Durante el pleno que celebra este miércoles el Congreso de los Diputados, el diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha destacado que la Plaza de España de Sevilla es un espacio «mayoritariamente de todos los españoles», considerando que la propuesta del alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz, es «un nuevo dislate» del Gobierno local del PP. Recordó que Patrimonio del Estado, organismo dependiente de su cartera, es el titular de la galería y del edificio que alberga diversas oficinas públicas.
Además, ha lamentado que días atrás el primer edil del PP manifestase que si el Gobierno central aportase unos cinco millones de euros para la conservación y la vigilancia de la Plaza de España él retiraría su propuesta de cerrar dicho monumento y cobrar a los turistas, avisando el diputado del PSOE de que de trata de aspectos de plena competencia municipal.
Y especialmente, ha opinado que las palabras de Sanz constituyen «el colmo de la hipocresía» porque el Senado, con el voto contrario del PP, ha tumbado recientemente los objetivos de estabilidad presupuestaria pergeñados por el Gobierno central para el conjunto de las administraciones públicas entre 2024 y 2026, gracias a los cuales el Ayuntamiento hispalense tendría «40 millones de euros» a su disposición para gastos como los que señala el propio alcalde.
Ante la pregunta Gómez de Celis, la vicepresidenta primera de Gobierno y ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, ha ratificado a instancias del PSOE la negativa del Ejecutivo al planteamiento del Ayuntamiento de Sevilla de cerrar el conjunto monumental de la plaza de España y cobrar una entrada a los turistas pero no a los vecinos de la ciudad y de la provincia.
En concreto el Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, propone al Estado, responsable de los bancos de las provincias, la galería y el edificio de este conjunto declarado bien de interés cultural (BIC), un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los vecinos de Sevilla capital y de su provincia.
Reparto de los ingresos
Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, asegurando según el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.
El objetivo, según el Gobierno local del PP, es cosechar ingresos con los que «financiar la conservación» del monumento y «mantener un servicio de vigilancia las 24 horas» del día en el mismo, así como para abrir una escuela de «restauración permanente» para este emblemático monumento y para otros espacios vinculados a la exposición iberoamericana de 1929, de cara a la conmemoración de su centenario.
