Después de las informaciones que se han publicado en las últimas horas acerca de las viviendas turísticas, que afectan especialmente a capitales andaluzas como Sevilla, Málaga o Granada, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha viajado hasta la capital malagueña para informar de la investigación que ha puesto en marcha para perseguir los anuncios de viviendas turísticas que operan sin licencia.
Un encuentro que ha mantenido con la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV), después de haber inaugurado la IV Asamblea Red de Entidades Locales para la Agenda 2030.
El ministro ha podido analizar la situación con miembros de la federación provincial de vecinos y vecinas de Málaga, ciudad que este fin de semana vivió una multitudinaria manifestación en defensa del derecho a la vivienda y contra la proliferación de pisos turísticos.
Pablo Bustinduy ha explicado a los vecinos y vecinas la investigación abierta en su departamento para perseguir la publicidad de los pisos turísticos ilegales: «Si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de esa vivienda debe ser ilegal y por tanto debe ser perseguida». Asimismo, también ha explicado que ha pedido a los ayuntamientos de todo el país a que se sumen a la investigación abierta para que, entre todas las administraciones, aporten para solucionar lo que ahora mismo supone el segundo problema más importante para la ciudadanía según el CIS: la vivienda.
En este sentido, el ministro de Derechos Sociales ha llamado a todas las administraciones públicas a tomar cartas en el asunto con un especial énfasis a la comunidad autónoma de Andalucía, el territorio con más pisos turísticos, y a la ciudad de Málaga, que ya oferta más pisos de alquiler turístico que de vivienda habitual. «No es comprensible que Málaga ni si quiera haya decretado una moratoria en la concesión de licencias. Quiero reiterar mi llamamiento al Ayuntamiento de Málaga», ha afirmado el ministro.
El ministro también ha recordado a las administraciones que son las responsables de aplicar la Ley de Vivienda y ha pedido que algunos líderes autonómicos dejen de culpar de la «insostenible situación de la vivienda» a una ley que no están aplicando. «Hay que topar el precio de los alquileres en zonas tensionadas», ha aseverado.
Prioridades vecinales
Por otra parte, el ministro ha destacado que el objetivo de la reunión, además de trasladar las iniciativas del Ministerio, es «escuchar las denuncias, prioridades y propuestas de los y las vecinas», lo cual considera una cuestión prioritaria no solo aquí, sino en «muchos otros puntos del país» y especialmente aquellos que, como Málaga, son «destinos turísticos».
Según los datos que maneja el Ministerio de Derechos Sociales, la ciudad de Málaga ha vivido en los últimos años un enorme incremento de viviendas turísticas: si en 2016 había apenas 846, en 2024 ya hay más de 12.000. Es decir, se han multiplicado por catorce en menos de una década.
Por otro lado, Bustinduy ha valorado como «positiva» la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan decidir si quieren que «en sus inmuebles y en sus casas haya actividades económicas como la que suponen los pisos turísticos». Además, el titular de Consumo ha recordado que «habrá un registro estatal para este tipo de viviendas, de tal manera que la información esté centralizada y que sepamos cuáles son los pisos que disponen de licencia para ello».
Asimismo, Bustinduy ha recordado que ha puesto encima de la mesa la posibilidad introducir el IVA en la actividad de los pisos turísticos (VUT) en España y que así tributen «como cualquier actividad comercial» para frenar el aumento de la oferta ilegal. «Debemos incentivar de todas las maneras posibles que se destine la vivienda al uso principal que tiene que tener, que es a que la gente viva en ella, mientras construimos más vivienda pública y alquiler social», ha concluido el ministro.
