La investigación apunta a una presunta trama de adjudicaciones irregulares durante la pandemia y mantiene bajo el foco a antiguos dirigentes populares de la Diputación de Almería
El denominado ‘caso mascarillas’ continúa avanzando en los juzgados y se ha convertido en uno de los principales frentes judiciales que afectan al Partido Popular andaluz. Mientras la investigación suma nuevas diligencias y mantiene imputados a antiguos responsables de la Diputación de Almería por presuntos delitos relacionados con la contratación de material sanitario durante la pandemia, el presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, sigue sin realizar una valoración política de fondo sobre un procedimiento que afecta a destacados cargos de su formación.
Una investigación que sigue creciendo
La causa está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y trata de esclarecer una presunta red de adjudicaciones irregulares relacionadas con la compra de mascarillas, guantes y otros equipos de protección durante los momentos más críticos de la COVID-19. Según la investigación judicial, el contrato analizado alcanzó aproximadamente los dos millones de euros y podría haber generado comisiones ilícitas cercanas al millón de euros.
Entre los principales investigados figura el expresidente de la Diputación de Almería y del PP provincial, Javier Aureliano García, además de varios antiguos altos cargos de la institución y empresarios relacionados con las adjudicaciones investigadas. La instrucción también analiza otras contrataciones públicas que podrían extender el alcance del procedimiento.
Javier Aureliano García se acoge a su derecho a no declarar
Uno de los últimos hitos del procedimiento se produjo con la comparecencia judicial de Javier Aureliano García, quien optó por acogerse a su derecho a no declarar ante el juez instructor. Su defensa sostiene que no existen irregularidades y que futuros informes periciales respaldarán su versión de los hechos, mientras la investigación continúa abierta a la espera del análisis de abundante documentación y nuevos informes de la UCO.
Conversaciones codificadas y presuntas comisiones
Uno de los aspectos que más interés ha despertado durante la instrucción son las conversaciones intervenidas por los investigadores. Según los autos judiciales, algunos de los implicados habrían utilizado expresiones como «ir al dentista», «hacerse una limpieza» o referencias a «tallas» para aludir supuestamente al reparto de comisiones derivadas de los contratos públicos.
Los investigadores consideran que ese lenguaje codificado podría reflejar un sistema organizado para distribuir las presuntas mordidas obtenidas mediante las adjudicaciones investigadas, extremo que deberá determinar la instrucción judicial y, en su caso, el futuro juicio.
Registros y nuevas líneas de investigación
Los registros practicados por la Guardia Civil permitieron intervenir teléfonos móviles, dispositivos informáticos, documentación, dinero en efectivo y otros elementos que siguen siendo objeto de análisis. Paralelamente, el juzgado ha abierto nuevas piezas separadas para investigar otras actuaciones que podrían estar relacionadas con posibles delitos de malversación y prevaricación.
El silencio político de Moreno Bonilla
Mientras la causa judicial avanza y continúa generando titulares, la ausencia de una valoración política contundente por parte de Juan Manuel Moreno Bonilla ha alimentado las críticas de la oposición, que reclama explicaciones públicas sobre un caso que afecta a antiguos dirigentes del PP en una de las provincias con mayor peso electoral para los populares.
Hasta el momento, el presidente andaluz ha evitado protagonizar comparecencias específicas sobre la evolución del procedimiento y ha mantenido el foco de su agenda política en otros asuntos de gobierno. Ese perfil bajo contrasta con la creciente dimensión judicial del caso y con el impacto político que podría tener si la investigación continúa ampliándose.
La investigación continúa abierta
Por ahora, la instrucción permanece en marcha y la UCO continúa examinando la documentación incautada para determinar el alcance de una presunta trama que, según las sospechas judiciales, habría aprovechado la contratación de emergencia durante la pandemia para inflar contratos públicos y obtener beneficios económicos mediante el cobro de comisiones ilegales. Como recuerda la propia investigación, todos los implicados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
