El Tribunal de Cuentas ha iniciado actuaciones para investigar los más de 71,6 millones de euros que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, habría dejado de reclamar a empresas de sanidad privada, en el marco del sistema público sanitario.
La decisión del órgano fiscalizador se produce tras una denuncia presentada por el PSOE madrileño, que apunta a un posible “menoscabo de fondos públicos” derivado de fallos en el control y la facturación entre hospitales públicos y centros de gestión privada.
Una investigación por posible responsabilidad contable
Según la documentación, el Tribunal ha abierto una “pieza de acción pública” que permitirá analizar si existió responsabilidad contable por parte del Ejecutivo autonómico.
El origen del caso estaría en un sistema de facturación interna del Servicio Madrileño de Salud, en el que hospitales públicos asumen tratamientos de pacientes derivados desde centros concertados sin que, en algunos casos, se haya producido la correspondiente compensación económica.
Diversos informes señalan que esta falta de control habría provocado que la administración dejara de ingresar decenas de millones de euros, en algunos casos por ausencia de documentación clínica que justificara los cobros.
Empresas privadas bajo el foco
La investigación afecta principalmente a grandes grupos sanitarios como Quirón y Ribera Salud, que gestionan hospitales públicos bajo concesión administrativa en la región.
Según denuncian los socialistas, la Comunidad de Madrid habría “perdonado” estas cantidades al no reclamar pagos por servicios que debían ser compensados entre centros, lo que podría constituir una gestión negligente o irregular de recursos públicos.
Contexto de creciente polémica sanitaria
La apertura de esta investigación se produce en un contexto de creciente debate sobre el modelo sanitario madrileño, caracterizado por la coexistencia de hospitales de gestión pública directa y centros concertados con empresas privadas.
En los últimos meses, distintos informes ya habían alertado del incremento del gasto en conciertos sanitarios y de la complejidad para fiscalizar correctamente estos contratos, lo que ha intensificado el enfrentamiento político en la región.
Además, desde la oposición se vincula este caso con problemas estructurales del sistema, como el aumento de las listas de espera o la falta de recursos en la sanidad pública, mientras el Gobierno regional defiende la legalidad y eficacia del modelo mixto.
El Tribunal de Cuentas deberá ahora analizar la documentación aportada y determinar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento, designar un instructor o, en su caso, trasladar el caso a la Fiscalía.
La investigación abre un nuevo frente político en la Comunidad de Madrid y podría tener consecuencias relevantes tanto en el ámbito judicial como en el debate sobre la gestión de la sanidad pública en España.
