La llegada masiva de personas desde Marruecos ha desbordado los recursos de acogida de la ciudad autónoma, obligado al Gobierno a movilizar al Ejército y abierto un nuevo frente político y diplomático mientras Pedro Sánchez se desplaza a la frontera del Tarajal
Ceuta llega a este 1 de agosto convertida en el centro de una crisis migratoria, humanitaria y política de una dimensión extraordinaria. Una presión que llevaba meses creciendo se aceleró durante la última semana de julio hasta desembocar el jueves 30 en una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, principalmente a través de la zona del Tarajal y por mar.
La magnitud del episodio obligó al Gobierno de España a reforzar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional con unidades del Ejército de Tierra y llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a desplazarse este viernes 31 de julio a la ciudad autónoma acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Las estimaciones manejadas por el Ministerio del Interior durante la jornada del viernes situaban en aproximadamente 60.000 las personas que habrían entrado irregularmente desde Marruecos en unas 24 horas, aunque se trata todavía de una cifra provisional que deberá consolidarse después de los procesos de identificación.
La crisis también deja un grave balance humano. Las últimas informaciones disponibles elevaban hasta al menos 24 las personas fallecidas, muchas de ellas después de intentar llegar a Ceuta a nado. La cifra había ido aumentando desde los primeros balances difundidos durante el jueves y continuaba siendo provisional al cierre de este reportaje.
El episodio devuelve además a primer plano la relación entre España y Marruecos cinco años después de la crisis de mayo de 2021 y plantea un nuevo debate sobre la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
La presión migratoria ya se había disparado durante el primer semestre
La crisis no comenzó el 30 de julio.
Los datos oficiales correspondientes al primer semestre de 2026 ya situaban a Ceuta entre los territorios españoles donde más había aumentado porcentualmente la inmigración irregular.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio llegaron irregularmente a la ciudad 2.582 personas, frente a las 978 registradas durante el mismo periodo de 2025. La diferencia representa un incremento del 164 %, mientras otros puntos de entrada a España registraban descensos.
A esta presión se añadía la situación de los menores extranjeros no acompañados.
El 28 de julio, el Gobierno ceutí comunicó que tenía bajo tutela a 472 menores, frente a los 210 registrados apenas dos semanas antes. En catorce días habían entrado en el sistema de protección otros 262 niños y adolescentes.
La Ciudad Autónoma calificó entonces la situación de «extremadamente grave» y cifró la sobreocupación de los recursos destinados a menores en un 1.600 %, dieciséis veces por encima de su capacidad ordinaria.
El problema venía de meses atrás. En mayo, pese a haberse trasladado ya a 346 menores desde Ceuta a otras comunidades dentro del sistema extraordinario de distribución, la ciudad continuaba gestionando una presión muy superior a su capacidad estructural.
El Gobierno central había aprobado además el 14 de julio una distribución de 35 millones de euros para financiar la atención a menores migrantes no acompañados. A Ceuta le correspondieron 5,5 millones de euros.
Del repunte a la emergencia: más de mil llegadas en una semana
La última semana de julio marcó el cambio de escala.
El lunes 27, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma reconocieron conjuntamente una situación de «emergencia migratoria» después de que más de un millar de personas, entre adultos y menores, hubieran llegado en aproximadamente una semana.
Las administraciones admitieron entonces que el sistema de protección de menores se encontraba colapsado y que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, estaba sometido a una fuerte presión.
A partir de ese momento se estableció una coordinación permanente para abordar simultáneamente las necesidades humanitarias, asistenciales y de seguridad.
Una de las particularidades de estas llegadas había sido la utilización del mar para bordear los espigones fronterizos.
El fenómeno adquirió además una dimensión jurídica después de que el Tribunal Supremo delimitara en julio la aplicación del régimen especial de rechazo en frontera previsto para Ceuta y Melilla y estableciera que no podía aplicarse automáticamente a quienes eran interceptados en el mar tras intentar acceder a nado.
El Alto Tribunal vinculó este procedimiento a la superación de elementos físicos de contención fronteriza, como las vallas.
El Partido Popular reaccionó planteando una modificación de la Ley de Extranjería para extender el régimen de rechazo en frontera a determinadas entradas por vía marítima, convirtiendo la cuestión en uno de los primeros ejes del enfrentamiento político sobre cómo gestionar el incremento migratorio.
El 30 de julio: el día en que la situación cambió de dimensión
El jueves 30 se produjo el punto de inflexión.
Miles de personas procedentes de Marruecos comenzaron a alcanzar Ceuta. Muchas lo hicieron a través de la playa del Tarajal y otras intentaron bordear a nado el perímetro fronterizo.
Las imágenes mostraron durante horas una presión que superó inicialmente los dispositivos desplegados.
El Gobierno decidió movilizar unidades del Ejército de Tierra en apoyo de la Guardia Civil y reforzar la presencia de la Policía Nacional.
La situación también tuvo consecuencias en Melilla, donde se cerró temporalmente el paso fronterizo de Beni Enzar después de registrarse otro intento de entrada masiva.
El episodio recordó inevitablemente a mayo de 2021, cuando miles de personas entraron en Ceuta durante una de las mayores crisis diplomáticas entre España y Marruecos de los últimos años.
La diferencia es que el actual episodio se produce después de varios años de reconstrucción de las relaciones bilaterales entre Madrid y Rabat y en un contexto europeo marcado por la entrada en aplicación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
Ceuta reclama una respuesta extraordinaria
La dimensión de la emergencia llevó a los grupos políticos de la Asamblea de Ceuta a elevar sus reclamaciones al Gobierno central.
La Junta de Portavoces, integrada por PP, PSOE, Vox, MDyC y Ceuta Ya!, consensuó solicitar medidas extraordinarias al Estado, reforzar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con presencia militar y aumentar la capacidad operativa de la ciudad.
También se planteó el cierre temporal del paso fronterizo del Tarajal mientras persistiera la situación excepcional.
El acuerdo resulta especialmente significativo porque reúne a fuerzas con posiciones muy diferentes sobre inmigración.
La reivindicación inmediata se centró en recuperar el control de la frontera y garantizar la seguridad y la capacidad de atención en una ciudad cuyo sistema de acogida estaba ya sometido a una presión extrema.
El Ejecutivo central descartó inicialmente utilizar el mecanismo de emergencia nacional planteado desde Ceuta al considerar que la normativa de protección civil no contempla los movimientos migratorios dentro de los supuestos previstos para esa declaración.
Sí optó, en cambio, por aumentar los efectivos policiales y recurrir al apoyo del Ejército.
Pedro Sánchez visita Ceuta en plena emergencia
La dimensión alcanzada por la crisis llevó a Pedro Sánchez a trasladarse este viernes 31 de julio hasta Ceuta acompañado por Fernando Grande-Marlaska.
Sánchez llegó a la ciudad para conocer directamente la situación, visitó la zona fronteriza del Tarajal y participó en una reunión de coordinación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; representantes de la Delegación del Gobierno; responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional; y entidades implicadas en la respuesta humanitaria, como el CETI y Cruz Roja.
La visita se produjo mientras las autoridades trataban de recuperar el control de la frontera y de gestionar la llegada de decenas de miles de personas.
El Gobierno defendió durante la jornada que está movilizando los recursos necesarios para responder a la emergencia. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que el Ejecutivo está «volcado con Ceuta» y destacó la aportación de recursos, acompañamiento y colaboración institucional.
La respuesta del Ejecutivo pasa por mantener reforzados los dispositivos de seguridad, coordinarse con Marruecos y acelerar, dentro del marco legal, los procedimientos de devolución de aquellas personas que puedan ser retornadas.
La identificación individual resulta especialmente relevante por la presencia de miles de menores y de personas que pueden solicitar protección internacional.
La llegada de Sánchez estuvo acompañada también de protestas de ciudadanos contrarios a la gestión de la crisis y se produjo bajo un amplio dispositivo de seguridad.
Con su visita, la gestión de la emergencia quedó elevada al máximo nivel político del Estado.
El PP exige una respuesta firme y explicaciones al Gobierno
El Partido Popular ha endurecido su discurso a medida que crecía la crisis.
La formación considera insuficiente la actuación inicial del Gobierno y reclama una respuesta extraordinaria ante la dimensión de la entrada masiva.
El PP también ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez y ha reclamado su comparecencia para abordar la gestión de la frontera.
En Ceuta, sin embargo, el Ejecutivo autonómico está presidido por Juan Jesús Vivas, del propio Partido Popular, que durante los últimos días ha reclamado simultáneamente más medios estatales, un reforzamiento del control fronterizo y una respuesta institucional coordinada.
La situación coloca así al PP en una doble posición: como responsable del Gobierno de la ciudad que afronta directamente la emergencia y como principal fuerza de oposición al Ejecutivo central.
Vox insiste en el «efecto llamada» y pide endurecer el control fronterizo
Vox mantiene la posición más restrictiva entre las principales formaciones.
Antes incluso del episodio del 30 de julio, Vox Ceuta ya atribuía el aumento de las llegadas a las políticas migratorias del Gobierno central y reclamaba reformas de la Ley de Extranjería, más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el refuerzo de los espigones del Tarajal y Benzú.
La formación sostiene que las políticas del Ejecutivo han generado un «efecto llamada» y reclama un endurecimiento de la respuesta ante la inmigración irregular.
Pese a sus diferencias con PP y PSOE, Vox participó en el acuerdo institucional alcanzado en la Asamblea de Ceuta para reclamar más recursos y medidas extraordinarias.
PSOE: entre el Gobierno central y el consenso de Ceuta
El PSOE ocupa una posición particular en la gestión de esta crisis.
A nivel estatal respalda la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, basada en reforzar los medios de seguridad, mantener la coordinación con Marruecos y gestionar simultáneamente la respuesta humanitaria.
En Ceuta, los socialistas han participado además en el consenso institucional de la Asamblea para reclamar más capacidad de respuesta por parte del Estado.
Esta diferencia refleja el impacto específico que tiene la presión migratoria sobre la ciudad autónoma, donde formaciones enfrentadas en el ámbito nacional han coincidido en reclamar recursos extraordinarios.
Sumar, Podemos y los partidos territoriales
Hasta el cierre de este reportaje no existe un posicionamiento suficientemente desarrollado y homogéneo de Sumar, ERC, Junts, PNV o EH Bildu sobre la crisis del 30 y 31 de julio que permita atribuirles una respuesta concreta sin recurrir a posiciones generales anteriores sobre inmigración.
Distinguir entre las declaraciones realizadas específicamente ante esta emergencia y las posturas históricas de cada formación resulta fundamental para evitar presentar como reacción actual posiciones adoptadas en contextos diferentes.
Marruecos vuelve al centro de la crisis
El papel de Marruecos constituye uno de los elementos fundamentales del episodio.
Las autoridades marroquíes han intervenido para contener nuevos movimientos hacia la frontera y Madrid mantiene abiertos los canales de cooperación con Rabat.
Al mismo tiempo, la magnitud de las entradas vuelve a abrir el debate sobre la dependencia de España respecto al grado de vigilancia que Marruecos aplica en su propio territorio.
Madrid necesita ahora la cooperación del país vecino tanto para contener nuevas salidas como para aplicar los acuerdos bilaterales de devolución.
La crisis llega además en un momento especialmente delicado para las relaciones regionales y poco después de nuevos movimientos diplomáticos de España con Argelia.
Aunque diferentes análisis han intentado relacionar ambos factores, no existe por el momento información oficial suficiente para afirmar que Marruecos haya promovido deliberadamente la entrada masiva.
Separar los hechos comprobados de las interpretaciones políticas o diplomáticas resulta esencial.
Italia abre un nuevo frente político por Schengen
La crisis ha tenido también repercusiones internacionales.
Italia planteó la posibilidad de adoptar medidas relacionadas con Schengen a raíz de la llegada masiva de personas a Ceuta.
La posición provocó una reacción del Gobierno español, que convocó al embajador italiano y trasladó su rechazo al planteamiento.
El episodio trasladó rápidamente una crisis inicialmente localizada en Ceuta al ámbito de las relaciones entre socios europeos.
La situación tiene además una particularidad jurídica: Ceuta y Melilla cuentan con un régimen específico respecto al espacio Schengen, lo que hace que cualquier eventual consecuencia sobre la libre circulación europea sea mucho más compleja que una relación directa entre la entrada en Ceuta y el territorio Schengen.
Una frontera española y europea
La crisis tampoco puede entenderse únicamente como un asunto bilateral entre España y Marruecos.
Ceuta forma parte de la frontera exterior de la Unión Europea con África y cualquier alteración grave de su control adquiere dimensión comunitaria.
El episodio coincide además con la puesta en marcha del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, diseñado precisamente para abordar la gestión de fronteras exteriores, procedimientos de protección internacional, devoluciones y mecanismos de solidaridad entre los Estados miembros.
La situación obliga por tanto a plantear hasta dónde llega la responsabilidad española y qué papel debe asumir la Unión Europea cuando uno de sus Estados miembros afronta una presión extraordinaria en una de sus fronteras exteriores.
Cronología de una crisis que cambió de escala en pocos días
De la emergencia fronteriza al desafío político
La situación de Ceuta deja varios frentes abiertos.
El primero es humanitario. Las autoridades deben identificar a las personas que han accedido a la ciudad, ofrecer asistencia a quienes la necesiten y garantizar el acceso a los procedimientos de protección internacional previstos por la legislación.
La presencia de miles de menores introduce además una dificultad extraordinaria, porque deben ser identificados y quedar sometidos al régimen específico de protección previsto para ellos.
El segundo frente es fronterizo. España intenta recuperar la normalidad en el Tarajal y evitar nuevas entradas masivas mientras mantiene el equilibrio entre el control de una frontera exterior de la Unión Europea y las garantías jurídicas nacionales y comunitarias.
El tercero es diplomático. Marruecos vuelve a aparecer simultáneamente como socio imprescindible y como una variable determinante para explicar la capacidad española de controlar la presión sobre Ceuta.
El cuarto es político. La presencia de Pedro Sánchez en la ciudad ha situado la gestión de la emergencia directamente en el máximo nivel institucional mientras PP y Vox intensifican sus críticas al Gobierno.
Cinco años después de la crisis de 2021, Ceuta vuelve así a encontrarse en el centro de un problema que trasciende ampliamente sus apenas 20 kilómetros cuadrados.
La inmigración, las relaciones con Marruecos, la política interior y la seguridad de las fronteras europeas confluyen nuevamente en el mismo punto.
La prioridad inmediata pasa por recuperar el control de la frontera y atender las consecuencias humanitarias de lo ocurrido. Después llegará una cuestión más compleja: determinar por qué una presión migratoria que llevaba meses creciendo pudo transformarse en apenas unas horas en una de las mayores crisis fronterizas vividas por España en los últimos años.
