Cinco años y medio de cárcel. Es lo que ha determinado la Audiencia de Sevilla para la mujer acusada de un delito de asesinato en grado de tentativa sobre su propio hijo de sólo cinco años de edad, al que suministró adrede un diurético y un laxante no apropiados para menores «a sabiendas de que ello podría causarle la muerte».
Además, y como cabía esperar, Elisabeth M.C., la mujer condenada, ha perdido la patria potestad del menor tras admitir los hechos atribuidos por la Fiscalía, según la cual desde el 29 de marzo de 2023, cuando el menor de edad víctima de los hechos apenas contaba cinco años de vida, el mismo tuvo «cuatro ingresos hospitalarios con un cuadro de diarrea crónica con vómitos, anorexia y deshidratación», siendo su madre su «principal cuidadora». En tales ingresos hospitalarios, según la Fiscalía, «cuando los médicos le decían que habían terminado los estudios y que se fuese a casa con el niño, se ponía muy nerviosa».
En el último ingreso, en junio de 2023, «la analítica dio como resultado que el niño tenía en su organismo unos fármacos que no le habían sido suministrados en el hospital, que son Furosemida y Doxazosina, un diurético y un laxante que no se encontraban en toda la planta del hospital ya que no son apropiados para menores», prosigue el Ministerio Público.
Según la Fiscalía, «la acusada suministró dichos fármacos al menor a sabiendas de que ello podría causarle la muerte y aceptando el resultado», extremo que la mujer habría negado ante los médicos del hospital, quienes denunciaron el asunto ante la Policía Nacional dando curso al presente procedimiento.
«La vida del menor corrió riesgo porque tuvo trastornos hidroelectrolíticos graves y además una infección en la sangre», señala la Fiscalía, exponiendo que la muerte del menor no se produjo «porque fue atendido hospitalariamente», toda vez que una vez descubierto el asunto, el menor permaneció ingresado bajo custodia policial y «comenzó a ponerse mejor» y a sanar.
En principio, la Fiscalía pedía para la acusada, sin antecedentes y en prisión provisional desde su detención, nueve años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa, la retirada de la patria potestad y 12 años de prohibición de acercarse a su hijo o comunicarse con él por cualquier método, si bien la representante del Ministerio Público ha modificado sus peticiones de condena.
Y es que el reconocimiento de los hechos por la acusada deriva de un acuerdo de conformidad alcanzado por su defensa y la Fiscalía, que ha reducido su petición de pena merced a la agravante de parentesco y las atenuantes de alteración mental y de reparación del daño, pues la inculpada ha depositado la responsabilidad civil de 6.500 euros que también se le reclamaba.
En concreto, la fiscal ha solicitado cinco años y medio de prisión, cinco años de libertad vigilada post penitenciaria, 12 años de prohibición de acercarse a su hijo o comunicarse con él y la pérdida de la patria potestad, extremos aceptados por la inculpada, toda vez que los 6.500 euros serán entregados a la actual representación legal de su hijo.
