La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avisado a la Junta de Andalucía de que, si no retira la proposición de ley de regadíos en el entorno de Doñana registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz, acudirá al Tribunal Constitucional y le repercutirá las posibles sanciones europeas que en su caso imponga Bruselas al Reino de España por no mantener el buen estado del Parque Nacional de Doñana.
«El Gobierno exige al Gobierno y al Parlamento andaluz la retirada del proyecto de ley. Pido a Moreno Bonilla y a Núñez Feijóo que dejen de poner en riesgo el futuro de España», ha demandado Ribera en una rueda de prensa convocada este lunes en Madrid, tras concluir la reunión de autoridades andaluzas este lunes en Bruselas con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.
Ribera ha insistido en que no hay discusión ni interpretación, pues el plan de regadíos incrementa el riesgo para poder cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, y por tanto solo cabe que Andalucía retire la proposición de ley que, según asegura, es «diametralmente» opuesta a la necesaria protección de Doñana prometida por España.
«No es un asunto discutible ni sujeto a interpretación. No hay duda alguna», ha hecho hincapié, al tiempo que ha recordado que existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena a España «como consecuencia del plan hidrológico 2016-2021 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy», quien, en su opinión, no tuvo en consideración las necesidades hidrológicas del Parque Nacional que gestiona la Junta de Andalucía.
Por tanto, ha reiterado que si este proyecto de ley sigue adelante, la Comisión Europea utilizará «todos los medios a su alcance», incluida la posibilidad de acudir de nuevo al Tribunal de Justicia solicitando la imposición de multas contra el Reino de España. «Ya lo ha hecho en otras ocasiones e insiste en que no tendrá la menor duda con respecto a la necesidad de hacerlo en este caso», ha advertido.
Además, en el supuesto de que la proposición de ley siguiera adelante, «obviamente» el Gobierno acudiría al Tribunal Constitucional y no descarta que, en el caso de que llegue a haber sanciones económicas, el Ejecutivo pensará «cómo se puede trasladar esa multa coercitiva a quien sabe que esta es una amenaza real que ha dejado por escrito» en la reunión con el comisario europeo.
«El mensaje es claro. No caben enmiendas, solo cabe la retirada», ha precisado Ribera que insiste en la «devolución íntegra de esta ley al sitio del que no debió salir nunca jamás».
Ribera ha insistido en que «no es posible inventar más agua» y la del plan hidrológico del Guadalquivir ya está comprometida, por lo que «corresponde retirar este texto» y después sentarse a hablar «de lo que corresponda o de lo que se necesite», pero afirma que el Gobierno no va a negociar nada «sobre la base de la ilegalidad, porque el agua adicional que se podría obtener «ya está comprometida para los regantes legales, para los consumidores y para el propio Parque».
«Basta ya de reclamar diálogo sobre la ilegalidad de esta proposición», defiende la vicepresidenta, que pide al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que asuma su responsabilidad y deje de aliarse con Vox para que vuelva a pensar en los intereses de España y en la legalidad.
Ribera ha manifestado que el comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevicius, en la reunión que ambos mantuvieron la semana pasada en Estocolmo (Suecia), fue «tajante» e insistió en que la sentencia no es interpretable ni discutible y que la proposición de ley en tramitación va «en sentido diametralmente contrario» al de preservar Doñana.
De hecho, recuerda que España y la Comisión había llegado a fijar un calendario para la ejecución de todos los planes en el contexto del plan hidrológico del Guadalquivir y del Marco de Actuaciones de Doñana para su correcta ejecución. Así, ha afirmado que el comisario le trasladó que le gustaría que España fuera «más deprisa» en la aplicación y le expresó su falta de política ambiental de protección.
La vicepresidenta ha criticado a Moreno Bonilla porque «se empeña» en explicar lo que cree que la Comisión Europea «no había entendido, pero la Comisión no es tonta y entiende las cosas que recibe» y ha constatado un incumplimiento sobre el que está «vigilante».
Por ello, explica que Sinkevicius no se ha tomado esta reunión como una «cortesía», sino en el marco de un procedimiento de infracción contra el Reino de España que podría llevar aparejada una nueva sanción de «características pecunarias importantes» contra el presupuesto de todos los españoles.
Así, ha garantizado que el Gobierno, los científicos, la Unesco, la Comisión de Participación del Parque Nacional de Doñana, no están «confabulando» contra la proposición de ley y contra Moreno Bonilla.
Por último, ha apelado «directamente» al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que «imponga el sentido común» dado que es europeísta y constitucionalista a no ser que esté «en manos de Vox y los negacionistas».
