Venezuela se prepara para un posible agravamiento de los cortes de electricidad y agua mientras el fenómeno de El Niño amenaza con intensificar la sequía y someter a una presión todavía mayor a una infraestructura pública ya profundamente deteriorada. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez ha pedido a la población que extreme el ahorro de ambos recursos, pero el escenario plantea una cuestión que trasciende la emergencia climática: hasta qué punto un Estado puede garantizar derechos y servicios esenciales cuando sus sistemas de generación y distribución operan muy por debajo de su capacidad.
Los cortes eléctricos ya alcanzan hasta diez horas diarias en algunas regiones, mientras el suministro de agua continúa siendo intermitente. El sistema venezolano dispone actualmente de menos de 13.000 megavatios (MW) de generación efectiva frente a unos 36.000 MW de capacidad instalada, con una brecha superior a 1.500 MW entre oferta y demanda. Casi el 90% de la capacidad termoeléctrica permanece fuera de servicio, según el experto energético Nelson Hernández, debido a años de falta de inversión y mantenimiento.
La consecuencia es una dependencia cada vez mayor de la generación hidroeléctrica, especialmente del complejo de Guri, que aporta más del 80% de la electricidad nacional. Precisamente por ello, una eventual reducción de las reservas hídricas tendría efectos directos sobre la estabilidad del sistema energético y, por extensión, sobre hospitales, empresas, transporte, actividad agrícola y servicios públicos.
Rodríguez ha anunciado un plan para recuperar hasta 4.800 MW antes de finalizar el año, apoyado en acuerdos con GE Vernova e IMPSA para modernizar instalaciones e incorporar nuevas turbinas. Sin embargo, el anuncio llega acompañado de un déficit de confianza: compromisos anteriores de recuperación de la infraestructura no se materializaron plenamente y han alimentado el escepticismo ciudadano.
Desde una perspectiva de gestión pública, resulta especialmente relevante distinguir entre causa y agravante. El Niño puede incrementar la presión sobre un sistema hidroeléctrico dependiente de las precipitaciones, pero expertos consultados por Reuters advierten que no constituye el origen de la crisis. La falta prolongada de inversión, el deterioro de las redes de transmisión y distribución y el mantenimiento insuficiente han reducido estructuralmente la capacidad del sistema para responder a la demanda.
El impacto adquiere una dimensión todavía más delicada porque Venezuela intenta recuperarse de dos terremotos que dejaron más de 6.000 muertos. En zonas como La Guaira, familias desplazadas continúan viviendo en condiciones precarias, algunas sin agua corriente y con acceso eléctrico improvisado. Al mismo tiempo, hospitales y clínicas han tenido que reforzar sus servicios de emergencia mediante generadores.
El ordenamiento internacional de los derechos humanos reconoce la importancia del acceso a servicios indispensables para una vida digna, pero su garantía efectiva depende de infraestructuras capaces de sostenerlos. En Venezuela, la amenaza climática funciona así como un multiplicador de una vulnerabilidad preexistente. La emergencia no consiste únicamente en que pueda llover menos: consiste en que un sistema debilitado dispone de cada vez menos margen para soportar el golpe.
El desafío inmediato para Caracas será demostrar que las medidas anunciadas no constituyen otra promesa administrativa, sino un programa verificable de recuperación. Porque cuando la electricidad desaparece durante horas y el agua deja de llegar con regularidad, la crisis deja de ser una cuestión técnica: se convierte en una cuestión de derechos, salud pública y dignidad ciudadana.
