El PSOE sacó adelante una iniciativa para reforzar el compromiso municipal con los derechos LGTBI, mientras Vox volvió a cuestionar las políticas de visibilidad del colectivo en un pleno marcado por el debate sobre la igualdad
El Pleno del Ayuntamiento de Bormujos ha vuelto a poner de manifiesto la distancia que separa a las distintas fuerzas políticas respecto a las políticas de igualdad y diversidad. La moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI salió adelante, pero contó con el rechazo frontal de Vox, cuyo portavoz, Valentín Ayesa, aseguró durante el debate que «la bandera arcoíris solo sirve para que haya odio», unas declaraciones que han generado una intensa polémica en plena celebración del Orgullo 2026.
Una moción para reforzar el compromiso institucional
La iniciativa defendida por el PSOE proponía que el Ayuntamiento renovara su compromiso con la igualdad y la protección de los derechos del colectivo LGTBI mediante distintas actuaciones municipales.
Entre las medidas figuraban la colocación de la bandera arcoíris o de una pancarta con sus colores en la fachada consistorial durante los actos del Orgullo, campañas de sensibilización contra la LGTBIfobia, formación específica para el personal municipal, protocolos frente a agresiones y la incorporación de la perspectiva LGTBI en políticas de juventud, cultura, deportes, servicios sociales y participación ciudadana.
Asimismo, la propuesta defendía una mayor colaboración con asociaciones del colectivo y el impulso de actividades educativas y culturales destinadas a combatir los prejuicios y favorecer la convivencia.
Vox rechaza la iniciativa
Durante su intervención, el portavoz de Vox justificó el voto negativo de su formación rechazando que el Ayuntamiento deba dar visibilidad a la bandera arcoíris.
Según manifestó en el pleno, la enseña «no atrae ningún negocio», «no ayuda al comerciante» y «solo sirve para que haya rencilla y para que haya odio». El edil sostuvo además que las instituciones deben mantenerse al margen de este tipo de símbolos y cuestionó la utilidad de las campañas específicas dirigidas al colectivo LGTBI.
Ayesa añadió igualmente que él es «heterosexual» y que no necesita identificarse con ninguna bandera para reclamar respeto, argumentando que la igualdad debe aplicarse a todas las personas sin distinciones.
Rechazo también a las medidas educativas
El portavoz de Vox mostró además su oposición a algunos de los contenidos educativos incluidos en la moción.
Durante el debate rechazó que se desarrollen acciones de sensibilización relacionadas con la diversidad afectivo-sexual en los centros educativos, considerando que no resultan oportunas.
La posición mantiene la línea política que Vox viene defendiendo en distintos ayuntamientos y parlamentos autonómicos, donde habitualmente vota en contra de declaraciones institucionales o iniciativas vinculadas al Día del Orgullo.
El papel de los ayuntamientos
Desde el Grupo Socialista se defendió que las administraciones locales tienen una responsabilidad directa en la lucha contra cualquier forma de discriminación y en la promoción de la igualdad real.
La moción recordaba que, pese a los avances legislativos alcanzados en España durante las últimas décadas, continúan produciéndose episodios de discriminación y discursos de odio que afectan al colectivo LGTBI, por lo que consideraba necesario mantener políticas públicas de sensibilización y protección.
Un debate que trasciende Bormujos
La controversia llega además en un momento en el que la presencia de la bandera arcoíris en edificios públicos vuelve a ocupar el debate político en distintos municipios españoles.
En los últimos días varios ayuntamientos han protagonizado controversias similares, mientras distintas resoluciones judiciales han respaldado la posibilidad de exhibir la bandera LGTBI en edificios institucionales al considerar que representa un símbolo de defensa de los derechos humanos y de la igualdad, y no un emblema partidista.
Las declaraciones realizadas durante el pleno de Bormujos reabren así un debate que cada año cobra fuerza con motivo del Orgullo y que enfrenta dos modelos distintos sobre el papel que deben desempeñar las instituciones públicas: quienes consideran que deben implicarse activamente en la protección de colectivos históricamente discriminados y quienes entienden que esa visibilidad institucional no corresponde a las administraciones.
