratos públicos de la Diputación de Almería.
Una investigación que va más allá del contrato de las mascarillas
Aunque el origen del procedimiento se encuentra en la adjudicación de un contrato de emergencia para la adquisición de material sanitario valorado en más de dos millones de euros, las pesquisas judiciales han ampliado el foco hacia una supuesta red de adjudicaciones irregulares de obras y servicios públicos entre los años 2016 y 2021.
Los informes de la UCO sostienen que la Diputación de Almería habría actuado como epicentro de una presunta trama en la que determinados cargos públicos y empresarios obtenían beneficios económicos mediante el amaño de contratos públicos.
Fernando Giménez, situado en el núcleo de la investigación
Fernando Giménez era el primero de los investigados citados a declarar en esta nueva fase del procedimiento. La investigación lo sitúa dentro del denominado grupo de WhatsApp «Naranjito», en el que también figuraban el expresidente de la Diputación y del PP almeriense, Javier Aureliano García, y el exvicepresidente tercero, Óscar Liria.
Según la documentación incorporada a la causa, los investigadores consideran que ese grupo habría servido para intercambiar mensajes relacionados con la gestión de determinadas adjudicaciones públicas utilizando un lenguaje presuntamente en clave.
El juez instructor ha señalado en distintos autos que en esas conversaciones aparecían expresiones vinculadas al ámbito odontológico, como «ir al dentista», «cambiar la piñata» o «hacer una limpieza», términos que la investigación relaciona con supuestos pagos de comisiones.
El PSOE pide que los investigados aclaren los hechos
A las puertas de la Ciudad de la Justicia, el abogado Javier Salvador, que representa la acusación popular ejercida por el PSOE, expresó su deseo de que los investigados respondan a todas las preguntas, aunque recordó que tienen derecho a acogerse a su derecho constitucional a no declarar.
El letrado señaló además que el desarrollo de las comparecencias dependerá en buena medida de la actitud procesal de los investigados y de los posibles aplazamientos que puedan producirse durante las próximas jornadas.
Una causa con 43 investigados
El procedimiento afecta a un amplio número de personas relacionadas con la gestión de la Diputación Provincial y con empresas adjudicatarias de contratos públicos.
Entre los investigados figura también el empresario Kilian López, señalado por la investigación como supuesto comisionista en el contrato de compra de material sanitario durante la pandemia, una adjudicación que, según los informes policiales, pudo presentar un sobrecoste cercano a los 945.000 euros.
Asimismo, está prevista la declaración del expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, considerado por la investigación una de las figuras centrales de la presunta trama y cuya comparecencia judicial se ha fijado para finales de junio.
Un nuevo retraso en un procedimiento complejo
La suspensión de la declaración de Fernando Giménez se suma a otros aplazamientos registrados durante las últimas semanas por cuestiones procesales y de agenda judicial.
Pese a ello, el juzgado mantiene el calendario de interrogatorios para el resto de investigados y continúa con una instrucción que pretende esclarecer si existió una estructura organizada para favorecer determinadas adjudicaciones públicas a cambio de supuestas contraprestaciones económicas.
La investigación continúa abierta y será el desarrollo de las declaraciones y de las nuevas pruebas documentales el que determine el alcance definitivo de una de las causas judiciales más relevantes que afectan a la política almeriense de los últimos años.
