Mari Carmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid reactivó el debate social sobre el derecho a la vivienda, ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón tras permanecer ingresada después de ser desalojada de la casa en la que había vivido durante más de 70 años.
Mari Carmen Abascal, símbolo de una lucha por la vivienda
Mari Carmen Abascal ha fallecido a los 87 años en Madrid después de convertirse, durante los últimos meses, en uno de los rostros más visibles de la defensa del derecho a la vivienda en España. Su caso trascendió el ámbito judicial y vecinal tras el desahucio ejecutado el pasado 23 de septiembre, cuando fue desalojada de la vivienda del barrio de Retiro en la que había residido durante más de siete décadas.
La muerte de Maricarmen, como era conocida por su entorno, ha sido comunicada este miércoles tras varios días de ingreso hospitalario en el Hospital Gregorio Marañón. Su situación había generado una amplia reacción social, especialmente entre colectivos de vivienda, vecinos y organizaciones que habían acompañado su caso desde los primeros intentos de desalojo.
La historia de Mari Carmen Abascal comenzó mucho antes de que su nombre se convirtiera en un símbolo público. La vivienda situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda formaba parte de su vida desde que era una niña. Sus padres firmaron el contrato de alquiler en 1956 y ella continuó residiendo en el inmueble durante décadas, vinculada a un contrato de renta antigua.
Con el paso de los años, la situación jurídica del alquiler derivó en un conflicto con la propiedad del edificio. La finca fue vendida y, tras varios procedimientos, la continuidad de Maricarmen en su casa quedó comprometida. El caso llegó a los tribunales y terminó con una orden de desahucio que fue aplazada en distintas ocasiones antes de ejecutarse finalmente en septiembre.
Un caso marcado por el arraigo y el desahucio
El elemento que convirtió el caso de Mari Carmen Abascal en un asunto de alcance estatal fue el contraste entre su arraigo vital en la vivienda y la ejecución del lanzamiento. Durante años, su defensa sostuvo que no se trataba solo de un procedimiento de alquiler, sino de la expulsión de una persona mayor de la casa en la que había construido prácticamente toda su vida.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid acompañó públicamente su caso y denunció que Maricarmen se enfrentaba a una subida de renta que no podía asumir con su pensión. La organización había señalado en sus comunicados que la mujer vivía en la misma casa desde hacía más de 70 años y que la situación debía resolverse con una alternativa que le permitiera permanecer en su entorno.
Antes del desalojo definitivo, el caso también llegó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. El Sindicato de Inquilinas informó en junio de que la ONU había pedido al Estado español que evitara el desahucio sin alternativa habitacional o que garantizara una vivienda adecuada mientras estudiaba el caso.
Esa petición reforzó la dimensión pública del conflicto y situó el asunto dentro del debate sobre los desahucios de personas vulnerables. Para los colectivos de vivienda, Maricarmen representaba la situación de muchos inquilinos mayores que, tras décadas viviendo en el mismo inmueble, se encuentran ante procedimientos de desalojo por cambios de propiedad, finalización contractual o subidas de renta imposibles de asumir.
La movilización social tras su caso
La ejecución del desahucio el 23 de septiembre provocó una fuerte respuesta ciudadana. Su imagen, su edad y la duración de su vinculación con la vivienda impulsaron concentraciones y movilizaciones en Madrid, especialmente en la Puerta del Sol, donde se organizaron protestas relacionadas con el acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos.
El caso de Mari Carmen Abascal no solo generó apoyo vecinal. También abrió un debate político y social sobre los límites del mercado del alquiler, la protección de las personas mayores y la obligación de las administraciones de ofrecer soluciones habitacionales en situaciones de vulnerabilidad. Su historia fue utilizada por movimientos sociales como ejemplo de una crisis más amplia que afecta tanto a personas mayores como a familias y jóvenes con dificultades para acceder o mantenerse en una vivienda.
Tras el desahucio, las partes alcanzaron un acuerdo que, según las informaciones publicadas, podía permitir su regreso a la vivienda en condiciones asumibles. Sin embargo, ese acuerdo llegó cuando su estado de salud ya se había deteriorado y permanecía ingresada. Su fallecimiento ha reforzado la carga simbólica de un caso que ya se había convertido en referencia para las protestas por la vivienda.
Una muerte que reabre el debate sobre los desahucios
La muerte de Mari Carmen Abascal ha provocado reacciones de duelo entre quienes habían seguido su situación. Para los colectivos que la apoyaron, su caso resume la vulnerabilidad de las personas mayores ante procesos de desahucio y la necesidad de reforzar las garantías cuando está en juego la vivienda habitual.
Su historia deja varias claves: una vida ligada a una misma casa durante más de 70 años, un litigio derivado del régimen de alquiler, varios intentos de desahucio, la intervención de Naciones Unidas y una movilización social que convirtió su nombre en emblema de una demanda colectiva.
Maricarmen no fue solo una afectada por un procedimiento judicial. Su caso terminó representando una pregunta de mayor alcance: qué protección real tienen las personas que han vivido durante décadas en una vivienda cuando cambian las condiciones económicas, jurídicas o de propiedad del inmueble.
Con su fallecimiento, la lucha que acompañó sus últimos meses queda vinculada al debate sobre el derecho a la vivienda, la protección de los inquilinos vulnerables y el papel de las administraciones ante los desahucios. Su nombre queda asociado a una movilización que hizo visible una realidad que, hasta entonces, muchas veces quedaba limitada al ámbito privado de cada familia afectada.
