En la anterior columna argumenté la conveniencia de esperar hasta conocer la metodología a seguir y el alcance que finalmente tuviera la condonación de la deuda a Cataluña y al resto de las CCAA, antes de adentrarnos en análisis de posibles privilegios o agravios entre una y otras.
Desde que dicho asunto tomó notoriedad en el discurso político varios han sido los análisis publicados en medios de comunicación que, en lo fundamental, permiten aproximar los valores, las cuantías, que presumiblemente resultarían en dicha quita dependiendo de la metodología que se siga para su cálculo. Unos tendrían que ver con la aplicación para el resto de las CCAA de los cálculos que estarían detrás del alcance descrito en el acuerdo entre PSOE y ERC y que se fundamentaría en aquella parte de la deuda concertada con el Estado en los momentos de mayores dificultades de acceder a los mercados, si bien -en virtud de la última información publicada- parece que alcanzarían a todas las comunidades del régimen común, tuvieran o no dicha deuda con el Estado. Otros bascularían hacía la aplicación de un método que tenga en cuenta la población ajustada de cada CCAA, donde la población es la variable fundamental pero ajustada por una serie de factores demográficos y geográficos que afectan al coste de los servicios fundamentales y que es el que actualmente se aplica en el sistema de financiación autonómica ahora vigente. Como veremos a continuación ambas metodologías dibujarían unos valores inferiores y superiores entre los que podrían moverse finalmente las cuantías por CCAA.
Respecto de la primera, la que se tiene como referencia el acuerdo PSOE-ERC, atendiendo a la metodología y los cálculos realizados por los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) en base a vincular el crecimiento de la deuda viva de cada comunidad con los años de recesión y crisis económica, a partir de los datos extraídos del INE de las series de información sobre PIB de las CCAA, desde 2007, teniendo en cuenta que hay CCAA que financian parte de su deuda con el Estado y otras no, como Madrid. De lo que se concluye que la estimación de la condonación total sobre la deuda viva de 2022 para las comunidades del régimen común, excluidas Navarra y el País Vasco, supondría una media total del 18% y ascendería a una cantidad total aproximada de 54.620 millones de euros (M€).
Para Cataluña supondría un 17% con una cantidad de 14.647 M€. Para Andalucía sería un 15% y 5.697 M€, además de para ambas (es decir, para todas) de la parte de intereses correspondientes a las operaciones concertadas, lo que mejoraría las expectativas de cumplimiento de los objetivos de déficit. En términos porcentuales destacaría la comunidad de Canarias con un 41% y en términos nominales Cataluña y C. Valenciana con 14.647 y 14.093 M€ respectivamente.
En este punto cabe llamar la atención de que este planteamiento -per se- ya superaría para todas las CCAA lo acordado con ERC, dado que como se ha dicho podría incluir la parte de deuda no concertada con el Estado y sí con otros terceros distintos, incluyendo el caso extremo de la Comunidad de Madrid que no ha hecho uso de las posibilidades de financiación de su deuda a través de los fondos ofrecidos por el Estado y optó en su día por financiarse exclusivamente en los mercados. Decisión más cara que le supuso en 2022 (último año del que se dispone de datos) financiar su deuda a un coste del 2,3%, superior al 1,4% del resto de las CCAA que decidieron financiar parte de su deuda con el Estado, lo que conllevó para los madrileños un sobrecoste de más de 300 M€, que supone -por ejemplo- el doble de lo invertido en la infraestructura del Zendal. Y las previsiones para el ejercicio de 2023 podrían suponer que se duplicara dicho sobrecoste. Sin embargo, es la presidenta de Madrid quien califica de “gran estafa” la proyectada condonación a las CCAA y justifica que ella se apartara en su día del mecanismo de financiación del Estado para “competir con Londres o Amsterdan”. Curiosa manera de entender la competitividad cuando la decisión tomada supone mayores costes financieros. No parece que se lleve bien ser más competitiva con tener mayores costes.
Dicho lo anterior, todo indica que finalmente también Madrid se verá beneficiada de dicha condonación por parte del gobierno, si es que finalmente decidiera acogerse a ella.
Respecto de la segunda, la que resultaría de aplicar el factor de la población ajustada a partir de las cantidades contenidas en el acuerdo PSOE-ERC, teniendo en cuenta los datos presentados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), nos llevaría a la premisa de que si la quita de deuda para Cataluña ascendiera a los referidos 15.000 M€ y su población ajustada para el año 2021 resultó ser de 7.575.423 habitantes, resultaría una ratio de quita por habitante de 1.980 €/hab. Si aplicásemos esa ratio a la población ajustada para Andalucía (8.301.282 habitantes) la cantidad debiera ascender a 16.437 M€, que pasaría a ser la comunidad que tendría una mayor quita de deuda. Madrid, que no tiene deuda concertada con el Estado, pero la tiene con otros operadores, con una población ajustada de 6.528.308 tendría una quita de 12.927 M€.
Ahora bien, debo señalar que este segundo cálculo se me antoja de máximos por la razón siguiente. Si de lo que se trata es que el Estado enjugue parte de las deudas de las CCAA podemos convenir que, para cada caso, dichas deudas o bien provienen de la consolidación de unos gastos presupuestarios por encima de los ingresos que genera, o del reconocimiento de unos ingresos inferiores a las necesidades de gasto presupuestado en cada ejercicio, o una combinación de ambas. En los capítulos de ingresos destaca el recaudatorio de la capacidad tributaria (por encima del 85%) en relación con los recursos provenientes de los Fondos de suficiencia, garantía y convergencia del sistema de financiación de las CCAA (que no llegarían al 15%) que son los fondos que se reciben medidos en términos de población ajustada o unidad de necesidad. No se puede presuponer que la deuda generada haya sido por una infradotación de los fondos del sistema y no por una recaudación menor conforme a su capacidad tributaria o un exceso de gasto sobre el que fue presupuestado, o por ambas.
Es en este punto que observamos una razón de las controversias políticas, los tira y afloja entre las CCAA al que se verá sometido el debate y el acuerdo. Sea cual sea la metodología que finalmente se abra paso lo cierto es que ambos valores de la horquilla para Cataluña se sitúan alrededor de los 15.000 M€, mientras que para Andalucía podría suponer pasar de unos 5.700 en el primero hasta aproximadamente 16.500 en el segundo (casi dos veces más), o Madrid que en principio tendría que ser cero, pasaría a cerca de los 13.000. Posiblemente dentro de esos segmentos de máximos y mínimos se encontrará finalmente la cantidad que finalmente se acuerde.
Lo cierto es que se trata de un asunto complejo, de difícil negociación, que genera importantes expectativas y concita el interés político y financiero pues mejorará las condiciones de unas CCAA que estarán menos endeudadas y que podrán acceder en el futuro a los mercados para financiarse con mejores expectativas. Se beneficiarán todas sea cual sea el método de cálculo, solo por esto ya merece la pena llegar a un acuerdo.
Pero no será fácil dado que la dirección nacional del PP está presionando a sus barones territoriales en las comunidades donde gobierna para que no se acojan a la quita por razones más de oposición política que de estricto interés para las finanzas públicas allí donde gobierna y los ciudadanos.
