La investigación judicial analiza la operación que permitió la creación del actual Córdoba CF y la inscripción de la nueva sociedad, mientras el Comité Olímpico Español asegura que su presidente solo actuó como intermediario institucional
Nuevo frente judicial en torno al Córdoba CF. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha acordado la apertura de diligencias previas para investigar la venta de la unidad productiva del antiguo Córdoba CF SAD y la posterior inscripción de la Unión Futbolística Cordobesa SAD como Córdoba CF. La querella, presentada por la sociedad acreedora Hartmann & Morato Sports S.L., dirige sus acusaciones contra varias personas vinculadas a la operación, entre ellas el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
La apertura de diligencias ha provocado una rápida reacción del COE, que ha emitido un comunicado oficial negando cualquier participación de Alejandro Blanco en la operación más allá de la «mera presentación de los intervinientes» y asegurando que el dirigente deportivo no obtuvo «retribución, estipendio o ventaja alguna».
Una querella que cuestiona la venta del club
La investigación judicial nace de una querella que pone en duda la legalidad del proceso mediante el cual la Unión Futbolística Cordobesa SAD adquirió la unidad productiva del Córdoba CF y pasó posteriormente a competir bajo la histórica denominación del club blanquiverde.
Según la parte querellante, la operación habría permitido trasladar los principales activos deportivos y comerciales a una nueva sociedad mientras las deudas permanecían en la antigua entidad en concurso, perjudicando gravemente a los acreedores, algunos de los cuales tuvieron que asumir importantes quitas y largos plazos de espera para recuperar sus créditos.
El auto judicial considera que los hechos descritos podrían presentar, en esta fase inicial, indicios de posibles delitos como administración desleal, cohecho, corrupción entre particulares, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, aunque la apertura de diligencias no supone que esos delitos estén acreditados ni implica responsabilidad penal alguna para los investigados.
El papel atribuido a Rubiales y Alejandro Blanco
Uno de los aspectos más novedosos de la querella es el protagonismo que concede a la actuación de la Real Federación Española de Fútbol.
Los denunciantes sostienen que la Federación cambió su criterio inicial respecto a la inscripción del nuevo Córdoba CF y terminó autorizando la participación de la nueva sociedad en competición. En ese supuesto cambio de posición, la querella sitúa presuntamente la intervención de Luis Rubiales y de Alejandro Blanco.
Según la versión de los querellantes, el presidente del COE habría actuado como enlace entre los inversores vinculados a Baréin, los responsables de la nueva sociedad y el entonces máximo dirigente federativo. Para sustentar esa hipótesis se citan reuniones, viajes y contactos institucionales desarrollados durante aquellos meses.
La querella también pone el foco sobre la rapidez con la que se tramitó el concurso de acreedores y la venta de la unidad productiva tras la detención del expresidente del club, Jesús León, así como sobre el origen de los fondos utilizados para la adquisición.
El COE rechaza las acusaciones
Tras hacerse pública la investigación, el Comité Olímpico Español ha defendido públicamente la actuación de su presidente.
En un comunicado, el organismo asegura que Alejandro Blanco «no tuvo en todo el proceso más participación que la mera presentación de los intervinientes» y recalca que no desarrolló actividad alguna relacionada con la operación económica ni recibió contraprestación de ningún tipo.
El COE también sostiene que la inscripción del Córdoba CF fue consecuencia de una resolución adoptada por el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba que tramitaba el concurso de acreedores y considera que las decisiones judiciales son completamente ajenas a la actuación de su presidente.
Además, el organismo subraya que las relaciones mantenidas por Alejandro Blanco se enmarcan dentro de la actividad institucional propia de quien lleva años representando al deporte español y manteniendo contacto con dirigentes y organismos internacionales.
El Córdoba CF también sale en defensa de la operación
El actual Córdoba CF ha reaccionado igualmente a las informaciones conocidas.
La entidad blanquiverde asegura que no ha recibido notificación alguna sobre la querella y afirma que, hasta la fecha, no existe pronunciamiento judicial contra la sociedad, sus accionistas, administradores o representantes.
El club insiste en que colaborará con la justicia en todo aquello que sea necesario y recuerda que el procedimiento se encuentra en una fase preliminar de investigación.
Una investigación en sus primeras fases
La causa acaba de comenzar y será ahora el juzgado el que determine si los hechos denunciados presentan relevancia penal suficiente para continuar el procedimiento o si, por el contrario, procede el archivo de las actuaciones respecto a algunos o todos los investigados.
Mientras tanto, el caso vuelve a colocar bajo el foco judicial una de las operaciones más complejas y controvertidas del fútbol español reciente: la transformación del antiguo Córdoba CF SAD en el actual proyecto deportivo que hoy compite bajo el nombre histórico del club.
