José Alberto Armijo, del Partido popular y alcalde de Nerja ha asegurado este lunes en su declaración como acusado que no era consciente de que hubiera vertidos sin control en la zona de la cantera junto al Río de la Miel, ya que nadie le advirtió de ilegalidad alguna; sino que ha asegurado que lo único que se pretendía era, depositando escombros, restaurar «el enorme boquete» que había dejado el explotador de la misma.
El Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga ha comenzado este lunes el juicio a Armijo (PP) y a otros siete acusados en el caso del vertedero supuestamente ilegal. La Fiscalía pide para los procesados dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La vista oral sigue el miércoles y se extenderá durante dos meses.
Además del regidor, están acusados una concejala y seis empresarios; y seis empresas como responsables civiles. En esta causa se ha investigado la existencia desde hacía unos 15 años de un vertedero ubicado en la zona de Río de la Miel, en las inmediaciones del Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, en el que supuestamente se vertía «de manera incontrolada residuos de la construcción, peligrosos y podas», lo que provocaría importantes riesgos.
En su declaración, Armijo ha insistido en varias ocasiones en que se actuó con la finalidad de «restaurar la cantera», ya que el explotador de la misma no había cumplido el plan previsto en este sentido; y ha incidido en que con la actuación, para la que se pidió autorización, se resolvía ese «problema medioambiental», además de evitarse vertidos «incontrolados» por distintas áreas de la localidad.
Para esto, el que fuera concejal de Medio Ambiente entonces acordó con empresarios que se depositaran escombros porque «o se tapaba así o no había otra forma», ha explicado, indicando que se hizo con la autorización del organismo correspondiente y «siempre siguiendo los documentos de los servicios técnicos y jurídicos», que sabían los requisitos necesarios. «Si hubiesen considerado que hacía falta un estudio de impacto ambiental se hubiera hecho», ha declarado.
El regidor ha incidido en que no era consciente de que se estaba depositando allí «de todo» y sin control; «ni yo ni nadie»; al tiempo que ha apuntado que con ese depósito de escombros no se pretendía crear un vertedero, sino actuar sobre «la enorme oquedad» que existía, señalando que se remitieron escritos a dos consejerías distintas de la Junta de Andalucía sobre lo acordado con los empresarios.
Armijo ha manifestado que durante los 15 años que ha existido ese vertedero, que era «una realidad consentida y admitida» por todos, «no ha sido un problema; el problema era la cantera que estaba sin restaurar». En este punto, ha dicho que conoció a raíz de este procedimiento judicial que el Seprona de la Guardia Civil pasaba por la zona e incluso realizaba recomendaciones sin que hubiese requerido la paralización hasta 2016.
Asimismo, ha señalado que han pasado hasta cinco delegados provinciales de Medio Ambiente y «ninguno me advirtió de que fuera un asunto que generara preocupación»; al igual que ocurrió con los funcionarios municipales; «era un tema pacífico», ha insistido, reiterando que «por allí pasaba todo el mundo» y que los expedientes que se abrieron quedaron «en vía muerta» y sin resolver en cuanto a sanción.
«Me gustaría que me dijera el señor fiscal en qué me he equivocado en este asunto», ha preguntado Armijo, quien ha asegurado que ni él ni sus concejales promocionaron ese lugar como vertedero para depositar nada, sino que fue el Ayuntamiento bajo la gestión del equipo de gobierno anterior al actual. Además, ha aseverado que no se ha dado ninguna situación de riesgo.
En declaraciones a los periodistas, el alcalde ha asegurado que ya estaba tranquilo y ahora «más tras dar explicaciones» en el juicio, reiterando lo que ya ha dicho ante la jueza: «Si alguien me llega a advertir de que hay que tomar alguna medida, decisión o haber hecho algo ante una situación mínimamente preocupante desde el punto de vista medio ambiental, que no quepa duda de que se hubiera hecho».
En el trámite de cuestiones previas, su letrado, Fernando Huelin, ha alegado la prescripción del delito y que no existe reproche penal, sino una cuestión administrativa. Ha incidido en que había autorización de la Confederación Hidrográfica del Sur y en que la finalidad del Ayuntamiento en este asunto, de buscar la restauración de la cantera, se ha mantenido en el tiempo, frente a la visión «poco firme» del Gobierno andaluz en estos años.
LA ACUSACIÓN
El fiscal ha rechazado estas cuestiones previas, considerando que bajo el título de prescripción «se ha pretendido hacer una revisión de todo el procedimiento». Asimismo, se ha mostrado en contra de estimar otras cuestiones planteadas como la falta de concreción en la acusación. La juzgadora resolverá estas alegaciones en su momento cuando se dicte sentencia.
Según la acusación pública, supuestamente, «a iniciativa» de Armijo, «sin la tramitación de expediente administrativo, licencia ni autorización administrativa o medioambiental», el Ayuntamiento concierta de forma verbal la gestión del desarrollo de la actividad de vertido de escombros y deshechos en una antigua cantera con determinadas empresas relacionadas con la construcción, que terminaron asociándose para dicha explotación.
Además, se comunicó la intención de realizar un vertedero a la Junta de Andalucía, que contestó diciendo que hacía falta un estudio de impacto ambiental; pero, supuestamente, «haciendo caso omiso a esa comunicación, la actividad continúa a la vista y paciencia de todos» bajo la gestión de las empresas «autorizadas por el Ayuntamiento», señala el fiscal, apuntando que era «un hecho público y notorio» la existencia de vertidos en esa zona protegida.
«El propio Ayuntamiento depositaba en el lugar los restos de obras y de podas vegetales», indica el escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, precisando que de 2000 a 2010 se suceden los expedientes sancionadores y denuncias sobre la situación de la zona, realizándose en 2013 una inspección por agentes de Medio Ambiente en la que se detectaron residuos como electrodomésticos, neumáticos, restos de construcción y otros agrícolas.
En 2016 se realiza otra inspección en la que, además de lo anterior, se apunta que supuestamente «el 90 por ciento de la actividad está dentro del espacio natural protegido», que el suelo «no se encuentra impermeabilizado» frente a fugas de residuos; y que hay envases de residuos peligrosos, algunos aparatos electrónicos sin descontaminar e, incluso, «restos de motos de agua».
