En plena pugna política por adjudicarse mediáticamente como un triunfo el marrón generado en torno a Doñana, parece que a algunos les cuesta abandonar la mirada electoralista hacia el medio rural para adentrarse en el verdadero problema y en las necesidades de quienes trabajan la tierra. Esta semana ha pasado demasiado desapercibido el impacto positivo que la reforma del subsidio aprobada en el Consejo de Ministros tendrá particularmente en Andalucía, por incluir modificaciones en el conocido como “paro agrario”.
Si hay un colectivo que pueda constatar la facilidad con la que se pierden derechos y el arduo trabajo que lleva recuperarlos, ese es el agrícola. El conocido como Plan de Empleo Rural (PER) significó, hace casi cuarenta años (1986) una conquista de los jornaleros de Andalucía y Extremadura, dos comunidades autónomas cuyas economías han estado siempre muy vinculadas al sector primario.
Los trabajadores del ámbito rural que cumplían una serie de requisitos generaban el derecho a acceder al subsidio de trabajadores eventuales agrarios. Aquello que, sin lugar a duda, fue un avance histórico con el tiempo se vio atacado por el tópico andaluz y cayó en las garras de la demagogia barata.
No faltaron voces desde el espectro ideológico conservador y la derecha mediática que asimilaban el PER a una paguita para holgazanes en la Andalucía subsidiada. Curiosamente, son los mismos que hoy se apuntan -más con discursos que con hechos- a la lucha contra la despoblación y la necesidad de fijar la población rural al territorio.
Diez años más tarde (1996), el presidente José Mª Aznar debió decantarse más por la versión perezosa de los andaluces que por la real, cuando decidió eliminar el subsidio de trabajadores eventuales agrarios. Inevitablemente, la medida que obviaba la necesidad de conservar vivo el entorno rural y sus habitantes, vino acompañada de una importante contestación ciudadana y sindical que se solventó con una nueva prestación: la renta agraria.
Fue así como el antiguo PER (y el subsidio de trabajadores eventuales agrarios) se iría extinguiendo a medida que sus prestatarios dejaran de serlo, siendo sustituido por la renta agraria para los jornaleros que generaban por primera vez este derecho. Las condiciones de la nueva ayuda eran mucho menos beneficiosas que la originaria. Un recorte de derechos en toda regla.
Según datos del SEPE actualizados a fecha del pasado octubre, de los 158.552 trabajadores perceptores de estas ayudas, 139.352 son andaluces (71.579 perciben el conocido como antiguo PER o subsidio de trabajadores eventuales agrarios y 67.773 la renta agraria que lo sustituyó posteriormente en condiciones menos ventajosas). Por provincias, Sevilla estaría a la cabeza con 34.299 perceptores, seguida de Córdoba y Jaén, la primera con 25.823 y la segunda 23.386. Posteriormente estarían Granada con 17.399, Huelva con 12.604 y Cádiz con 11.123. El último lugar lo ocuparían Málaga con 10.998 y Almería con 3.720.
El pasado mes de abril, consciente de la necesidad de reformar el nivel asistencial de las prestaciones por desempleo (los llamados subsidios) comprometida con Europa en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, el grupo socialista en el Senado presentó una moción instando al Gobierno a la unificación del subsidio agrario y la renta agraria. Algo que revertiría el impacto negativo de la medida implantada en su día por los populares.
Como resultado, la demanda histórica de los trabajadores del campo ha visto la luz -solo en parte- esta semana. Por fin se da cumplimiento pleno al mandato de la Ley 28/2011 de 22 de septiembre por la que se integra el régimen especial agrario en el régimen general de la seguridad social. El Gobierno de España, dentro de los tres meses siguientes al de la entrada en vigor de esta ley, previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, regulará el derecho a acceder a un primer nivel de protección asistencial.
Entre otros avances a destacar estarían, por un lado, que a los trabajadores de renta agraria les computarán las cotizaciones del PFEA o Programa de Fomento de Empleo Agrario (como ya ocurre con los del subsidio agrario). Por otro lado, todos los eventuales agrarios podrán acceder a todo el nivel asistencial en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores. Asimismo, la duración de la prestación por desempleo que era también menor, se iguala a la del resto de beneficiarios de prestaciones y se eliminan las restricciones para el cómputo de periodos de ocupación cotizada como eventual agrario (no computaban, por ejemplo, para acceder al subsidio de cotizaciones insuficientes). Las cotizaciones por desempleo anteriores a la fecha del reconocimiento del subsidio o de la renta agraria, que no hayan computado para la obtención de tales derechos, podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior, de nivel contributivo o asistencial.
Quizás para algunos, la lucha por el reto demográfico se limita a un par de declaraciones y sus correspondientes titulares pero, para entender la verdadera evolución de una tierra como la andaluza, de grandes dimensiones, amplias distancias y, sin embargo, poco afectada por la despoblación en comparación con otras comunidades, hay que pensar en su gente y reconocer que las ayudas públicas para la vertebración de los territorios y quienes los habitan no son paguitas sino inversiones necesarias y apuestas políticas acertadas.
