Este 19 de octubre, Andalucía volverá a iluminar edificios de rosa. Habrá mensajes de apoyo, campañas de sensibilización y llamamientos a la prevención. Todo ello tiene valor. Pero esta jornada debe servir también para exigir respuestas. Para recordar que detrás de una mamografía hay una mujer que espera información y que la detección precoz necesita una sanidad pública capaz de completar cada paso a tiempo.
Un año después de que saliera a la luz la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, resulta imposible conmemorar este día sin mirar a las afectadas. La propia Junta reconoció que 2.317 mujeres con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3 —probablemente benignos, pero necesitados de seguimiento— no habían sido informadas de forma proactiva y habían acumulado demoras superiores al tiempo recomendado para su revisión. Esa cifra corresponde a mujeres afectadas por los fallos de información y seguimiento; no significa que todas desarrollaran cáncer.
La precisión es imprescindible. También lo es comprender la gravedad de lo ocurrido. Una prueba no termina cuando se obtiene una imagen. Termina cuando su resultado se interpreta, se comunica y, si procede, conduce a una nueva evaluación. Pedir a las mujeres que acudan a sus revisiones obliga a garantizar que el sistema responderá después.
Pedir a las mujeres que acudan a sus revisiones obliga a garantizar que el sistema responderá después.
Las consecuencias denunciadas merecen esclarecimiento. En septiembre de 2026, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, situaba en siete los fallecimientos que la asociación relaciona con los retrasos y señalaba que habían presentado alrededor de 200 reclamaciones patrimoniales. Son atribuciones de la asociación: la relación causal entre las demoras y cada muerte debe acreditarse individualmente.
También debe explicarse que, en agosto, la Fiscalía había archivado las 15 denuncias examinadas sobre los cribados. Ese archivo no equivale a resolver las reclamaciones patrimoniales ni sustituye la obligación de evaluar el funcionamiento del servicio. Amama ya había anunciado en abril el inicio de demandas individuales por la vía administrativa para reclamar indemnizaciones. Las pacientes merecen respuestas comprensibles sobre lo sucedido y una resolución de sus reclamaciones con todas las garantías.
La Junta informó este mismo 1 de octubre de que el programa realizó 421.000 mamografías en 2025 y comunicó refuerzos profesionales, inversiones y cambios organizativos. Es necesario conocer esos avances y comprobar sus resultados. La evaluación debe incluir cuánto se tarda en comunicar un resultado, completar una prueba y comenzar un tratamiento. El volumen de actividad, por sí solo, no permite saber si cada mujer ha recibido la atención que necesitaba.
Esta exigencia debe acompañarse de una educación para la salud que empiece mucho antes. Desde secundaria deberían ofrecerse talleres, impartidos por profesionales sanitarios, para que las adolescentes conozcan su cuerpo, comprendan los cambios de la pubertad y aprendan a expresar sus dudas sin vergüenza. Una formación adecuada a su edad, respetuosa con su intimidad y centrada en el conocimiento y el cuidado.
Esos talleres deberían enseñar también a distinguir la información fiable de los mensajes alarmistas y explicar cuándo consultar. Conocer el cuerpo no convierte a una adolescente en responsable de diagnosticarse ni justifica promover mamografías rutinarias a esas edades. La educación debe dar herramientas para pedir ayuda, sin trasladar a las niñas la carga de vigilar una enfermedad.
Desde secundaria deberían ofrecerse talleres para que las adolescentes conozcan su cuerpo y aprendan a expresar sus dudas sin vergüenza.
Hablar de prevención exige evitar otro daño: la culpabilización. Los hábitos saludables contribuyen a reducir riesgos, pero no garantizan que una mujer no vaya a enfermar. La OMS recuerda que alrededor del 80 % de los casos aparecen en mujeres sin factores de riesgo específicos aparte del sexo y la edad. La detección y el tratamiento precoces reducen la mortalidad; por eso deben apoyarse en circuitos sanitarios fiables.
La sanidad pública es esencial durante todo ese recorrido. Desde la consulta en atención primaria hasta las pruebas diagnósticas, la cirugía, los tratamientos oncológicos y el seguimiento. Debe garantizar atención psicológica, rehabilitación y apoyo ante las secuelas. Debe escuchar a las mujeres con enfermedad metastásica y atender las consecuencias familiares, sociales y laborales del cáncer. Ninguna paciente debería depender de su capacidad económica para obtener una respuesta a tiempo.
Defenderla exige cuidar a sus profesionales, dotar las plantillas y exigir responsabilidades de gestión cuando correspondan. También escuchar a las asociaciones de pacientes, cuya labor de acompañamiento y denuncia ayuda a detectar aquello que las estadísticas pueden dejar fuera.
Hoy debemos acompañar a quienes están en tratamiento, recordar a quienes han fallecido y respaldar a quienes siguen reclamando explicaciones. Las mujeres necesitan investigación sostenida, educación sanitaria, información clara y cuidados continuados.
El compromiso de Andalucía debe poder comprobarse mañana, cuando se apaguen las luces rosas: en una llamada que llega, una prueba que se completa y una paciente que sabe que su salud importa.
