El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos que facilitan el acceso a la jubilación anticipada para las personas con una discapacidad superior al 45% y completan la reforma de los incentivos de la jubilación demorada, iniciada en 2021, para todos los trabajadores.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado que estas normas culminan todas las recomendaciones que presentó el Pacto de Toledo al Gobierno en noviembre de 2020. Durante su intervención, Escrivá ha resaltado el consenso y el acuerdo alcanzado en la aprobación de algunas de ellas, como la reducción de la brecha de género, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, el impulso a los planes de empleo y la modificación del régimen de la Seguridad Social de los autónomos.
Jubilación anticipada de las personas con discapacidad
Mediante el real decreto que mejora el acceso a la jubilación anticipada por discapacidad, el Gobierno reduce de 15 a 5 años, desde que fueron diagnosticados, el periodo de cotización exigido a los trabajadores con discapacidad superior al 45% para que puedan acceder a la jubilación anticipada, siendo necesario haber trabajado un tiempo efectivo equivalente al período mínimo de cotización.
José Luis Escrivá también ha apuntado que se podrán acumular dos tipos de patologías distintas para determinar el 45% de grado de discapacidad y que se simplifica tanto la acreditación como la actualización de las patologías. A partir de ahora, será suficiente un informe médico que acredite que se ha padecido alguna de las dolencias requeridas para acceder a la jubilación anticipada.
Más incentivos para la jubilación demorada
El real decreto de incentivos a la jubilación demorada amplía las opciones para aquellas personas que quieran prolongar voluntariamente su vida laboral, mediante una fórmula mixta que permite combinar los dos tipos de incentivos vigentes: la posibilidad de percibir un pago único («cheque») en el momento de la jubilación y un incremento porcentual de su pensión.
Quien opte por esta nueva fórmula y retrase su jubilación entre 2 y 10 años recibirá simultáneamente un incremento de su pensión del 2% por cada año que la demore, y un pago único equivalente a la mitad del que le correspondería si optara por la fórmula actual del pago único. Si retrasa la jubilación 11 años o más, el incentivo será de un pago único aplicado a 5 años del periodo demorado.
El ministro ha señalado que los incentivos a la jubilación demorada es una medida voluntaria que está permitiendo que las personas que tienen buena salud y quieren prolongar su vida laboral puedan hacerlo. Además, contribuyen a reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Escrivá ha indicado que la tasa de actividad está aumentando sensiblemente entre los 60 y los 69 años.
Sostenibilidad del Sistema de Pensiones
El Consejo de Ministros también ha analizado un informe sobre el sistema de pensiones, que recoge los datos de afiliación a la seguridad social desde la mitad de abril hasta la primera quincena de mayo. Los datos reflejan la creación de 117.000 empleos, que se suman a los ya creados en los primeros cuatro meses del año.
Escrivá ha destacado que la cifra de creación de empleo se acerca a los 100.000 al mes y que los ingresos que recibe la Seguridad Social crecen y hacen que la sostenibilidad de las pensiones esté «completamente afianzada y garantizada». La contratación, ha dicho, aumenta en todos los sectores, la economía española genera confianza y es competitiva y las empresas españolas tienen un comportamiento exportador extraordinario.
Estímulo de la asistencia al cine de los mayores de 65 años
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que el Consejo de Ministros ha acordado desarrollar un programa de ayudas públicas para fomentar la asistencia del público mayor de 65 años a las salas de cine. La medida, ha concretado, beneficiaría a más de 9,5 millones de ciudadanos, que podrán ir al cine por 2 euros un día a la semana. En principio, ha aclarado, ese día sería los martes, pero se podría acordar otros en función de las características de cada territorio.
Isabel Rodríguez ha trasladado que, con esta decisión, el Gobierno quiere «impulsar y recuperar los hábitos culturales que se perdieron durante la pandemia», promover el envejecimiento activo, y apoyar al sector del cine, que «no ha recuperado los niveles prepandemia de asistencia a sala».
Las salas han perdido un 40% de espectadores que tenían en 2019 y los mayores de 65 años acuden un 60% menos, ha precisado la ministra.
Declaración institucional
La portavoz ha informado de que el Ejecutivo ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra mañana, 17 de marzo.
La portavoz ha señalado que el Gobierno reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, tanto dentro como fuera de España, y, este será un asunto también contemplado durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que dará comienzo el próximo 1 de junio.
Informe de los Órganos de cooperación
El Consejo de Ministros ha analizado los resultados del un informe sobre la actividad de los distintos órganos de colaboración a lo largo de 2022. De acuerdo con los datos recogidos en este informe, se mantiene el nivel de colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, con un total de 156 reuniones de conferencias sectoriales en 2022, enfocadas sobre todo a la expansión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La ministra de Política Territorial ha subrayado que otro de los principales asuntos abordados en las reuniones ha sido la irrupción de la guerra de Ucrania y sus consecuencias, sobre todo, en el ámbito energético.
Inversión en infraestructuras
El Ejecutivo ha adoptado las obras del tercer carril de la autovía A-67 entre Polanco y Santander (172 millones de euros), la transformación de la estación intermodal de Ourense (130 millones de euros), las obras en la avenida Alfonso Molina de A Coruña (18 millones de euros) y las obras de mejora de eficiencia energética en la planta desaladora de Carboneras, en Almería (41 millones de euros).
