Cada tres años la UE hace proyecciones a largo plazo de partidas de gasto relacionadas con la edad (pensiones, atención sanitaria, cuidados de larga duración y educación) de los países miembros. Esto se conoce como Ageing Report (Informe de envejecimiento).
En el AR 2024, publicado el 18 de abril de 2024, la Comisión Europea estima que, tras la reforma de pensiones llevada a cabo por el Gobierno de España, el gasto promedio anual en pensiones en nuestro país se elevará al 15,1% del producto interior bruto (PIB). A este porcentaje habría que restar la estimación de ingresos, realizada por la AIReF, del 1% del PIB, por lo tanto, teniendo en cuenta ambas estimaciones, resultaría un «gasto neto» del 14,1% del PIB, es decir sólamente un 0,8 puntos por encima del máximo establecido en la cláusula de cierre de la reforma.
El AR 2024 estima que este aumento, que se debe en gran medida a la indexación de las pensiones conforme al IPC, sería de 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y de 5 puntos porcentuales en 2070.
Pero a pesar de lo que muchos pudieran pensar, lo cierto es que el Gobierno ya contaba con que las medidas adoptadas en las reformas de pensiones de 2021 y 2023 provocaría un aumento del gasto público en pensiones, no sólo por garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas sino también por el envejecimiento de la población española (una de las más longevas del planeta) y el impacto que provocará en el sistema la jubilación de la generación del baby boom (la más numerosa de la historia). Sin embargo, los boomers son numerosos, pero no inmortales, por lo que su impacto en el sistema es sólo temporal.
Aún así la cifra que arroja el AR 2024 no es alarmante, ya que no debemos perder de vista que el nivel de gasto que muestra el informe de la Comisión UE (15,1% del PIB en el periodo 2022-2050) es simplemente 0,1 puntos porcentuales por encima de la cifra de previsión reflejada en ley de la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de España.
La reforma española cambió radicalmente el enfoque sobre el que había que actuar. Mientras que el gobierno de M.Rajoy, para garantizar la sostenibilidad del sistema, aplicaba la contención del gasto, con medidas como el Índice de Revalorización de Pensiones, que condenaba a los pensionistas a una subida del 0’25% y por consiguiente, a una devaluación de sus pensiones; la Ley 21/2021, del Gobierno de
Sánchez, dirige sus políticas a aumentar los ingresos (poniendo en marcha el mecanismo de equidad intergeneracional) e incentivar el retraso voluntario en la edad de jubilación.
Los incentivos introducidos en la reforma de 2021 están consiguiendo acercar la edad legal de jubilación (67 años) a la edad real. Mientras que en 2019 los españoles se jubilaban con 64,4 años, en 2023 la edad media de jubilación ha sido a los 65’1 años. Los incentivos también han ayudado a reducir el número de jubilaciones anticipadas y aumentar el de jubilaciones demoradas.
También hay que considerar que los ingresos del sistema por cotizaciones sociales crecen a un ritmo del 10% gracias a la buena marcha del mercado laboral, que ha vivido una enorme transformación después de la reforma laboral.
Pero es que además, la propia reforma de Escrivá incorpora cláusulas que permiten la adopción de medidas en el supuesto de desviaciones. Medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema, como la revisión del periodo de cálculo de la jubilación, el aumento de las bases máximas de cotización, la modificación del mecanismo de equidad intergeneracional, etc. Todo esto sin tener en cuenta que el Congreso de los Diputados cuenta con la comisión permanente no legislativa de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo que cada cierto tiempo emite un informe con propuestas y recomendaciones al gobierno.
Así que menos alarmismo, el gasto en pensiones del informe europeo es sólo una décima mayor al previsto por el Gobierno de España.
Alfonso Muñoz Cuenca
Senador socialista 2018 – 2023 Funcionario INSS
