El Senado, a través de su Comisión de Incompatibilidades, ha iniciado hoy un procedimiento para dilucidar si la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, habría incurrido en una grave vulneración del Código de Conducta de las Cortes Generales al haber ocultado parte de su patrimonio en su declaración de bienes y rentas como senadora del PP por Málaga.
Esta es la primera vez que se activa el Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado el 1 de octubre de 2020, a raíz de la situación creada por Luis Bárcenas cuando, siendo senador del PP, ocultó su patrimonio.
La senadora del PP notificó al Senado una modificación de su declaración de bienes el pasado mes de noviembre de 2022 a raíz de la publicación de informaciones periodísticas que señalaban las contradicciones que había en la existente. El calado de los cambios que comunicó sobre su patrimonio real apunta a que la regidora de Marbella habría ocultado información a la Cámara Alta, y por ende a la ciudadanía.
Entre otros cambios, la alcaldesa de Marbella reconoció que amplió su capital en una sociedad vinculada con el paraíso fiscal de Gibraltar y terminó declarando que una vivienda de 560 metros cuadrados en Suecia era enteramente de su propiedad. En su nueva declaración, la senadora del PP también reconoció haber incrementado hasta el 100% su participación en otros bienes inmuebles, hecho que hasta ahora había ocultado en sus declaraciones presentadas ante la Cámara.
Además de los hechos descritos, una visión global de las finanzas de la senadora del PP desvela una inquietante realidad: se estima que Ángeles Muñoz, casada en régimen de separación de bienes -según ella misma indica en sus declaraciones institucionales- ha acumulado un patrimonio superior a los 12 millones de euros. Un dato llamativo a la vista de que la senadora del PP lleva dedicada en exclusiva a la política desde hace décadas y que ni siquiera cobra un salario en su condición de alcaldesa de Marbella.
Plan de trabajo
Además de iniciar el procedimiento, la Comisión de Incompatibilidades ha aprobado, con el voto a favor de todos los grupos y la abstención del PP (16 votos a favor y 10 abstenciones), la propuesta de plan de trabajo presentada por el Grupo Socialista.
El plan se estructura en tres fases. Una primera de información y documentación, que comienza mañana y que permitirá a los grupos políticos solicitar cuantos documentos, informes, antecedentes o datos consideren necesarios para esclarecer el objeto de la indagación. La mesa y portavoces de la comisión analizarán estas solicitudes y aprobarán las que consideren. A continuación, la información será puesta a disposición de todos los miembros de la comisión, que podrán solicitar más datos en cualquier momento.
La segunda fase será de comparecencias y tendrá lugar del 13 al 31 de marzo. Los grupos podrán solicitar que comparezcan aquellas personas que consideren oportunas para el caso, y serán la mesa y portavoces los que aprobarán quiénes comparecerán finalmente. En todo caso, la alcaldesa y senadora popular será llamada a comparecer para que pueda ofrecer las explicaciones que estime oportunas.
Durante el desarrollo de los trabajos y como consecuencia de éstos, la Comisión podrá acordar la celebración de nuevas comparecencias a solicitud de cualquier grupo.
Por último, la fase de elaboración de un informe sobre el posible incumplimiento del Código de Conducta comenzará con la constitución de un grupo de trabajo que adoptará sus acuerdos por el procedimiento de voto ponderado. Habrá tres representantes del Grupo Socialista, dos del Grupo Popular, y un representante por cada uno de los demás grupos representados en la Cámara Alta, hasta sumar un total de 11 miembros.
El informe deberá estar terminado el próximo 3 de abril para ser elevado a la Mesa del Senado.
La transparencia triunfa
El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado solicitó en diciembre la apertura de un procedimiento parlamentario a la senadora del PP porque considera que su conducta y los hechos conocidos sobre su patrimonio tienen un grave impacto en el prestigio e incluso en la legitimidad del Senado para el desempeño de sus funciones constitucionales.
La portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, cree que con el inicio de este procedimiento “la transparencia triunfa”. A su juicio, las indagaciones a Ángeles Muñoz en la Comisión de Incompatibilidades suponen “un paso importante para el Senado y para el conjunto del sistema político, ya que son la vía para garantizar la honorabilidad de los representantes de la ciudadanía y la transparencia en las instituciones”.
“Gracias a que nos hemos tomado en serio la incorporación de la ética a la vida pública, disponemos de un Código de Conducta con el que podremos perseguir las conductas reprochables y recuperar las Cámaras como espacios de ejemplaridad, donde ningún comportamiento que no sea ejemplar quede impune”, ha agregado.
Granados ha incidido en que “debemos ser ejemplares porque la ciudadanía no está para maniobras evasivas cuando se trata de rendir cuentas sobre cuánto tenemos al llegar a un cargo, y cuánto tenemos al salir. La política es una actividad noble que no puede quedar desacreditada por quienes llegan a ella para enriquecerse”.
Incumplimientos
Entre los incumplimientos en los que habría incurrido Ángeles Muñoz estarían, por una parte, el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban normas en materia de registro de intereses, regula diversos aspectos del funcionamiento del registro de intereses y en particular de la publicidad del mismo.
Por otra parte, se habría incumplido el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 1 de octubre de 2020, por el que se aprueba el Código de Conducta de las Cortes Generales. Dicho Código de Conducta desarrolla las obligaciones aparejadas a la pertenencia a las Cortes Generales. Interesa, a estos efectos, el contenido de los artículos 2 y 3.
Así, el artículo 2 señala que, en el ejercicio de sus funciones los miembros de las Cortes Generales observarán los siguientes principios generales de conducta: integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto, tanto a los demás miembros de las Cámaras como a la ciudadanía en general. Así como con acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente a los Reglamentos de las Cámaras y a las resoluciones que los desarrollan. Establece también que los miembros de las Cortes Generales ejercerán sus derechos y cumplirán los deberes inherentes a su cargo atendiendo exclusivamente a la consecución del interés general y se abstendrán de buscar u obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo por ello.
Finalmente, el artículo 3 del Código de Conducta dispone que existirá conflicto de interés cuando un miembro de las Cortes Generales tenga un interés personal, tanto directo y propio, como indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes; de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o independencia, o que implique que como parlamentario no persiga la consecución del interés general.
