El Foro Andaluz de la Dependencia denuncia que el 88,6 % de las bajas registradas durante el mes de junio correspondieron a solicitantes que murieron antes de recibir la prestación o el servicio que les reconocía la ley.
La lista de espera de la dependencia en Andalucía volvió a reducirse durante el pasado mes de junio, aunque las cifras esconden una realidad muy distinta a la que podría interpretarse a simple vista. Según el último informe elaborado por el Foro Andaluz de la Dependencia (FOAM), el 88,6 % de las personas que abandonaron la lista de espera lo hicieron tras fallecer antes de recibir la ayuda o el servicio que les correspondía, una situación que la organización considera especialmente preocupante por el elevado número de personas que siguen sin ser atendidas dentro de los plazos legales.
El informe, elaborado a partir de los datos oficiales publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), señala que durante el mes de junio 2.950 personas fallecieron mientras permanecían pendientes de algún trámite relacionado con la dependencia, ya fuera la valoración de su situación, la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) o la concesión definitiva de la prestación correspondiente.
Casi 3.000 personas fallecieron durante el mes de junio
El Foro Andaluz de la Dependencia sostiene que la mayor parte de la reducción registrada en la lista de espera no se produjo porque aumentara el número de personas atendidas, sino porque miles de solicitantes murieron antes de completar el procedimiento administrativo.
La entidad explica que muchas personas consiguen el reconocimiento de su grado de dependencia, pero no llegan a recibir la ayuda económica o el servicio asignado debido a los retrasos acumulados en la tramitación de los expedientes. En otros casos, el procedimiento ni siquiera alcanza la fase de valoración antes del fallecimiento del solicitante.
Los datos difundidos reflejan que casi nueve de cada diez bajas contabilizadas en junio tuvieron como causa el fallecimiento del interesado, una circunstancia que, según FOAM, evidencia que el descenso de las listas de espera no siempre supone una mejora efectiva en la atención a las personas dependientes.
Andalucía sigue acumulando importantes retrasos
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece un plazo máximo de 180 días para resolver los expedientes y hacer efectiva la prestación reconocida. Sin embargo, distintas organizaciones sociales llevan años denunciando que ese límite se supera ampliamente en Andalucía.
Los retrasos afectan tanto a las valoraciones iniciales como a la elaboración del Programa Individual de Atención y a la puesta en marcha de los servicios o ayudas económicas. Mientras esos procedimientos permanecen pendientes, miles de personas continúan esperando una respuesta administrativa pese a haber iniciado el proceso meses o incluso años antes.
El Foro Andaluz de la Dependencia considera que la evolución del sistema debe analizarse más allá del simple número de expedientes que desaparecen de las listas oficiales, ya que una parte importante de esas bajas responde al fallecimiento de los solicitantes y no a la resolución favorable de sus expedientes.
Las familias soportan la espera sin los recursos previstos
La demora en la tramitación de la dependencia tiene consecuencias directas para las familias. En muchos hogares son los propios familiares quienes asumen durante largos periodos los cuidados de personas mayores o con discapacidad sin contar todavía con el apoyo económico o asistencial previsto por la legislación.
Esta situación obliga, en numerosos casos, a reorganizar la vida laboral y familiar para atender a personas con necesidades permanentes de cuidados, mientras continúa pendiente la resolución administrativa.
Las organizaciones que trabajan con personas dependientes recuerdan que la finalidad del sistema es precisamente garantizar una atención adecuada cuando aparece una situación de pérdida de autonomía, por lo que consideran prioritario reducir los tiempos de espera y agilizar los procedimientos.
Más de 2.200 fallecimientos entre enero y mayo
Las cifras conocidas ahora se suman a las difundidas hace apenas unas semanas por el propio Foro Andaluz de la Dependencia. Según esos datos, 2.204 personas fallecieron entre enero y mayo de 2026 mientras esperaban alguna resolución relacionada con la dependencia en Andalucía.
Con los fallecimientos registrados durante junio, las organizaciones sociales mantienen su preocupación por el ritmo de tramitación de los expedientes y reclaman una mayor capacidad administrativa para evitar que miles de personas sigan muriendo antes de acceder a un derecho reconocido por la legislación.
El informe insiste en que el funcionamiento del sistema debe medirse por el número de ciudadanos que reciben efectivamente la prestación o el servicio dentro de los plazos establecidos y no únicamente por la evolución de las listas de espera.
La dependencia continúa siendo uno de los principales retos de los servicios sociales andaluces. El envejecimiento de la población y el incremento constante de solicitudes hacen que cada año aumente la presión sobre un sistema que sigue acumulando demoras y que deja a miles de familias esperando una respuesta que, en demasiadas ocasiones, llega demasiado tarde.
