El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente informativo para investigar posibles subidas abusivas de precios por parte de empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) durante el apagón eléctrico que afectó a gran parte del país el pasado lunes. La investigación, coordinada a través de la Dirección General de Consumo, responde a diversas denuncias presentadas por usuarios en comunidades autónomas donde se declaró el estado de emergencia.
Según ha recordado el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, la normativa vigente prohíbe expresamente la subida de precios dinámicos en situaciones de emergencia de protección civil, como la vivida tras el fallo masivo en el suministro eléctrico. Esta prohibición fue introducida a finales de 2024 mediante un Real Decreto que modificó la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a raíz de los abusos detectados durante la DANA que afectó a Valencia en octubre del mismo año.
La ley establece que las empresas que utilizan precios personalizados en función de la demanda no pueden modificar al alza sus tarifas en contextos de urgencia o necesidad, como los recogidos en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Por tanto, cualquier incremento de precios detectado en zonas donde se declaró la emergencia podría constituir una infracción grave en materia de consumo.
Las sanciones previstas para estos casos pueden alcanzar los 100.000 euros o hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido, en función de la gravedad de la infracción y del perjuicio ocasionado a los consumidores.
El ministerio ha señalado que el expediente se encuentra en fase inicial y que se requerirá información a las empresas afectadas antes de determinar posibles sanciones. Mientras tanto, ha animado a los usuarios que hayan detectado precios abusivos a presentar sus reclamaciones a través de las oficinas de consumo autonómicas o en la web del ministerio.
