La noche anterior todavía dormía en la casa en la que había pasado más de siete décadas. Veinticuatro horas después estaba ingresada en un hospital. Entre ambos momentos hubo una acampada vecinal, un fuerte despliegue policial, negociaciones sin acuerdo y la ejecución de un desahucio que ha provocado protestas en distintas ciudades españolas.
El martes por la noche Maricarmen todavía estaba en su casa de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el madrileño barrio de Retiro. Tenía 87 años y sabía que a la mañana siguiente podía perder la vivienda en la que había transcurrido prácticamente toda su vida.
Fuera del edificio, vecinos y activistas habían decidido acompañarla. Instalaron tiendas de campaña y se organizaron para intentar impedir un lanzamiento que ya había sido aplazado anteriormente.
Dentro quedaban Maricarmen, sus recuerdos y la esperanza de que en las últimas horas pudiera encontrarse alguna salida.
No ocurrió.
De la acampada al despliegue policial
La mañana del miércoles 23 comenzó muy temprano.
Alrededor de las seis, el dispositivo policial empezó a desplegarse en la zona. Los concentrados trataron de mantener bloqueado el acceso al inmueble y algunos formaron una cadena humana ante el portal.
Con el paso de las horas, la Policía fue retirando a quienes dificultaban la entrada hasta conseguir despejar el acceso al edificio.
A media mañana, el desahucio parecía ya difícil de detener.
Todavía hubo intentos de negociación. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, explicó posteriormente que durante más de una hora se plantearon diferentes alternativas a la propiedad, Urbagestión Desarrollo e Inversión, pero ninguna permitió alcanzar un acuerdo que paralizara el lanzamiento.
El procedimiento judicial siguió adelante.
Las 13.00 horas y una imagen que recorrió España
El momento que terminó marcando toda la jornada llegó alrededor de la una de la tarde.
Maricarmen salió de la vivienda en una camilla, atendida por los servicios sanitarios y rodeada por un importante dispositivo policial.
Al otro lado se encontraban los vecinos y activistas que habían permanecido durante horas intentando evitar el desahucio.
La imagen adquirió rápidamente una dimensión que superó el propio conflicto entre arrendataria y propiedad: una mujer de 87 años abandonando en camilla la casa en la que había vivido durante más de 70 años.
Según explicó después su abogada, Maricarmen ni siquiera pudo recoger todas sus pertenencias antes de abandonar el inmueble.
De allí fue trasladada al hospital.
Una vida que no cabía en una orden de lanzamiento
El procedimiento que terminó con el desahucio tiene detrás un conflicto jurídico relacionado con el alquiler de renta antigua de la vivienda.
Pero lo ocurrido el miércoles mostró también la enorme distancia que puede existir entre la dimensión jurídica de un desahucio y sus consecuencias personales.
Para Maricarmen aquella vivienda no era únicamente el objeto de un contrato. Era el lugar donde había desarrollado prácticamente toda su vida adulta.
La ejecución del lanzamiento puso fin en unas horas a más de siete décadas de permanencia en la misma casa.
Por la noche, su abogada confirmó que continuaba ingresada y que su estado se había visto afectado por todo lo ocurrido.
Había comenzado el día dentro de su vivienda y lo terminó en un hospital.
La protesta se extiende fuera de Madrid
Para entonces, el caso ya había trascendido las calles del barrio de Retiro.
Durante la tarde se celebraron movilizaciones en una docena de ciudades españolas. Las protestas reclamaron medidas de protección para las personas vulnerables y volvieron a situar el problema de los desahucios y el acceso a la vivienda en el centro del debate público.
Este jueves se ha sumado además la intervención del Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo ha pedido a las administraciones y poderes públicos medidas urgentes para evitar situaciones de desahucio que afecten a personas en situación de vulnerabilidad.
El caso ha provocado también un enfrentamiento político sobre qué administración debía intervenir y qué instrumentos podían haberse utilizado. Ese debate continuará.
Pero hay una imagen que difícilmente necesita interpretación política.
El martes por la noche, una mujer de 87 años permanecía dentro de la casa en la que había vivido más de 70 años. El miércoles, poco después de la una de la tarde, salió de ella tumbada en una camilla.
Veinticuatro horas fueron suficientes para que una historia que parecía limitada a un portal de Madrid terminara abriendo de nuevo, en toda España, el debate sobre qué ocurre cuando el derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna chocan en la puerta de una persona vulnerable.
