El TSJA deberá decidir si da una última oportunidad al Ayuntamiento de Carboneras o si asume directamente la anulación de la licencia para desbloquear la demolición del hotel ilegal
La interminable historia de El Algarrobico ha entrado en una nueva fase decisiva. Tras más de veinte años de batallas judiciales, sentencias, recursos y retrasos administrativos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debe decidir ahora si concede una última oportunidad al Ayuntamiento de Carboneras para cumplir sus obligaciones o si interviene directamente para desbloquear el derribo de uno de los mayores símbolos de la especulación urbanística en España.
La decisión llega después de que el pleno municipal que debía anular definitivamente la licencia de obras del hotel terminara aplazando la votación, pese a que el Consejo Consultivo de Andalucía había dictaminado semanas antes que dicha licencia era nula de pleno derecho al haberse concedido sobre suelo protegido y dentro del entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Un hotel ilegal que sigue en pie veinte años después
El caso de El Algarrobico se ha convertido en uno de los ejemplos más paradigmáticos de la lentitud administrativa y judicial en materia urbanística.
Las obras del complejo hotelero fueron paralizadas por orden judicial en 2006, cuando el edificio ya estaba prácticamente construido. Desde entonces, más de una veintena de resoluciones judiciales han cuestionado la legalidad del proyecto y han confirmado que fue levantado en terrenos protegidos.
Sin embargo, el inmueble continúa en pie dos décadas después debido a una compleja sucesión de recursos, procedimientos administrativos y conflictos competenciales entre administraciones.
El Ayuntamiento vuelve a retrasar la decisión
La situación dio un nuevo giro el pasado mes de junio.
Cuando todo parecía encaminado para que el Ayuntamiento de Carboneras anulase definitivamente la licencia concedida en 2003, el pleno municipal aprobó aplazar la decisión alegando la necesidad de nuevos informes jurídicos y económicos sobre las posibles consecuencias para el consistorio.
La propuesta salió adelante con el apoyo de concejales del PSOE local y de ediles no adscritos, mientras que el alcalde y los representantes del PP votaron en contra del aplazamiento.
La decisión provocó una fuerte reacción de organizaciones ecologistas, del Gobierno central y de la propia Junta de Andalucía, que consideran que el procedimiento acumula ya demasiados retrasos injustificados.
El Gobierno pide al TSJA que intervenga
Ante el bloqueo municipal, el Ministerio para la Transición Ecológica ha solicitado formalmente al TSJA que obligue al Ayuntamiento a actuar de forma inmediata.
El Ejecutivo plantea que los jueces otorguen un último plazo de 72 horas al Consistorio para convocar un nuevo pleno y resolver la nulidad de la licencia. Si el Ayuntamiento vuelve a incumplir, el Gobierno pide que sea la propia Justicia quien ejecute la sentencia de forma subsidiaria y anule directamente el permiso urbanístico.
Además, la Abogacía del Estado ha solicitado identificar a los responsables de los retrasos e incluso estudiar posibles sanciones o responsabilidades por incumplimiento de resoluciones judiciales.
Greenpeace reclama que los jueces actúen ya
Las organizaciones ecologistas consideran que ha llegado el momento de que la Justicia tome definitivamente las riendas del proceso.
Greenpeace ha solicitado al TSJA que asuma directamente la ejecución de la sentencia y ha llegado a pedir que se investigue el reiterado incumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenaban revisar la licencia.
Para la organización, el caso simboliza la incapacidad de las instituciones para corregir uno de los mayores atentados urbanísticos cometidos en el litoral español durante las décadas del boom inmobiliario.
La Junta cambia de posición
La Junta de Andalucía también ha modificado su estrategia.
Si hace apenas un año defendía que la revisión de la licencia debía mantenerse exclusivamente en el ámbito municipal, ahora se muestra favorable a que los jueces intervengan directamente si el Ayuntamiento continúa bloqueando el procedimiento.
El Gobierno andaluz sostiene que la licencia debe ser anulada cuanto antes para que pueda iniciarse el derribo y la posterior restauración ambiental del entorno.
Más de veinte años de retrasos
El debate actual refleja un problema de fondo que ha acompañado al caso desde sus inicios: la extraordinaria lentitud con la que se ha gestionado un procedimiento que parecía resuelto judicialmente desde hace años.
La licencia fue concedida en 2003. Las obras se paralizaron en 2006. Las sentencias que declaraban ilegal el proyecto comenzaron a acumularse desde entonces. Y en 2026 el edificio continúa en pie frente al mar.
Para muchos colectivos ambientales, el caso representa un ejemplo de cómo la especulación urbanística puede prolongarse durante décadas incluso cuando existe un amplio consenso jurídico sobre la ilegalidad de una construcción.
La decisión definitiva se acerca
La resolución que adopte ahora el TSJA puede marcar el futuro inmediato del hotel.
Si los magistrados optan por ejecutar directamente la sentencia, la anulación de la licencia podría acelerarse significativamente y abrir la puerta al derribo definitivo del inmueble. Si, por el contrario, conceden una nueva oportunidad al Ayuntamiento, el proceso seguirá dependiendo de la actuación política del consistorio carbonero.
Después de dos décadas de litigios, recursos y promesas incumplidas, la pregunta vuelve a ser la misma: si esta vez será realmente la definitiva para acabar con la mole de hormigón que sigue ocupando una de las playas más emblemáticas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
