El sindicato mayoritario en las administraciones públicas exige que la nueva legislatura priorice la sanidad, la educación y la justicia, rechaza una mayor privatización de los servicios esenciales y reclama el cumplimiento de los compromisos retributivos con los empleados públicos.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Andalucía) ha aprovechado el inicio de la nueva legislatura autonómica para lanzar un mensaje claro al Ejecutivo de Juanma Moreno: la prioridad debe ser reforzar los servicios públicos y corregir el déficit estructural de personal que arrastran la sanidad, la educación y la justicia andaluzas. Según los cálculos del sindicato, Andalucía necesita, como mínimo, incorporar unos 25.000 profesionales para acercarse a la media nacional de dotación de empleados públicos en estos sectores esenciales.
En una comparecencia posterior al anuncio de la composición del nuevo Consejo de Gobierno, el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, insistió en que «lo importante no son los nombres, sino las políticas» que se desarrollen durante la legislatura. El dirigente sindical defendió que el fortalecimiento de los servicios públicos debe situarse en el centro de la acción política y advirtió de que el déficit de personal repercute directamente tanto en las condiciones laborales de las plantillas como en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
Un déficit de 25.000 profesionales
La organización sindical sostiene que la falta de efectivos constituye uno de los principales problemas estructurales de la administración andaluza.
Según los datos facilitados por CSIF, el mayor déficit se concentra en el sistema sanitario, donde serían necesarios alrededor de 18.000 profesionales adicionales para alcanzar la media estatal. Dentro de esa cifra, el sindicato estima que faltan aproximadamente 5.400 médicos, 5.900 enfermeras y unos 6.500 profesionales del resto de categorías sanitarias.
En educación, la organización calcula que hacen falta unos 5.000 docentes, distribuidos entre aproximadamente 3.500 profesionales de Educación Primaria, incluyendo especialistas en atención a la diversidad, y 1.500 docentes de Secundaria.
La situación también afecta a la Administración de Justicia, donde CSIF cifra el déficit en alrededor de 500 trabajadores, una carencia que, según el sindicato, contribuye a incrementar la carga de trabajo de las plantillas y ralentiza la respuesta de los órganos judiciales.
«Lo importante son las políticas»
Durante su intervención, Germán Girela subrayó que el sindicato evaluará al nuevo Ejecutivo por las decisiones que adopte y no por la composición del Gobierno.
En ese contexto, recordó que CSIF ya expresó durante la campaña electoral su rechazo a las medidas incluidas en el acuerdo entre PP y Vox que, a juicio de la organización, abren la puerta a una mayor privatización de los servicios públicos. El sindicato sostiene que sanidad, educación y justicia constituyen pilares fundamentales del Estado del bienestar y reclama una apuesta decidida por su fortalecimiento.
Reivindicación de un diálogo social «más plural»
Otra de las demandas planteadas por CSIF es la modificación del actual modelo de concertación social en Andalucía.
La organización considera que la vigente Ley de Participación Institucional mantiene excluido al sindicato pese a ser, según recuerda, la organización más representativa dentro de las administraciones públicas. Además, señala que el propio presidente de la Junta se comprometió en 2020 a revisar esta situación.
En relación con la reducción de la financiación pública a los sindicatos incluida en el acuerdo político entre PP y Vox, Girela aseguró que CSIF no depende de subvenciones públicas, afirmando que la organización se financia fundamentalmente mediante las cuotas de sus afiliados y el respaldo obtenido en las elecciones sindicales.
Las pagas extra pendientes vuelven a la mesa
El sindicato también volvió a reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias pendientes de 2013 y 2014, una reivindicación histórica del colectivo de empleados públicos.
Para ello, CSIF ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular destinada a promover una ley que permita restituir las cantidades pendientes, recordando que la Junta aún no ha ejecutado completamente el acuerdo alcanzado en 2018 sobre esta materia.
Según la organización, la restitución de estos derechos retributivos constituye uno de los asuntos pendientes que deberá afrontar el nuevo Ejecutivo durante la legislatura.
Una legislatura marcada por los servicios públicos
Con el nuevo Gobierno ya constituido, CSIF sitúa sobre la mesa algunas de las principales reivindicaciones de los empleados públicos andaluces: incrementar las plantillas, mejorar las condiciones laborales, ampliar la participación sindical y cumplir los compromisos económicos pendientes.
El sindicato asegura que mantendrá una actitud de diálogo con el Ejecutivo autonómico, aunque advierte de que continuará movilizándose y negociando para defender los intereses de los trabajadores públicos y reforzar unos servicios que considera esenciales para el conjunto de la ciudadanía.
