La campaña electoral brasileña de 2026 ha abierto un nuevo frente de tensión con Washington después de que Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Diplomacia Pública, calificara de «censura impuesta por Brasil» una norma que ha obligado a X a modificar su sistema de recomendaciones. La acusación del Gobierno de Donald Trump vuelve a colocar la regulación de las plataformas digitales en el centro de las fricciones entre ambos países, pero omite una diferencia fundamental: Brasil no ha prohibido contenidos ni cerrado cuentas; ha establecido reglas sobre cómo los algoritmos pueden distribuir propaganda política durante unas elecciones.
La plataforma implementó un filtro denominado «Brazil2026ElectionFilter» en su sección «Para Você», utilizada para recomendar publicaciones de cuentas que el usuario no sigue. Con la nueva configuración, las publicaciones de los perfiles oficiales de candidatos no son recomendadas automáticamente a personas que no los siguen. Sin embargo, los contenidos permanecen publicados y pueden ser consultados directamente en las cuentas correspondientes. Tampoco se impide a los candidatos utilizar normalmente la red social.
La medida responde a las normas establecidas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) para el proceso electoral brasileño. El tribunal aprobó en marzo las resoluciones que regulan las elecciones generales de 2026, dentro de un marco construido a partir de la legislación electoral y de consultas públicas. Las reglas buscan establecer condiciones uniformes para candidatos, partidos, electores y plataformas digitales.
La cuestión resulta especialmente relevante porque los sistemas de recomendación no son espacios neutrales. Deciden qué contenidos aparecen ante millones de personas sin que estas necesariamente los hayan solicitado. En ese contexto, limitar la recomendación automática de propaganda de candidatos que un usuario no ha elegido seguir puede entenderse como una regulación de la distribución algorítmica, no como una prohibición de la libertad de expresión.
La propia actuación de X evidencia esa diferencia. La empresa no ha eliminado las publicaciones afectadas: ha modificado el mecanismo mediante el cual el algoritmo las introduce en los espacios personalizados de los usuarios. La consecuencia es una reducción potencial de su alcance automático, pero no la desaparición del discurso político.
La crítica de Rogers se produce, además, en un momento de crecientes desencuentros entre los Gobiernos de Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, que ya mantienen diferencias en materia comercial, diplomática y de regulación tecnológica. La acusación estadounidense convierte ahora una norma electoral brasileña en otro capítulo de esa disputa.
Brasil, entretanto, tiene una responsabilidad particularmente sensible: proteger la integridad de un proceso electoral de enorme dimensión sin convertir la regulación en una herramienta de silenciamiento. Precisamente por eso, establecer límites transparentes al poder de las plataformas para decidir qué mensajes políticos amplifica un algoritmo no significa necesariamente restringir el debate democrático. En ocasiones, proteger la libertad política exige también impedir que la arquitectura privada de una red social se convierta, sin control público, en árbitro invisible de la conversación electoral.
La democracia no consiste únicamente en permitir que todos hablen. También requiere que nadie tenga, por el simple dominio de un algoritmo, el poder de decidir unilateralmente quién será escuchado.
