La congresista demócrata acusa a la Administración Trump de vulnerar sus derechos constitucionales durante una investigación migratoria y cuestiona que la operación se haya producido a pocas semanas de las elecciones legislativas.
La congresista demócrata Ilhan Omar ha exigido al Departamento de Justicia de Estados Unidos la devolución inmediata de los objetos incautados durante el registro de su vivienda en Washington. Sus abogados sostienen que la operación, realizada esta semana por agentes federales, carecía de justificación suficiente y pudo incumplir las condiciones establecidas por un juez para proteger los derechos constitucionales de la legisladora.
En una carta remitida el viernes a los fiscales federales, los representantes legales de Omar, Amy Jeffress y Joshua Matz, denunciaron presuntas irregularidades en la ejecución de la orden judicial. Entre ellas, señalaron que la Oficina del Asesor Jurídico de la Cámara de Representantes no habría recibido la notificación correspondiente antes de que el registro trascendiera públicamente. También cuestionaron que los investigadores no hubieran establecido los procedimientos necesarios para identificar y separar los documentos protegidos por la cláusula constitucional que ampara las actividades legislativas de los congresistas.
Los abogados reclamaron asimismo la conservación de todas las grabaciones de audio y vídeo realizadas durante la intervención y solicitaron que se devuelvan los bienes incautados, entre ellos el teléfono móvil, el pasaporte y diversos documentos personales. Según la defensa, los agentes no habrían respetado las salvaguardas previstas por el magistrado para impedir que la investigación accediera indebidamente a materiales relacionados con el trabajo parlamentario.
El registro se llevó a cabo en el marco de una investigación por posibles irregularidades en la documentación migratoria y de naturalización de la representante por Minnesota. Las pesquisas contemplan posibles declaraciones falsas y una eventual conspiración vinculada a expedientes presentados hace décadas. Omar, nacida en Somalia y llegada a Estados Unidos como refugiada en 1995, obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2000 y niega haber cometido irregularidad alguna.
La legisladora considera que la actuación responde a una campaña de intimidación política por parte del presidente Donald Trump, con quien mantiene un enfrentamiento público desde hace años. La proximidad de las elecciones legislativas de noviembre añade sensibilidad al caso: Omar aspira a la reelección y es una de las voces más críticas de la Administración republicana en el Congreso.
La defensa también cuestiona que se haya reactivado una investigación sobre antecedentes migratorios antiguos sin una base suficiente. El Departamento de Justicia no ha detallado públicamente todos los fundamentos de las pesquisas y no ha respondido a las acusaciones concretas formuladas por los abogados en la comunicación conocida hasta ahora.
El caso plantea interrogantes sobre los límites de las investigaciones federales cuando afectan a representantes electos y sobre las garantías que deben proteger la documentación vinculada a su actividad legislativa. Por ahora, las acusaciones de la defensa no constituyen una resolución judicial sobre la legalidad del registro, y la investigación continúa abierta. La respuesta de las autoridades y la eventual revisión de la actuación de los agentes determinarán los siguientes pasos del conflicto.
